Diga 333

En nuestra infancia, en la consulta médica, había que sacarse el chaleco y desabotonar la camisa. Luego de ello se sentía el frío del estetoscopio en la espalda, mientras el médico ordenaba: “diga 33”. Ese simple procedimiento, destinado a evaluar los pulmones mediante la resonancia de la voz, busca detectar enfermedades, lo que representa nuestras primeras experiencias en la red de salud pública.

Hoy, el número 333 es un número que da escalofríos en el sector de la salud pública. Decir “333” hace referencia al decreto 333 del Ministerio de Hacienda, que con mucha frialdad -propia del acero del estetoscopio de antaño, pero con el filo de un bisturí- corta los dineros destinados a la salud de la mayoría de los chilenos, con la reducción del presupuesto de la salud pública en más de 413 mil millones de pesos.

Tal como nos hacían respirar luego de decir lo indicado por el número, hoy se respira profundo en el sector salud: este recorte dramático viene a agravar la precaria situación que existe a nivel de la atención de salud primaria a nivel municipal y en los hospitales de la red pública.

En el caso de los servicios de salud de la Región del Bío Bío, las reducciones de presupuesto superan lo 13 mil millones de pesos, incluyendo hospitales esenciales de nuestra región, como el Guillermo Grant Benavente y los de Coronel, Lota, Higueras, Tomé, Penco-Lirquén, Los Ángeles y Curanilahue.

Con estas reducciones presupuestarias se compromete directamente el financiamiento de personal de atención, los insumos, materiales y bienes médicos destinados a la atención de personas y la continuidad y seguimiento de tratamientos, en especial los de mayor urgencia. Actualmente existe escasez de insumos clínicos de condición crítica para el funcionamiento y atención cotidiana de los pacientes, por lo cual la situación de precariedad de la atención en la salud pública se agravará. Por otra parte, se reducirán las tomas de exámenes de todo tipo y que son necesario para realizar diagnósticos adecuados y las atenciones médicas relacionadas, en especial aquellas destinadas a abordar a pacientes críticos o con enfermedades catastróficas.

Por su parte, a nivel de la Atención Primaria de Salud, la reducción presupuestaria que orden el decreto ministerial recurrido afectará programas de atención directa a las personas en el ámbito de la prevención. Se ha denunciado por diversos alcaldes a nivel nacional que esta reducción afecta cerca de 24 programas destinados a la prevención de enfermedades a nivel comunitario.

Esta afectación involucra presupuestos destinados al funcionamiento cotidiano de los Centros de Salud Familiar (Cesfma), Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) y postas rurales, con el consiguiente desmedro en la calidad de la atención a las personas usuarias de programas destinados a los adultos mayores, a los cuidados paliativos al domicilio para pacientes postrados, a programas de salud mental y prevención del suicidio, a fondos destinados a la compra de fármacos para adultos mayores y enfermos crónicos, a programas de salud bucal para la atención odontológica para niños y adolescentes de la red de establecimientos públicos de educación, así como a las extensiones horarios de consultorios, entre otros efectos negativos.

Estas medidas de reducción presupuestaria se expresará en la eliminación y reducción de horas médicas, disminuyéndose la atención diaria a las personas, la pérdida de horas de atención y la alteración de horarios, con la consiguiente dificultad de obtención de horas de atención. La reducción presupuestaria amenaza la realización efectiva de controles rutinarios de salud, con postergación de atenciones y diagnóstico de enfermedades, reduciéndose la capacidad de prevención del sistema.

Los profesionales de la salud, los técnicos y el personal administrativo verán la acumulación de pendientes en atenciones y exámenes. Deberán asumir la eliminación o reducción drástica de programas y los pacientes se acumularán ¿y los pacientes? Ellos sentirán el frío no del estetoscopio del doctor, sino del bisturí del Ministro de Hacienda que recorta su derecho a la protección de salud.