MERCADOS
Parada fue fiscalizado por el equipo de Hugo Sánchez, el que lo ofició el 14 de marzo, haciéndole observaciones a su labor y ordenándole la publicación de cuentas mensuales y la remisión de antecedentes, documentación que no habría llegado. También le cuestionó errores en publicaciones oficiales. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de remoción por no ser de la entidad necesaria para ello y porque la autoridad tardó casi un mes en denunciarlo.
Un nuevo capítulo está escribiendo el conflicto de Financoop. Esto porque según una resolución del titular de la Superintendencia de Insolvencia y Reeemprendimiento, Hugo Sánchez, Carlos Parada, veedor de la cooperativa, ha incurrido en diferentes incumplimientos. Entre ellos, la falta de entrega de información de la compañía, como indica la norma que regula la participación del interventor en un proceso de reorganización concursal.
Sin embargo, a última hora de este jueves, el tribunal resolvió rechazar la solicitud de la superintendencia*, cuestionando la denuncia de la superintendencia, la ponderación de las faltas denunciadas y particularmente el retraso de casi un mes en presentar la solicitud a la justicia.
En su requerimiento, el organismo fiscalizador había indicado que entre los deberes del veedor estaba imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor, para lo cual el 14 de marzo pasado le requirió indicar cómo ha dado cumplimiento a estas obligaciones, sin que respondiera en el plazo estipulado (que se cumplió el 23 de marzo). Tras ello le dio un plazo adicional (hasta el 3 de abril) para aclarar la consulta, lo que tampoco cumplió.
La autoridad sostuvo que dicha información le permitiría determinar si el informe que hizo el veedor sobre la propuesta de Financoop, a mediados de marzo pasado, cumplía con la “calificación fundada” que determina la ley, para así cotejar con cifras en mano los flujos y proyecciones que planteó la cooperativa en su escrito.
Adicionalmente –señaló la superintendencia–, el veedor, teniendo el rol de ser un promotor y facilitador de acuerdos de reorganización, debe entregar la información que permita tener certeza de lo que sucede con la empresa, enviando para ello la llamada cuenta mensual del proceso. Dicha cuenta debió informarla al tribunal, acreedores y la superintendencia el 5 de marzo, lo que no ocurrió.
Esta infracción fue informada el 14 de marzo pasado, pero recién el 6 de abril –puntualiza la autoridad–, Parada le entregó al tribunal los datos requeridos, pero no lo hizo a la superintendencia, observación que no fue subsanada. Lo anterior habría afectado a los acreedores, pues la junta era el 11 de abril pasado y los documentos arribaron solo cinco días antes.
No son las únicas irregularidades imputadas. La entidad fiscalizadora detectó otros incumplimientos, relacionados con el accionar del veedor durante el proceso posterior a la resolución de reorganización del tribunal, ocurrida el 11 de enero de 2018.
El veedor publicó tres veces en forma errónea la resolución de dicha reorganización, que recién concretó definitivamente el 17 de febrero de este año. Los citados errores son duramente criticados por Sánchez en su resolución.
El superintendente cita las resoluciones del tribunal señalando que, ante el tercer yerro de Parada y la consiguiente nueva postergación del proceso de reorganización, la causa se mantendría paralizada. Eso mientras el veedor no incluyera en la publicación los antecedentes financieros requeridos. Es en ese momento que el tribunal informa, por primera vez, a la superintendencia de los incumplimientos de Parada por los que ahora se pide su remoción.
Los problemas siguieron. Tras el traumático febrero, en marzo Financoop presentó su propuesta dentro del plazo legal (12 de marzo), sin embargo –informa la superintendencia–, Parada efectuó la publicación el 14 de marzo, es decir, fuera de plazo, pues a esa altura la junta de acreedores estaba fijada para el 26 de marzo, lo que superaba los tiempos establecidos por la ley.
Subsanado el tema de las publicaciones, Parada fue fiscalizado por el equipo de Sánchez, el que lo ofició el 14 de marzo, haciéndole observaciones a su labor y ordenándole la publicación de cuentas mensuales y la remisión de antecedentes, documentación que –asegura la solicitud de remoción informada el martes– no ha sido respondida, como tampoco el recordatorio que le hicieron llegar el 27 de marzo.
El pasado 9 de abril la superintendencia volvió a oficiar a Parada, esta vez para pedirle explicaciones sobre por qué informó al tribunal que la propuesta de reorganización presentada por Financoop (la original) era viable, sin haber entregado antecedentes claves para que a los acreedores les fuera posible evaluarla y votar informados.
“(…) Se observó al liquidador (sic) las inconsistencias observadas en el informe sobre la propuesta de acuerdo de la empresa deudora y se le instruyó poner a disposición de la Superintendencia y la junta de acreedores, los antecedentes que fundaban las aseveraciones contenidas en su informe y que declaraban, en suma, la viabilidad de la propuesta de reorganización presentada en el procedimiento”, plantea.
Parada finalmente respondió a la superintendencia el 11 de abril pasado, eso, aunque sus tropiezos llegaron hasta los últimos días. Luego que no se efectuara la junta de acreedores fijada para el 26 de marzo originalmente, la cita fue convocada para el 11 de abril pasado, pero Parada había publicado el mismo día (recién pasada la medianoche del 10) la lista de créditos reconocidos y habilitados para votar, por lo que la reunión quedó en un estatus “extemporáneo”.
El hecho provocó un llamado de atención de la jueza que condujo esa junta, quien debió presenciar a varios abogados reclamando no estar incorporados en la lista. La gota que rebalsó el vaso fue que el listado de créditos reconocidos del tribunal llegaba a 758 y el que publicó apurado esa madrugada Parada superaba los 915.
Horas después, el tribunal rectificaría y diría que parte del desfase en el número total no era responsabilidad total de Parada (aunque unos 50 casos sí). Adicionalmente, el veedor se había saltado algunos lugares en la numeración de los acreedores, elevando equivocadamente en cinco la cifra final. El enredo era total.
La junta de ese 11 de abril finalmente solo sirvió para que se presentaran las propuestas que ya son públicas en los tribunales y se plantearan algunas dudas, pero no dio espacio para la votación.
Pese a estos antecedentes, el tribunal descartó la remoción, aunque validó la crítica a la deficiente labor de Parada. “Que las faltas encasilladas como irregularidades corresponden efectivamente a un trabajo deficiente y desprolijo por parte del Veedor, que ha entorpecido la tramitación de la causa dentro de plazos prudentes, y no ha cooperado con la seguridad y certeza que debe existir en estos casos, para efectos de establecer los acreedores con derecho a voto en la Junta de Acreedores y la determinación de los quórums necesarios para dicho efecto. Estas faltas efectivamente han sido constatadas por el Tribunal, representadas y comunicadas ya sea en resoluciones, audiencias o poniéndolas en conocimiento de este ente fiscalizador. Mas ellas no se encuadran en la irregularidad necesaria para dar lugar a una sanción como es la remoción», señala la resolución de última hora.
Aún más, el tribunal critica el retraso en la presentación de la solicitud de remoción, lo que a su juicio hace pensar que no era tan grave lo que hacía Parada: «Que, a mayor abundamiento, no es posible obviar que la falta grave denunciada por la Superintendencia, consistente en un incumplimiento a facilitar la información requerida, se había configurado ya el 23 de marzo pasado, poca en que pudo realizar la petición de remoción, de haberla estimado de la gravedad que ahora invoca. El solo hecho de dejar trascurrir casi un mes sin efectuar dicha solicitud, lleva a concluir a este tribunal que la falta no fue considerada de una entidad tal que necesaria e indiscutidamente cuestionara el desempeño del Veedor en su cargo. Y este razonamiento puede extrapolarse al resto de los incumplimientos denunciados”, concluye el fallo.
El enfrentamiento de la superintendencia con el tribunal llega en una semana que ha sido clave, previo a la junta de hoy viernes, tras una serie de reuniones privadas entre los ejecutivos de la cooperativa, el veedor y una larga lista de abogados que representan a acreedores. Allí, los profesionales que más influencia han tenido son Macarena Venegas (la conocida “jueza”) y Rodrigo Huaiquimilla, los que en conjunto acumulan el porcentaje más alto de representaciones con derecho a voto.
Se suman una veintena de abogados, entre ellos Paula Bugueño y Tomás Fabres, que se han instalado como la ‘oposición’ al consejo y el veedor, reclamando que la empresa ponga más dinero en la mesa y así rebaje el monto de las deudas que deberán capitalizar los acreedores para salvar a la compañía de la liquidación.
Parada, conocido por su rol en la recuperación de bienes de Alberto Chang, ha sido muy cuestionado por Bugueño y Fabres, quienes han acudido al tribunal y la superintendencia reclamando en su contra. Cercanos a estos profesionales creen que el veedor ha sido funcional a la administración de Financoop, que lideran Daniel Albarrán, Ernesto Livacic, y los abogados que le asesoran, Rodrigo Zegers hijo y padre, y que no siempre representa el interés de la mayoría de los acreedores.
Parada responde las críticas. Manifiesta que la propia superintendencia pudo verificar, el viernes pasado, en las oficinas de Financoop, la veracidad de la información que incluyó en su informe sobre la propuesta de reorganización de la firma. Sobre la solicitud de remoción en su contra, planteó la necesidad de esperar el fallo del tribunal, el cual a última hora de ayer lo liberó de dicha sanción.
«El procedimiento de remoción es uno que conlleva un traslado del veedor por parte del tribunal. Además, el escrito de la superintendencia aún no tiene resolución. Seguramente se verá después de la junta. Yo sigo trabajando para el viernes (hoy), revisando la nómina de quienes tienen derecho a votar el viernes y teniendo presente que aún hay resoluciones que me piden informar respecto de algunos acreedores. La solicitud de la super la veremos una vez se emita pronunciamiento del tribunal, pero es un procedimiento que tiene plazos y, una vez estudiada la solicitud, podremos estar claros en lo que responderemos”, señaló Parada antes de conocer la resolución de la jueza.
Asimismo, Parada acusa a Fabres y Bugueño de querer la liquidación de la empresa. “Ellos no estaban de acuerdo con las propuestas. Al contrario, la rechazan, lo que conlleva liquidación”, afirma, agregando que, en su rol de veedor, su función “es y ha sido arbitrar todas las medidas necesarias para acercar a las partes en un acuerdo”.
La disputa, además, llega en el peor momento. Esta mañana se debe realizar la junta de acreedores postergada desde el 11 de abril, y podría ser la primera oportunidad en que se vote la propuesta de Financoop, que ha ido mutando y flexibilizando en su oferta.
Si la propuesta es rechazada, la primera consecuencia sería que se decrete la liquidación de la empresa, el peor escenario reconocido por casi todos los actores. Pero también puede acordarse pedir a la compañía que presente una nueva propuesta y fijar fecha para una nueva junta.
Los plazos importan. El 30 de abril es el día tope para que se concreten los acuerdos y aún persiste la incertidumbre respecto del porcentaje de votos y acreencias que sumaría la propuesta de Financoop.
La semana pasada, Macarena Venegas hizo llegar la última actualización de la propuesta de la empresa, donde se siguen modificando elementos para buscar el apoyo del grupo ‘opositor’ y zanjar la reorganización.
Financoop tiene 45 mil millones en depósitos de casi 2.200 personas. La firma propone que se le pague un 12% de inmediato (unos 5 mil millones de pesos), aunque dicho pago podría extenderse hasta el 15%, dependiendo de los acreedores que acepten la propuesta global. Eso si se concreta otra parte de la propuesta, que es un fondo concursable de 3 mil millones de pesos destinado a pagar hasta el 35% de las deudas de quienes tengan acreencias por hasta 20 millones de pesos (alrededor del 70% de los acreedores). Eso sí, para ello deben remitir (condonar) el saldo restante (65%).
Eso es lo que pone la empresa para pagar. Pero Financoop, para continuar funcionando, necesita cubrir una pérdida patrimonial de 18 mil millones de pesos. Albarrán propone que los acreedores pongan un 40% de sus ahorros en el capital de la cooperativa y que otro 45% se renueve como depósito y se pague en un plazo de 5 a 10 años.
En las negociaciones, además, hay una disputa por las garantías. Para renovar el 45% –o un porcentaje similar– de los depósitos actuales, el bando ‘opositor’ pide que se pongan en garantías créditos por el 100% de las acreencias, pero Albarrán propondría menos de un tercio.
Para los acreedores el punto es sustancial, puesto que, en caso de que el plan para levantar Financoop fracase en el futuro, sus títulos de deuda se pagarían tras las obligaciones legales.
Aunque han surgido otras propuestas, el grupo opositor ha pedido que Financoop ponga más plata para el capital de la empresa, y que, si la aportan los acreedores, pasen a ser dueños de la cooperativa.
Este punto ha provocado controversias. Financoop aprobó a comienzos de enero pasado un aumento de capital por mil millones de pesos, destinado a cubrir las pérdidas de la compañía, pero fue voluntario. Fabres reclama que, si no se hace obligatorio, no se cumplen los estatutos que obligan a los socios a concurrir para mantener funcionando la cooperativa o, de lo contrario, abandonar su propiedad. Esto, porque luego del acuerdo firmado con el Consejo de Defensa del Estado y el Gobierno, Financoop admitió en sus estados financiero una pérdida de 13.500 millones de pesos, no reconocidos hasta entonces, por una cartera vencida que nunca había sido revelada.
Dicho registro provocó que la pérdida patrimonial de la firma superara el 150%, lo que transgrede la norma, que limita a un máximo de 50% dicho déficit, debiendo entonces agregarse capital a la compañía. La forma de solucionarlo, según la administración, consiste en que los acreedores aumenten el capital de Financoop, transformando parte de su deuda en acciones de la sociedad.
Pero Fabres y una veintena de abogados afines piden que los 50 mil socios que hay en la cooperativa salgan de ella si no concurren al aumento de capital, y que se modifiquen los estatutos para que tengan acceso directo a los tres estamentos de acciones que componen la propiedad.
En relación con estos puntos, ha habido avances en las conversaciones, aunque la posibilidad de que los acreedores pasen a controlar la cooperativa y, con ello, designen al consejo de administración, abrió una nueva disputa por los estamentos (A, B y C), dado que estos son claves para determinar la elección de los consejeros que administran la cooperativa, los verdaderos mandamases de la firma, hoy representados por Albarrán y Livacic.
En búsqueda del acuerdo, se han discutido fórmulas para que el consejo de administración mute a nuevos integrantes, pero Albarrán quiere mantener poder para designar a algunos consejeros, aunque ya habrían aceptado ser minoría.
No obstante, Fabres pide que los acreedores controlen la empresa desde la propiedad y que salgan los actuales consejeros, gran parte de ellos con vínculos con el grupo Norte Sur, sociedad de inversiones que lideró hasta 2016 Vicente Caruz, ex gerente general de Banco del Desarrollo (vendido en 2008 a Scotiabank), con vínculos con la Democracia Cristiana.
El escrito de Venegas informa al tribunal que ya hay propuesta de nombres por parte de Financoop para renovar parte de la mesa, manteniendo, sin embargo, a Albarrán, Livacic y Carlos Maldinic (DC), este último clave en las conversaciones con el Gobierno anterior para bajar la demanda de disolución.
En esa línea, propone la llegada del ex gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) en los tiempos en que era presidida por Hernán Somerville.Coincidentemente, proponen también a Carlos Budnevich, quien encabezó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), donde era contraparte de Alarcón y Somerville. Recordada es la polémica por la elaboración de una circular en que se conoció la similitud de la normativa planteada por Budnevich con aquella que propuso la Abif.
*Esta nota fue actualizada tras resolución del tribunal de última hora de este jueves.
