El abogado de la Universidad de Chile tiene un curriculum impecable: considerado uno de los tres mejores abogados de Derecho Comercial del país, pintor y descendiente de José Manuel Balmaceda y Andres Bello.
Hasta el 29 de febrero de este año era abogado integrante de la Corte Suprema y como tal falló en una de las aristas legales en la disputa entre Anglo American y Codelco .
En un fallo dividido, el 16 de marzo, la Corte Suprema confirmó que Codelco deberá pagar las costas de un recurso de protección interpuesto en contra de Anglo American Chile, acción cautelar de la que se desistió antes que se fallara el fondo del recurso.
Gómez Balmaceda fue el único que no votó con la mayoría, la cual determinó que la presentación hecha por la minera estatal era inadmisible, ya que sólo corresponde apelar a las resoluciones que acojan, rechacen o declaren inadmisibles los recursos de protección.
El recurso de protección interpuesto por Codelco buscaba frenar las futuras ventas de acciones por parte de la minera británica de su filial en Chile Anglo American Sur (AAS), y así impedir que se siguiera obstaculizando la adquisición del 49% de esa propiedad.
En el momento, Anglo American dijo que la decisión de la Corte Suprema confirmaba que el recurso de protección fue injustificado, “porque si no lo hubiese sido, como argumentaba Codelco, no le hubiese obligado a pagar las costas”.
Tres semanas después, el 5 de abril, el mismo Gómez Balmaceda que había fallado en contra de Anglo American el 16 de marzo, emitía un informe en derecho apoyando a Mitsui, el socio de Codelco en la disputa con Anglo American.
En su informe, dirigido a Jorge Bofill, socio del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana, que representa a Mitsui en la disputa entre Codelco y Anglo, Gómez Balmaceda llega a la conclusión que Mitsui está en lo correcto en afirmar que ciertos documentos del contrato mediante el cual acordó financiar a Codelco con un préstamo por US$6.750 millones para que ejerciera su opción de compra del 49% de las acciones de Anglo American Sur, no tienen que ser revelados.
Un destacado abogado de tribunales que prefirió mantener su nombre en reserva dijo que lo de Gómez Balmaceda «no tiene nombre». «Puede que sea legal, pero desde el punto de vista ético es una falta de criterio, tendría que haberse excusado».
Gómez Balmaceda nos dice que no hay ningún conflicto ya que él dejó de ser abogado integrante de la Suprema el 29 de febrero y que fue contactado por el estudio de Bofill «mucho después». Explicó que «el fallo fue redactado en la sala de verano, y sólo fue publicado en marzo».
El incidente ocurre en momentos en que el tema de conflictos de interés al interior de tribunales está candente. La decisión de dos de los magistrados que rechazaron los recursos en contra del proyecto de Endesa y Colbún de no inhabilitarse, pese a enfrentar conflictos de interés, hizo arder Troya al interior de la judicatura. Ahí se revivió el antiguo rechazo que suscita entre los magistrados de carrera que funcionarios de fuera, que en su mayoría han estado vinculados al mundo privado, ejerzan después como ministros de la Corte Suprema.
La batalla legal entre Anglo American y Codelco se está poniendo picante, con acusaciones mutuas de conflictos de interés en contra de los abogados de ambas partes.
Codelco cuestiona el rol de Claro y Cía, en la representación de Anglo y sugiere que el estudio tiene conflictos de interés. Existe un mail de Codelco a Minmetals en el que le pide a la empresa China que le solicite al estudio que se inhabilite.
El argumento de Codelco es simple: los abogados del estudio de Claro y Cía. tienen un conflicto de interés en representar a Anglo American en la disputa con Codelco ya que tuvieron acceso previo a información privilegiada sobre cómo la estatal financiaría la compra de Anglo American Sur ya que asesoraron a la estatal China, Minmetal, cuando Codelco le ofreció asociarse en esa adquisición.
La trama se torna aún más complicada ya que los abogados que representan a Codelco en el conflicto con Anglo también tendrían conflicto. Carey y Cía. asesoraba a Anglo en 2008 en temas tributarios y sus abogados habrían estado involucrado en los análisis iniciales que hizo Anglo ese año con respecto del contrato de opción y las negociaciones con Enami.
Fuentes que conocen de cerca ambas partes de la disputa dicen que la minera británica no tiene ningún problema con Carey y Cía. y que el estudio decidió no trabajar con Anglo cuando se les solicitó involucrarse en el tema de la opción de compra.
