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Opinión: En el fracaso de la licitación del litio no todo es pérdida

por 8 octubre, 2012

Opinión: En el fracaso de la licitación del litio no todo es pérdida
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Por Hernán Frigolett, ASERTA Consultores.

El subsecretario Wagner ha renunciado, el Ministro de Minería queda en la mira, y los conflictos de interés vuelven a la palestra. El litio será parte de la agenda política por varios meses, y el modelo de concesiones será centro del debate, porque no sólo afecta a la minería, sino que también a la pesca cuyo proceso también ha sido álgido.

La propiedad estatal de los recursos naturales está en el corazón del debate ideológico, y por ende lo que se juega también es la justa retribución de la renta del recurso extraído. La opción de la concesión privada es válida, pero el Estado debe cautelar al menos dos ámbitos estratégicos:

1) explotación sustentable, es decir que la evaluación de impacto ambiental debe ser impecable, pero eso no basta sino que debe realizarse en forma previa para que en las propias bases de licitación se incorpore una exigente línea base ambiental, y 2) obtención de la justa renta económica del recurso natural, que debe vincularse de manera directa a la fluctuación de precios internacionales durante el período de concesión.

En atención a lo anterior, las concesiones no pueden ser a perpetuidad, ya que en la práctica una concesión no limitada es una privatización encubierta del recurso. Es más, toda concesión, aunque sea limitada en el tiempo, además debe ser condicionada al cumplimiento de la sustentabilidad de la explotación.

Un proceso de licitación internacional fallido es también un deterioro de la imagen institucional del país, y la exposición mediática generará un impacto importante en la susceptibilidad de los inversionistas extranjeros. Sin embargo, el atractivo de los recursos mineros de Chile supera con creces todo tipo de resquemores acerca de la burocracia institucional.

En esta perspectiva, la licitación fallida debe verse también en una perspectiva positiva, que sirva para la visión de futuro de explotación de recursos mineros sofisticados como el litio, que por cierto no es el único en el que Chile es un oferente privilegiado.

Los antecedentes de la fallida licitación deben tenerse en cuenta: 1) las diferencias de las ofertas económicas son abismantes, ya que la mejor oferta más que duplicó a la segunda, y ésta a su vez triplicó a la tercera. El monto ganador estuvo en torno a los 20.000 millones de pesos, y pagaba un royalty de 8%, mientras que la peor oferta no llegaba a los 3.000 millones, y se pagaba un royalty miserable. 2) La concesión estaba limitada a una cuota de extracción relativamente elevada de 100.000 toneladas metálicas, que equivale a una extracción de sales de 600.000 toneladas, sin grandes condicionamientos de sustentabilidad de la explotación, situación que en un proceso revisado debiera integrarse en las bases de la licitación, porque una extracción acelerada generaría externalidades ambientales desastrosas en el salar.

No cabe duda que en estas circunstancias el proceso debe declararse nulo, y el Gobierno debe ser enfático en ello, para eliminar de cuajo la especulación del segundo en la lista de apropiarse de una suculenta renta económica. Así cualquier futuro proceso de licitación de algún CEOL debiera considerar como mínimo lo ofertado por el ganador de este proceso fallido, ya que ciertamente la evaluación privada realizada consideraba un buen negocio tal oferta, y para el Estado ciertamente que hay espacio para una aún mejor retribución de la renta del recurso.



Adicionalmente, se debiera incluir cláusulas que castiguen la participación especulativa, que pretende hacerse del recurso a vil precio, e incorporar en las bases un castigo al proponente (o a los proponentes, cuando van en consorcio) que le impida participar de al menos las próximas dos licitaciones si su oferta es un 40% más baja que la ganadora. El “Fair Play” es clave, y al que no lo cumpla se le debe penalizar de forma drástica, con un castigo que sea económicamente doloroso.

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