Un programa de la Corfo destinado a beneficiar a chilenos para que accedieran a la casa propia mediante leasing habitacional, produjo el efecto contrario: dejó a una familia sin casa y a otra a punto de perderla. Ambas eran dueñas de sus viviendas y firmaron contratos sin entender que al hacerlo se las estaban vendiendo a Leasing Chile. Inmediatamente después la empresa suscribía un contrato de arrendamiento con los hijos.
La empresa, de propiedad de Orlando Poblete, rector de la Universidad de Los Andes y ex ministro de Pinochet, Marta Ried, Fernando Gardeweg Leigh, Douglas Crawford y cinco sociedades, fue una de las que se adjudicó recursos para implementar este sistema.
A petición de la Corfo la firma fue declarada en quiebra por una deuda impaga de US$ 26 millones. El organismo instruyó al síndico Felizardo Figueroa para presentar una denuncia por quiebra fraudulenta ante la Fiscalía Centro Norte, lo que se concretó el 24 de octubre (ver documento).
El estudio Etcheberry, que representa a la Corfo en materia penal, presentará una querella independiente por el mismo delito en los próximos días.
A las acciones de la Corfo se suman dos demandas por nulidad absoluta de contrato de las familias Gálvez Cofré y Alvarez Araneda ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. El abogado demandante, Manuel Ibarra, explica que los contratos suscritos “carecen de un acuerdo real y serio de voluntades, por lo que no existe consentimiento”. Asegura que “estaban destinados a engañarlos y perjudicarlos para apropiarse indebidamente de sus propiedades”.
La historia de los Gálvez Jofré, desalojados el 1 de agosto de su casa en la comuna de Cerrillos, comienza cuando Manuel, el padre, comerciante ambulante, solicita un crédito de $ 3 millones a Inversiones Cari el año 2002, dejando su casa en garantía. Debía cancelar cuotas de $ 96.700 mensuales, que incluían un interés mensual de 3 %, durante tres años. “Al cabo del cual deberá devolver el capital nominal”, agregaba el contrato sin especificar ni el plazo ni la forma de pago.
Este matiz fue la hebra que desencadenó la pérdida de la vivienda. Poco antes de vencer el plazo de tres años y pensando que estaban a punto de saldar la deuda, Gálvez recibió la visita de Ricardo Muñoz, cónyuge de la representante legal de Inversiones Cari, Carla Ema Bruce de Latundo.
“Muñoz le hace mención que si por algún motivo no tiene plata para devolver los $ 3 millones (Nota de la Redacción: se refiere al pago del capital) puede gestionar la visita de unas personas de Leasing Chile para hacer un crédito de la misma forma que Inversiones Cari (…) y por un monto superior”.
No está claro cómo Leasing Chile toma conocimiento de que Gálvez le debe dinero a Inversiones Cari, pero al cabo de unos días aparecen en su casa dos personas junto al representante legal de Leasing Chile, Felipe Alejandro Varela Venegas, quienes le piden al jefe de familia que acredite notarialmente un sueldo de $ 650 mil, que no ganaba. El 5 de agosto de 2005 llega la buena noticia: el préstamo está listo.
La familia acude a la notaría de Gloria Acharán y se firman los contratos. Manuel Gálvez le vende su casa, ubicada en Pudahuel, a Leasing Chile en $ 8 millones. Inmediatamente después, la empresa, que sube el valor de la vivienda $ 10 millones, se la entrega en arriendo a su hijo Alejandro Gálvez Cofré a 15 años plazo y en cuotas mensuales de $ 140 mil (a la UF de hoy). Recomprar la casa de su padre le costaría $ 25 millones, cuatro veces más de lo que la compañía le pagó a su progenitor.
Dado que la vivienda había sido dejada en garantía con Inversiones Cari de los $ 8 millones que recibió el padre $ 4,2 millones fueron a saldar la deuda para levantar la hipoteca. Otros $ 1,2 millones aparecen como el pie otorgado por el hijo para el contrato arrendamiento, cosa que exigía el programa de leasing de la Corfo, implementado con un crédito blando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta septiembre de 2010 los Gálvez cancelaron $ 7,1 millones, pero al no poder seguir pagando fueron demandados por incumplimiento del contrato de arriendo. El 1 de agosto Manuel y su mujer María Isabel Cofré son desalojados por la fuerza pública.
Junto a la demanda en contra de los representantes legales de Leasing Chile, Carlos José Marín Varas y el ingeniero comercial Felipe Alejandro Varela Venegas, se presentó otra para restituir la propiedad y una tercera por indemnización de perjuicios por $ 325 millones.
Además, la defensa interpuso una querella por estafa que investiga la Fiscalía Centro Norte.
María Elena Huaiquipán, quien lideró la batalla de las víctimas que perdieron sus casas a manos de Eurolatina, cuyos dueños fueron condenados a cinco años y un día por usura por la Corte de Apelaciones, recibió a la familia desesperada y le recomendó hacer una denuncia ante la Brigada de Delitos Económicos.
“De no ser por eso ni siquiera habrían podido presentar una querella, porque se habría aplicado la prescripción y el tiempo habría matado su posibilidad de defenderse. Yo les pregunté dónde pagaban las cuotas y me mostraron un recibo que decía Catedral 1009, oficina 402, la oficina de Eurolatina donde yo pagaba mi deuda”.
Asegura que existen 2.500 mil demandados por Leasing Chile y Transa “porque no habrían cumplido los contratos de arriendo y hay varias denuncias en la Bridec; por la fe que me tengo espero que no demore 20 años y que la justicia sea más eficiente”.
Manuel Gálvez y su mujer viven en dos mediaguas regaladas por el alcalde de Pudahuel, Luis Plaza, y los vecinos, instaladas en un sitio eriazo que están pidiendo como donación al Serviu.
“Nosotros vamos a demandar al Estado de Chile porque se estaba operando con plata de todos los chilenos y no había ninguna institución que estuviera fiscalizando”. Sostiene Huaiquipán.
La otra operación: una venta y dos arriendos
Iván Alvarez Egaña necesitaba dinero para montar una planta de áridos. En agosto de 2006 concurrió a Leasing Chile para solicitar un crédito, le pidieron los documentos de la casa y el 1 de septiembre le entregaron $ 10 millones.
«Alcanzó a pagar 22 cuotas, ya que quedó cesante y después de cinco años en mora lo demandaron y le informaron que su vivienda, el 1 de septiembre de 2006 (el día que recibió el crédito) había sido vendida a Leasing Chile. Y después a Transa Securitizadora y a Servihabit, todas empresas relacionadas», relata el escrito.
Lo que ocurrió, prosigue la acción judicial, fue igual a lo de la familia Gálvez, pero, en este caso, como la casa era de la señora de Alvarez ella se la vendió a Leasing Chile y la empresa se la arrendó a su marido.
“Leasing Chile comenzó a hacer amenazas señalando que nos quitaría la vivienda si no le pagábamos el total de la deuda. Acudimos a la empresa a dejar $5 millones, pero nos dijeron que no podían aceptarlo y que la única opción era que se realizara un nuevo contrato, ahora a nombre de la hija (Elodie Alvarez)”.
Aunque ella no percibía rentas y estaba postulando a una vivienda a través del subsidio estatal, le pidieron que renunciara al subsidio en una notaría y se realizó una nueva operación, mediante la cual ella se transformó en arrendataria de la casa que había pasado a manos de Leasing Chile, debido al incumplimiento en el pago del alquiler.
Pudieron cancelar cuatro cuotas de entre $ 350 mil y $ 415 mil “con mucho esfuerzo, los padres (estaban) sin trabajo, él había sido operado del cáncer y ella (la madre) tenía una depresión que arrastraba desde hacía varios años”.
Cuando dejaron de pagar fueron notificados de desalojo. La medida aún no se hace efectiva.
Como Leasing Chile fue declarada en quiebra la demanda por nulidad de contrato fue presentada en contra del síndico José Felizardo Figueroa.
Mientras que Transa Securitizadora fue demandada para restituir el bien raíz. Una tercera demanda exige el pago de $ 350 millones por daño patrimonial y moral «debido al sufrimiento que las operaciones causaron durante siete años, sin saber cuánto perdurara en el tiempo».
El abogado de Leasing Chile, Juan Esteban Puga, no respondió las consultas de este diario
