Un decreto firmado el 25 de marzo de 2011 por la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte, autorizando el pago de $ 17 mil millones a Kodama, que luego paralizó, dio origen al primer escándalo que puso en jaque la probidad funcionaria del gobierno de Sebastián Piñera.
A casi dos años, la querella por fraude al Fisco que investiga la Fiscalía Centro Norte exhibe cinco tomos, ocho imputados, un nuevo peritaje de la Universidad Católica de Valparaíso y ningún formalizado. Mientras, en el 16 Juzgado Civil se tramita una demanda por nulidad de pago presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
Tres de los imputados que trabajaban en el Serviu renunciaron el 25 de abril de 2011. Antonio Llompart, quien oficiaba de director y participó en la firma del acuerdo mediante el cual el organismo acordó el cuestionado pago, volvió a trabajar en la Municipalidad de Puente Alto en la secretaría comunal de planificación. De allí había salido en 2010 para asumir el cargo en el gobierno, recomendado por su amigo y compañero de colegio, Manuel José Ossandón, entonces alcalde de la comuna. Llompart comparte no sólo su militancia en RN, sino también un parentesco político, pues es hermano de la mujer de Roberto Ossandón.
Rafael Marambio, ex subdirector jurídico, quien negoció la transacción y admitió haber viajado a Buenos Aires junto a los abogados de Kodama —Rodrigo Alcaíno y Matías Cortés— y uno de los dueños de la misma, Kenji Kodama, con pasajes comprados por Alcaíno, presta servicios en Meditech. En esta empresa es socio de su hermano Felipe, que vive en Buenos Aires y a quien declaró iba a visitar, porque debía traer artículos kinésicos para deportistas que vende la compañía en Chile. Una de las últimas aristas investigadas son los movimientos de dinero en la cuenta corriente de Marambio y en la de su hermano en Argentina. El imputado aseguró que devolvió el dinero del boleto aéreo en efectivo al abogado.
Su nombramiento fue gestionado por su amigo Gustavo Hasbún, para el cual trabajó en la municipalidad de Estación Central cuando éste era alcalde. El diputado Hasbún habló con la actual vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien trabajaba en la Municipalidad de Puente Alto con Ossandón para que ella lo recomendara con Antonio Llompart cuando estaba armando el equipo en el Serviu.
El constructor civil Franz Greve, ex director de pavimentación y obras viales, quien estuvo en las reuniones y trabajó en el cálculo de la cifra a pagar a Kodama, regresó a trabajar con su anterior empleador, la inmobiliaria Paz.
El cuarto imputado del Serviu, Ananías González, un funcionario que venía de la época de Michelle Bachelet, permaneció como jefe de fiscalización y control hasta que dejó el cargo en septiembre del año pasado. Él era el encargado de llevar los juicios que involucraban al organismo, cosa que ocurrió cuando Kodama demandó al Serviu. Actualmente, ejerce como abogado en el estudio Sepúlveda & Escudero, donde trabajaba antes de ser entrar al servicio público.
Baeza, formalizado por actuar en contra de sus clientes
La ex ministra, testigo de la causa, incursionó en un nuevo negocio. Vendió la distribuidora de papeles Dimar, cursó el programa de Alta Dirección de Empresas en la Universidad de Los Andes y se asoció con Bernardo Kupfer, director del Parque Metropolitano que renunció seis meses después de Matte. Juntos crearon una firma que construye centros de bodegaje en Enea, el complejo empresarial de Pudahuel.
Alvaro Baeza, el abogado de confianza que Matte llevó como asesor jurídico al ministerio, es sindicado en las declaraciones de testigos e imputados como el que movió las piezas para lograr el pago de $ 17 mil millones a Kodama, aunque su firma no aparece en ningún documento.
Socio de Baeza & Cia, el 25 de marzo de 2012 fue formalizado por el delito de prevaricación, es decir, por actuar en contra de los intereses de sus clientes, la Asociación de Canteros de Colina, favoreciendo a la contraparte, a la que también representaba. El convenció a los canteros de ceder sus terrenos en Chicureo a una inmobiliaria que pagó $ 900 millones que fueron a su bolsillo y no al de sus defendidos.
La histórica relación entre Matte y Baeza se quebró. Uno de los yernos de la ex ministra trabajaba en la oficina de Baeza y renunció seis meses después de estallar el caso.
Rodrigo Alcaíno y Matías Cortés, los abogados que representaron a Kodama en las negociaciones y viajaron junto a Marambio en el mismo avión y en la misma fecha a Buenos Aires, escribieron un libro de 500 páginas. Titulado “Curso elemental de litigación oral”, fue publicado por la Editorial Jurídica y salió a la venta en febrero del año pasado.
Kodama, la empresa cuyo principal cliente era el Serviu, y cuyo socio, Kenji Kodama, está imputado, atraviesa por una difícil situación financiera de incierto futuro.
Investigan juicio simulado
El primer monto que Kodama solicitó al Serviu por los mayores costos en la construcción del corredor para el Transantiago fueron $ 7 mil millones, pero la Contraloría dictaminó, el 25 de julio de 2010, que no se ajustaba a derecho.
El peritaje que pidió la Fiscalía Centro Norte a la Universidad Católica de Valparaíso está bastante cerca. Usando distintos modelos entregó cuatro cifras que oscilan entre los $ 5.897 millones y los $ 8.087 millones.
El informe que Kodama contrató con el Dictuc arrojó $ 17 mil millones, lo que sirvió como base para llegar al cuestionado acuerdo.
El informe por separado que encargó el Ministerio de Vivienda al Idiem, después de paralizar el decreto, arrojó la cifra de $ 2.132 millones. Y la Contraloría estableció que lo que estaba pendiente con Kodama eran $ 131 millones.
Pese a las notorias diferencias nada es comparable a los $ 41 mil millones que exigió Kodama en la demanda judicial presentada en diciembre de 2010 mientras se desarrollaban las negociaciones con el Serviu.
Dicha acción legal con ese monto elevadísimo es lo que llevó a decir a los imputados que trabajaban en el Serviu que el acuerdo logrado con Kodama por $ 17 mil millones era una opción muy beneficiosa para el Estado. Es lo que el abogado Alvaro Baeza le explica a la ministra Matte.
El arreglo, que implicó desistirse de la demanda, fue ratificado por el tribunal, por lo cual no debió ser visado por la Contraloría, cosa que esta última en su informe califica como un ardid engañoso para evitar su supervisión.
Una de las aristas que investiga el 16º Juzgado Civil y también la Fiscalía es la figura de un juicio simulado, es decir, que la empresa y algunos o todos los imputados se pusieron de acuerdo para presentar una demanda por una cifra muy alta y luego transar en una más baja previamente calculada por las partes.
La tesis de que si no hubo pago no existe fraude al Fisco, ya que el decreto se paralizó, sería rebatida por otra que maneja la Fiscalía: si la transacción fue autorizada por un tribunal, se generó un crédito en contra del Fisco que figura en sus pasivos. Kodama podría hacer exigible, por tanto, el cobro, razón por la cual el Consejo de Defensa del Estado solicitó la nulidad del acuerdo entre la constructora y el Serviu.
