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MERCADOS

La voltereta del fondo de educación previsional: nuevo foco busca fomentar cotización en las AFP

por 16 mayo, 2018

La voltereta del fondo de educación previsional: nuevo foco busca fomentar cotización en las AFP
Cada año, desde 2008, se destinaron poco menos de 2 mil millones de pesos para proyectos a nivel nacional y regional que fomentaran la educación previsional en la población. A solo días de llegar a La Moneda el Gobierno de Piñera, se canceló el proceso que estaba ad portas de cerrarse y se llamó a uno nuevo, con un notorio cambio de “foco”. La Subsecretaría de Previsión Social determinó que ahora el objetivo es la difusión del sistema privado y los beneficios “de cotizar”, junto con abrir la posibilidad de que entidades con fines de lucro puedan competir por dichos recursos.
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Cuando el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg recibió el llamado de atención del Ministerio de Hacienda en La Moneda por las expectativas que podrían generar en la población sus dichos anunciando cambios con mayor solidaridad al sistema de pensiones vigente, no se trataba de un simple tirón de orejas.

El tema de las pensiones con un actor de poder clave como son las AFP es una política central del Gobierno de Sebastián Piñera, de la cual deberá dar cuenta en el proyecto de ley que enviará en los próximos meses al Congreso. Postergado en su mandato anterior y también por el último de Michelle Bachelet, este tema deberá ser zanjado en esta segunda administración piñerista y con una tramitación en el Parlamento que no se augura fácil.

La idea del Ejecutivo es que se eleve en cuatro puntos porcentuales la cotización actual en las AFP (10% del sueldo bruto) y que dichos recursos vayan a las cuentas individuales, revirtiendo así la idea del Gobierno bacheletista, de destinar la mayor parte a un fondo solidario desde donde financiar las mejoras en las pensiones más bajas. A cambio, el Ejecutivo plantea elevar en 40% los recursos del Pilar Solidario que subsidia precisamente dichas pensiones.

En medio de ese debate, el Gobierno ya mostró la línea programática de su política previsional. En el año 2008 se creó un fondo concursable de educación previsional al alero de la reforma realizada en el primer Gobierno de Bachelet. Desde entonces, cada año se realiza un concurso nacional y regional para adjudicar poco menos de 2 mil millones de pesos a proyectos que fomenten la educación en esta materia, al cual han postulado decenas de propuestas de sindicatos de trabajadores públicos y privados, oenegés, organizaciones civiles e incluso la propia Asociación de AFP, los que han obtenido 50, 70 o hasta 100 millones de pesos en un proyecto. A la fecha, suman 9 concursos y 45 iniciativas financiadas.

Pero, el 16 de marzo, a cinco días del regreso de Piñera a La Moneda, se registró un cambio. La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, anunció la cancelación del undécimo concurso correspondiente al año 2018, que había partido en enero y que el 26 de dicho mes debía dar a conocer a los ganadores. La autoridad justificó el término del proceso anterior y el inicio de uno nuevo, por la necesidad de modificar el foco de la política pública hacía la labor de “difusión” del sistema de pensiones y, en especial, dar a conocer los “beneficios de cotizar” en las AFP.

Toda una novedad, considerando que hasta ahora este proceso permitía la generación de proyectos para darles elementos a los ciudadanos para decidir si cotizar o no y tener una opinión fundada sobre el sistema, dado que las encuestas que se han realizado en los últimos años revelaron un gran desconocimiento del mismo.

En el caso de las personas jurídicas, las bases abren un espacio al ingreso de entidades con fines de lucro y medios de comunicación. Señala que pueden presentarse sociedades con o sin fines de lucro y que “estén relacionadas preferentemente al ámbito de servicios de asesoría creativa o comunicaciones, a través de la difusión, información y/o promoción de programas, beneficios y/o políticas sociales y comunicacionales, así como el ámbito de estudios y formación”. Entre tales casos, cita a “medios de comunicación, empresas de consultoría, servicios de asesoría creativa, radios universitarias, comunales y regionales, entidades de educación superior como universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica”, además de centros de estudio.

El Gobierno hizo un llamado para que quienes participen del programa pongan toda su atención en que la población cotice en las gestoras privadas y no necesariamente abra espacios al debate.

En tiempo récord, se realizó una publicación de la subsecretaría que dio cuenta de las nuevas bases de licitación que registraron cambios radicales, los que sorprendieron a quienes acostumbraban a postular a este fondo. Este medio conversó con algunos participantes de procesos anteriores, que pidieron reserva de su identidad, pues compiten en el actual concurso, pero que expresaron su sorpresa por las nuevas características del proceso.

Los cambios parten desde el título. Antes se trataba de fondos para “Proyectos de información y educación del Sistema de Pensiones en el marco de la Seguridad Social”, engloblando no solo las pensiones en el sistema privado, sino aspectos como salud, la seguridad del ingreso, en especial en los casos de la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Las nuevas bases de licitación, en cambio, anuncian un concurso de proyectos “de Difusión del Sistema de Pensiones y Beneficios de Cotizar”, que se denomina “Fondo para la Educación Previsional 2018”.

En la resolución de la subsecretaría se explica el por qué del cambio de criterio: “Tomando en consideración la actual situación de los pensionados, la relevancia de la educación previsional y el diagnóstico de funcionamiento de sistema de pensiones”, se decidió reorientar el foco del concurso con “una nueva estrategia que permita entregar a los afiliados al sistema de pensiones elementos que permitan tomar mejores decisiones, respecto del impacto que tiene el ahorro previsional en el monto de sus pensiones”.

Luego indicó que resulta fundamental conocer “cabalmente” el actual sistema de pensiones, las obligaciones y derechos que se desprenden de él para “promover una discusión responsable sobre sus fortalezas y debilidades”, por lo cual se decide orientar el fondo “a la difusión y educación del sistema de pensiones, de tal modo que permita a la ciudadanía hacerse cargo de las necesidades de una sociedad de rápido envejecimiento, promoviendo una conducta responsable respecto el ahorro previsional”.

En las bases se explicó que el Gobierno decidió focalizar los esfuerzos en financiar proyectos “que sensibilicen e informen a la ciudadanía respecto de programas que involucran el sistema de pensiones chileno y les faciliten el ejercicio de sus derechos”. Mientras que, en el proceso que se canceló, el énfasis del concurso estaba en la “difusión y promoción del sistema de pensiones en el marco del derecho a la seguridad social que poseen las personas, apuntando a promover una cultura activa y participativa sobre sus derechos previsionales.

Con fines de lucro

Las diferencias no estriban solo en las materias a tratar, sino también en los protagonistas. En el proceso anterior se definía como postulantes a “personas naturales, organizaciones reguladas por la ley 19.418 y comunidades indígenas reguladas por la ley 19.25 además de otras personas jurídicas, públicas y privadas, cuya actividad laboral, social y cultural o finalidad esté preferentemente relacionada con el ámbito laboral, académico, educacional, de difusión de programas o políticas sociales”.

En el nuevo proceso, cuya selección de proyectos acaba de iniciarse y concluirá el 14 de junio próximo, se definen dos grupos. El primero, personas naturales cuya actividad laboral este destinada principalmente a servicios comunicacionales, de difusión y promoción de programas o políticas sociales, que posea, al menos, cinco experiencias comprobables en el desarrollo y ejecución de proyectos de difusión y promoción de programas y políticas sociales con cobertura nacional.

En el caso de las personas jurídicas, las bases abren un espacio al ingreso de entidades con fines de lucro y medios de comunicación. Señala que pueden presentarse sociedades con o sin fines de lucro y que “estén relacionadas preferentemente al ámbito de servicios de asesoría creativa o comunicaciones, a través de la difusión, información y/o promoción de programas, beneficios y/o políticas sociales y comunicacionales, así como el ámbito de estudios y formación”. Entre tales casos, cita a “medios de comunicación, empresas de consultoría, servicios de asesoría creativa, radios universitarias, comunales y regionales, entidades de educación superior como universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica”, además de centros de estudio.

En las bases técnicas también el Gobierno definió los contenidos sugeridos para cada uno de los tres grupos objetivos de intervención: jóvenes de 18 a 35 años, trabajadores de 35 a 55 años y trabajadores próximos a jubilarse de 55 a 65 años.

Para el primer grupo 18 a 35 años el foco está en el contexto del sistema previsional, licitación de cartera de afiliados, ahorro voluntario (APV, APVC, CUENT DOS) y subsidio a la contratación, mientras que para el segundo grupo plantea preguntas a responder: “Qué son las AFP, cómo elegir AFP, elementos que definen una pensión de vejez, la cartola cuatrimestral, la estructura de comisiones de las AFP y otros aspectos como bono por hijo, seguro de cesantía, salud laboral, seguro de invalidez y sobrevivencia".

Para el grupo cercano a la vejez (55 a 65 años), la subsecretaría sugiere informarle de los tipos de pensiones que hay (retiro programado y renta vitalicia), asesores previsionales y actores involucrados.

Eso sí, el Gobierno deja en claro su foco, asegurando que la información debe ser pertinente al público objetivo, “especialmente en lo que dice relación con requisitos, derechos y obligaciones de los beneficiarios en materias previsionales, particularmente y con especial énfasis en el sistema de pensiones”.

Según representantes de entidades sin fines de lucro que han participado antes en este concurso, el cambio en las bases revela un ajuste en la hoja de ruta de la educación previsional desde el Estado. “Esta licitación apunta no a la educación previsional, sino a la difusión masiva. Dice que es un fondo para difundir beneficios del sistema de pensiones y de cotizar, se busca hacer con medios de comunicación masivos, campañas de radio, de televisión, que lleguen a un gran número de personas. Esto es una campaña comunicacional”, comentó el representante de una entidad consultada.

La participación de instituciones con fines de lucro también es vista con preocupación. “Ahora se permite instituciones con fines de lucro, entonces, podrían presentarse instituciones para difundir el sistema de AFP para ganancia de los privados. Esto da cabida para que el día de mañana se presente hasta una AFP o un canal de televisión con alguien relacionado al negocio de las AFP”, cuestionó un representante de otra institución.

Según los críticos, la nueva fórmula reducirá el trabajo cara a cara que venía desarrollándose en el contexto de una gran masa que desconoce el sistema de seguridad social en su totalidad, incluyendo el sistema de pensiones. “Con este fondo estás informando, pero no estás profundizando en educación previsional (…). Más que información, va a ser una campaña para favorecer el sistema de AFP”, apuntaron.

Desde la Subsecretaría de Previsión Social declinaron referirse al tema, aunque hace unas semanas señalaron a Pulso que dichos fondos por ley “están destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos que fomenten la educación previsional en relación al sistema de pensiones chileno” y que “este consta de tres pilares: el contributivo obligatorio, que por ley gestionan únicamente las AFP; uno solidario con aporte estatal, y el pilar voluntario, en que participan otros actores, además de las AFP, entre ellas administradoras de fondos mutuos y aseguradoras”.

A partir de eso, indicó que “tras una revisión de los proyectos de la última versión del concurso, se pudo comprobar la existencia de iniciativas que no cumplían a cabalidad con las exigencias antes expuestas, por lo que se procedió a la cancelación del proceso y la convocatoria a un nuevo concurso”.

Fuentes que conocen dicho proceso indicaron que fue clave en este giro la polémica que dieron a conocer los medios en 2017, donde se denunciaba que algunos proyectos del fondo habían sido asignados a instituciones vinculadas al movimiento No+AFP, que ha liderado grandes manifestaciones públicas contra el sistema de pensiones, como también a instituciones vinculadas al Partido Comunista (PC), considerando que, en los cuatro años de Gobierno de Bachelet, esa subsecretaría la lideró una militante de ese partido, Julia Urquieta.

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