El grupo español Repsol anuncia que tomará medidas legales contra cualquier empresa que trate de invertir en la expropiada YPF o en sus activos. Un movimiento que podría arruinar los intentos de Argentina de atraer el capital necesario para desarrollar sus reservas de gas de exquisito.
El grupo petrolero español ha preparado a sus abogados para actuar en contra de los presuntos inversionistas mientras Buenos Aires busca socios para desarrollar el enorme potencial de gas de exquisito de la compañía, según confirmó un portavoz de la empresa al diario Financial Times.
Julio de Vido, ministro de Planificación argentino y nombrado nuevo interventor de YPF desde la semana pasada, ya ha viajado a Brasil para hablar de «proyectos en común» con la brasileña Petrobras, y ha dicho que se reunirá, además, con ExxonMobil y Chevron para hablar de su inversión en Argentina.
El diario La Nación de Buenos Aires reporta que el gobierno planea no pagarle nada a Repsol.
Se estima que Argentina posee la tercera mayor reserva de gas de exquisito en el mundo, después de EEUU y China. Pero todavía se requieren miles de millones de dólares para desarrollar las perspectivas del país. Según Repsol, se necesitan 25 mil millones de dólares al año durante los próximos 10 años por el gran descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, auténtica joya de la corona de la petrolera.
La animosidad entre Madrid y el gobierno populista de Cristina Fernández ha crecido desde que se supo que algunos directivos españoles en YPF fueron «cazados» y «duramente interrogados» por las fuerzas de seguridad argentinas a raíz de la expropiación, de acuerdo con un documento, en el que se habla de la incautación, enviado por España a sus embajadas, según explica el Financial Times.
Según dicho documento, los ejecutivos españoles de YPF y sus familias se vieron obligados a buscar refugio, todos juntos en una casa, después de haber sido expulsados de la sede de YPF por parte de los ministros del Gobierno argentino, acompañados por guardias de seguridad armados que usaron «violencia física y amenazas».
Al mismo tiempo que Cristina Fernández anunciaba la nacionalización se cortaron todas las comunicaciones a la sede de YPF. Poco después, Julio De Vido y Axel Kicillof, viceministro de Economía, llegaron a la base para proceder a la expulsion de los empleados españoles en la empresa.
Mientras tanto la familia argentina Eskenazi, que posee una participación del 25 por ciento en YPF, financiado parcialmente por préstamos realizados de la mano de Repsol, quiere restar importancia a las preocupaciones de que la incautación podría desencadenar cláusulas que exijan a la empresa española a recomprar la participación adquirida por la familia en el precio original.
Como parte de un acuerdo en 2008, Repsol acordó pagar una cantidad de 500 millones de dólares a Eskenazi’s Petersen Group y recomprar su participación de Repsol en YPF si ésta caía por debajo del 50,01 por ciento, o si los dividendos de YPF bajaban por debajo del 90 por ciento de las ganancias anuales, cláusulas que han llamado la atención de los analistas e inversores desde la nacionalización.
