La vía latinoamericana a la integración regional

En apenas cinco meses de gobierno, José Antonio Kast ha cuestionado buena parte de los pilares que durante décadas sostuvieron la autonomía relativa de la política exterior chilena. La salida del Movimiento de Países No Alineados —tras 55 años de pertenencia ininterrumpida—, la participación en el Escudo de las Américas convocado por Washington, y la firma casi inmediata de un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras con Estados Unidos no son hechos aislados, sino lo que parecieran las piezas de una misma apuesta, la de renunciar a la diversificación como estrategia de inserción internacional y reemplazarla por un alineamiento explícito con una sola potencia.

Todas estas acciones han activado un debate intenso y crítico. Por una parte, se ha cuestionado el quiebre de una tradición de política exterior de Estado —construida sobre el multilateralismo, el derecho internacional y la no alineación—, a partir de la premisa de que, para un país pequeño como Chile, optar preferentemente por una potencia u otra erosiona lo que históricamente ha sido su principal fortaleza: una inserción internacional y una arquitectura comercial amplias y diversificadas. Por otra, la crítica ha sido de orden más propiamente político: se trataría de un acto de subordinación, de pérdida de soberanía y de creciente dependencia respecto de la potencia hemisférica norteamericana.

La intensidad de ese debate es, en realidad, el síntoma de un fenómeno más profundo: la reconfiguración del orden global, expresada en una disputa multipolar entre superpotencias que buscan enfrentar las múltiples crisis del siglo XXI, al mismo tiempo que se adaptan al reordenamiento del proceso de acumulación y producción del capitalismo neoliberal. Esa disputa (por recursos minerales, rutas estratégicas e influencia, ya sea mediante la coerción arancelaria o la persuasión diplomática) tensiona hoy a Estados Unidos y China a lo largo de todo el continente.

Conviene recordar que el multilateralismo y el derecho internacional no sería de forma absoluta un proyecto fracasado, sino un proyecto inconcluso, todavía en proceso de maduración. Los movimientos de los últimos años de Estados Unidos se han orientado a su desestabilización. En este contexto, los grados de garantías que ese orden ofrecía a los países no desarrollados —basados en el derecho— hoy se ven mucho más expuestos y vulnerables. Dicho de otro modo: cuando las potencias entran en una disputa que redefine el rumbo del mundo, solo los bloques regionales logran adaptarse; los países pequeños, aislados, quedan a merced de esa suerte.

En este escenario resulta tentador reducir el debate a la pregunta por “la elección” del bloque hegemónico. Es una reflexión estratégica legítima, pero no necesariamente el camino correcto para responder a las incertidumbres que enfrenta un país como Chile.

En un panel de Mesa Central, el periodista Enrique Mujica planteaba la intuición —bastante extendida— de que, ante una disputa abierta entre China y Estados Unidos, resulta natural que Chile se arrope con la potencia que comparte territorio en el continente.

En sectores opuestos, en cambio, se observa con cierta admiración la experiencia china y, aunque de forma más tímida que un llamado explícito al alineamiento, pareciera existir la tentación de depositar en un acercamiento preferente con Beijing la respuesta al resguardo de la soberanía latinoamericana frente a las presiones de Washington.

Ambas tentaciones, sin embargo, comparten un mismo punto ciego: miden el margen de maniobra de la región por la calidad del padrino elegido, no por su capacidad de actuar como bloque. Las cifras, en cambio, cuentan otra historia.

El cierre de Huachipato en Chile (hundido por una competencia desleal que la propia Comisión Antidistorsiones cifró en un 40% bajo su valor normal) es apenas un ejemplo de un patrón regional: la industria siderúrgica latinoamericana ya importa más del 40% del acero que consume, con 1,4 millones de empleos en riesgo y 20 mil puestos perdidos solo en Argentina desde 2023. La misma lógica se repite en el textil, golpeado por la avalancha de Shein y Temu, con caídas del mercado interno de hasta 20% en Perú y aranceles de emergencia en Colombia y México.

Y se repite, más de fondo, en la balanza comercial: mientras exportamos a China sobre todo materias primas, importamos manufacturas por decenas de miles de millones de dólares más de lo que vendemos: superávit para Beijing, reprimarización para nosotros.

Si China presiona vía mercado, Estados Unidos presiona vía cierre de mercado y, cada vez con más frecuencia, vía condicionamiento político directo. El caso más elocuente es Brasil: en julio de 2025, Trump impuso un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas como represalia explícita por el juicio contra Bolsonaro, convirtiendo el comercio en un instrumento de presión sobre decisiones judiciales soberanas de otro país. El mensaje de fondo, más allá de la cifra, era inequívoco.

Y no fue excepcional: el “Día de la Liberación” de abril de 2025 Trump impuso un piso arancelario del 10% a casi toda la región —con picos de 33% en Brasil, 20% en Uruguay, 18% en Nicaragua y 10% en Chile—. No está de más recordar el arancel de 12,5% que recibió Chile en junio de este año, a propósito de una excusa de Trump respecto de la ausencia de leyes en el país que frenen el ingreso de bienes que provienen de trabajo forzoso. Dos potencias, dos mecanismos, un mismo resultado: menos industria propia, sobre bases internas que, muchas veces, tampoco supimos —o quisimos— fortalecer a tiempo.

Resulta tentador atribuir toda esta desintegración regional únicamente al dumping o a las guerras arancelarias impuestas desde afuera. Pero nada de esto se decide solo desde afuera: también se decide internamente, por oligarquías que prefieren la renta extractiva del cobre, la soja o el litio antes que construir industria propia, y por proyectos políticos que administran la dependencia en lugar de proponer un desarrollo nacional.

Ninguna de estas presiones (el dumping chino ni el arancel político estadounidense) se enfrenta de la misma manera si el interlocutor es un país aislado o una región con voz común. Un país que produce una fracción marginal del acero mundial no tiene capacidad de imponerle condiciones a quien concentra más de la mitad de la producción global; pero veinte países que juntos reúnen una parte sustancial de las reservas mundiales de litio, cobre y otros minerales críticos sí podrían negociar en otros términos.

Hoy, sin embargo, sin integración regional negociamos de forma aislada y en competencia mutua (puerto por puerto, mineral por mineral, arancel por arancel), cada país por su cuenta, frente a Estados Unidos y China, que actúan como potencias unificadas y no como una suma de actores dispersos. Por eso la pregunta relevante no es China o Estados Unidos, ni tampoco cuál de los dos ofrece el mejor trato: es qué hace falta para que América Latina deje de ser, ante el escenario de confrontación multipolar, un territorio en disputa y se convierta en un actor con proyecto propio.

No existe una vía china, una vía estadounidense ni una vía europea hacia la integración latinoamericana: es necesario construir, precisamente, una vía latinoamericana hacia la integración regional, agenciándose sobre las propias condiciones, no importándolas de otro proyecto civilizatorio. Esto no significa rechazar alianzas estratégicas con una u otra potencia (sería ingenuo y empobrecedor). Significa algo distinto: que una alianza deja de ser asimétrica solo cuando quien la firma logra posicionarse como actor, y no como escenario de competencia.

Construir una vía propia no es un ejercicio idealista: es la definición de una posición sobre cómo queremos situarnos estratégicamente frente a un mundo que nos desafía con nuevas incertidumbres.

Significa, ante todo, agenciarnos sobre al menos tres frentes concretos. Primero, una infraestructura regional propia (energética, logística, digital), que permita comerciar entre nosotros antes que depender exclusivamente de corredores diseñados desde Washington o Beijing.

Segundo, mecanismos de negociación conjunta frente a terceros (un frente común en minerales críticos, por ejemplo, que evite que cada país compita a la baja ofreciendo litio o cobre por separado).

Y, tercero, una arquitectura institucional que dé continuidad política a estos acuerdos más allá del color del gobierno de turno, algo que la región ha intentado (CELAC, UNASUR, la propia CAN) pero nunca ha logrado sostener en el tiempo.

Ninguno de estos frentes resuelve por sí solo la asimetría estructural que enfrenta América Latina. Pero podría ser una base sobre lo que sí está a nuestro alcance: dejar de ser el territorio donde otros compiten, para empezar a ser el actor que decide en qué términos participa de esa competencia.

Los gestos de alineamiento con una sola potencia, ensayados en un contexto tan asimétrico y hasta ahora tan poco recíproco, avanzan justamente en la dirección contraria. La vía latinoamericana a la integración regional no es una alternativa más entre otras: es, quizás, la única que la región todavía tiene por construir.