Hasta que explotó La Polar, fue uno de los escándalos más mediáticos de la historia moderna. Hablamos del caso Corfo-Inverlink, el que le costó al Estado $84 mil millones y fuertes dolores de cabeza a varios políticos durante la administración del Presidente Ricardo Lagos. Y en las próximas semanas es muy probable que vuelva a estar en portada, ya que se espera que la corte emita un fallo clave en el bullado caso del desfalco a Corfo.
El caso ─conocido como el del “jarrón”, por la famosa frase del entonces Presidente Lagos─ provocó una crisis política que derivó en la salida de la vicepresidencia de Corfo del yerno del mandatario, Gonzalo Rivas. También les costó el puesto al presidente del Banco Central (BC), Carlos Massad y al superintendente de Valores y Seguros (SVS), Alvaro Clarke.
En el fraude a Corfo estuvieron involucrados, además de la plana mayor de Inverlink y del jefe de mesa de dinero de Corfo, Javier Moya, algunos operadores de corredoras de bolsa, como Scotiabank y BBVA. El subgerente de inversiones de esta última entidad, Juan Pablo Prieto Viviani, participó en la triangulación de platas entre Corfo e Inverlink, intermediando operaciones que significaron una pérdida de $26.000 millones para el Estado.
Hasta ahora BBVA ha rechazado responsabilidad institucional por lo hecho por su ejecutivo, a diferencia de entidades como Scotiabank, que pagó a Corfo $3.000 millones en abril de 2004 por las operaciones ilegales de su ejecutivo Gino Tirapegui. El banco estadounidense Pine Bank también pagó ─US$ 4,2 millones en marzo del mismo año─ por las acciones de su ejecutivo Alberto Colón. Los arreglos de Scotiabank y Pine Bank fueron ambos por la vía extrajudicial.
El fallo que en las próximas semanas dictará el juez Patricio Villarroel es muy esperado. Se refiere a una de las cuatro aristas del caso conocida como ‘triangulaciones’. Y será clave porque, por un lado, deberá asignar las responsabilidades penales de la plana mayor de Inverlink y todos los involucrados en las operaciones, y además, porque debe zanjar la responsabilidad civil de BBVA por las operaciones de Prieto. La apuesta de Corfo es que Villarroel responsabilice a BBVA por las operaciones realizadas por Prieto, lo que podría obligarlos a pagar los $26 mil millones, unos US$ 50 millones.
No obstante, la cifra, según Corfo, no incluye intereses, los que de agregarse podrían llevar la cifra total a casi $40 mil millones (unos US$ 80 millones). El fallo es crucial para la estrategia de Corfo, que busca recuperar la mayor parte del desfalco. Hasta ahora, han recaudado sólo unos $10.000 millones. “En términos de escándalos, el caso Inverlink fue La Polar del 2002-2003”, afirma el fiscal de Corfo, Marcos Riveros, para quien son numerosos los motivos por los cuales ven con optimismo el próximo fallo de Villarroel.
El principal argumento radica en el dictamen de octubre de 2009 de la Corte de Apelaciones, ratificado por la Corte Suprema en mayo de 2011, que rechazó la apelación de BBVA a la multa de UF 1.200 que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros en marzo de 2004 por su responsabilidad en las operaciones realizadas por Prieto.
En éste las cortes respaldaron el argumento de la SVS en el sentido de que el BBVA había sido deficiente en el control de las operaciones financieras de Prieto. “La Corte Suprema en el caso de las multas aplicadas por la SVS claramente señala que las instituciones no son irresponsables ni se pueden desentender de la acción delictiva de sus dependientes”, afirma.
En efecto, en uno de sus considerandos la Suprema señaló que “las operaciones cuestionadas fueron llevadas a cabo por la corredora sancionada, sin que, por la ausencia de control, pudieran ser advertidas para impedir su realización”. Y agregó que por las razones expuestas en tales considerandos “no puede la actora desvincularse de las conductas perseguidas, siendo por ello titular de la responsabilidad administrativa que se les imputa”.
Distinta es la percepción en BBVA, donde apuntan a que la primera responsabilidad en el fraude corresponde a la propia Corfo, por no haber atendido las advertencias que, según indican, les había hecho ver la Contraloría, lo que posibilitó que una persona, Javier Moya, tuviera diversas atribuciones de tesorería y contabilidad que permitieran operaciones irregulares como las que provocaron el desfalco al Estado.
Por ello, a su juicio, la resolución de las cortes que validaron la multa de la SVS a BBVA no es concluyente. “Son cuestiones totalmente diferentes. Una es la esfera administrativa (SVS) y otra es la netamente judicial. Ahora bien, si pretenden que BBVA responda (por lo que hace un funcionario) ¿Acaso Corfo no responde por sus empleados, como en el caso de Moya que es la pieza fundamental del fraude? Si se aplica su teoría, a Corfo le sale peor”, afirma una fuente cercana al caso.
En la misma línea la fuente señala que la confianza de BBVA se sustenta en que el propio juez Villarroel ha tomado decisiones o ha evidenciado una posición aparentemente más indulgente con BBVA. Por ejemplo, recuerda que el juez no apoyó la idea de procesar a Prieto o a Frank Leighton, el entonces gerente general de la corredora, aunque en el primer caso finalmente la Corte de Apelaciones terminó ordenándolo.
En todo caso, en su declaración Prieto aseguró que operó con el conocimiento de Leighton, lo que para Corfo refuerza que hay responsabilidad institucional de BBVA. Las fuentes creen que el juez Villarroel “piensa que la corredora de BBVA no tuvo participación delictual, porque cuando en su momento decretó embargos, Corfo lo pide por $26 mil millones y el ministro lo da, pero sólo por US$ 30 millones, porque estimó que ese es el techo que obtuvo la corredora; o sea, piensa que BBVA no es partícipe del delito y solamente debería restituir a Corfo el provecho que obtuvo por la operación”.
El fiscal de Corfo cree que el optimismo de BBVA no sólo es cuestionable desde el punto de vista judicial, sino también ético. “Cuando intentas radicar la responsabilidad en Corfo es porque tienes el interés de que las irregularidades y todo lo que pasó lo pague el Fisco, lo que es inadmisible e inmoral”, afirma Riveros, quien agrega que “si ellos tienen confianza en que los tribunales van a absolver a BBVA eso es porque no han comprendido las últimas resoluciones o bien tienen una pésima opinión de la justicia en Chile”.
Una vez conocido el fallo de Villarroel vendrán las apelaciones a las cortes, algo que, no obstante, se prevé no será un proceso largo debido a que dichas instancias han sido consultadas en reiteradas oportunidades y normalmente las han zanjado con rapidez.
