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A propósito de la edificación en altura

por 7 febrero, 2019

A propósito de la edificación en altura
Apartando la discusión sobre normativas y procesos judiciales hoy en curso por Contraloría, municipalidades y empresas constructoras, este texto tiene por objeto abordar la temática desde la perspectiva de la habitabilidad, la calidad de vida y la ciudad.
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Santiago es una ciudad donde conviven más de 7 millones de habitantes que muchas veces superponen sus intereses particulares por sobre el bien común y donde la planificación urbana en general es un bien escaso que solo pareciera existir en los barrios y comunas de mayores ingresos o en proyectos específicos, vestigios de iniciativas como la CORMU, cuya ley orgánica establecía el propósito de: “… Mejorar y renovar las áreas deterioradas de las ciudades mediante programas de desarrollo urbano…”.

Un nuevo esfuerzo se hizo el año 2014 con la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo urbano, que presenta tres grandes postulados: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Equilibrio ambiental, pero que además considera entre ellos la “integración social” y el ámbito de “Identidad y Patrimonio”, política que incorpora la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y que se dedica a asesorar y realizar propuestas al Presidente de la República.

Por un lado, existe un consenso general en los problemas asociados a la extensión del límite urbano y la consecuente construcción de viviendas sociales o económicas en la periferia de la ciudad. Los extensos traslados, la falta de servicios y equipamientos hacen que estos habitantes tengan una deficiente calidad de vida. Eso motiva a incentivar la densificación en altura del centro y pericentro de Santiago y con ese objetivo se establecieron zonas de renovación urbana que ofrecían subsidios y normas que hacen más atractivo el negocio inmobiliario. Hoy, la llegada de migrantes y el cambio de mentalidad de la ciudadanía que prioriza los menores tiempos de traslado y la mayor oferta de servicios y equipamiento por sobre la dimensión de su vivienda, ha hecho que aumente considerablemente la demanda por proyectos de edificación en altura.

Sin embargo, la falta de planificación urbana o una visión compartida de la ciudad hacen que esta densificación no se realice con criterios de sustentabilidad, habitabilidad o calidad de vida. El mercado inmobiliario maximiza el uso del suelo diseñando edificios de 42 pisos y un aproximado de 1000 departamentos (Coronel Souper 3202, Estación Central), donde algunos de ellos miden tan solo 17 m2. En esta comuna en pocos años se ha construido un aproximado de 28 proyectos, todos de similares características, muchos de ellos con déficit de áreas verdes o ascensores; que colapsan los servicios existentes a su alrededor y que alteran la calidad de vida de los habitantes más antiguos del barrio.

Pero esto no sucede en todas las comunas de Santiago. Providencia, Las Condes, La Reina o Vitacura, entre otras, tienen planes reguladores, fiscalización y una imagen de ciudad donde los proyectos que se ejecutan priorizan la calidad de vida de sus vecinos. En muchas de ellas se considera incluso la sombra que el edificio proyectará sobre las edificaciones colindantes o la cantidad de superficie libre en primer piso que garantiza mayor cantidad de áreas verdes.

El permitir que solo el mercado gestione el diseño de nuestras ciudades ha provocado como consecuencia un territorio desigual con sectores de la capital donde la infraestructura vial se construye mediante túneles subterráneos o parques que compensan el terreno utilizado, mientras en otros las infraestructuras de transporte dividen los territorios, destruyen el paisaje y generan graves problemas de accesibilidad peatonal.

El mismo problema se observa con la accesibilidad a servicios, parques y ciclovías que se construyen dependiendo de los recursos de la comuna o de la capacidad económica de sus habitantes, dejando a la población más vulnerable sin acceso a la mayoría de ellos.

Si bien es cierto en países como el nuestro las inversiones de este tipo de proyectos son en su mayoría privadas y es este sector el que finalmente diseña la ciudad, es el Estado el que debe velar por que su desarrollo sea armónico y permita que la ciudad entregue una mejor calidad de vida a todos sus habitantes. En Chile, debemos reconocer que esto aún es un tema pendiente que urge regular con una mirada global.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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