Por Cyntia Páez y Giovanna Flores
Francisco, el papa jesuita e ítalo-argentino, el primer pontífice latinoamericano, que con 76 años de edad se hace cargo de una nueva etapa de la Iglesia Católica. Tras dos días de Cónclave, el mundo resulta sorprendido con el cardenal electo.
Una figura que comienza a generar polémica, pues mientras saluda con un simpático “Buona sera”, pidiendo la bendición de su pueblo, las redes sociales difunden sus antiguas fotografías dando la comunión a los dictadores Videla y Galtieri. Un profesor, diplomado en química y licenciado en filosofía, heredero de un empleado ferroviario y una dueña de casa, inmigrantes italianos pobres, muy distintos a los elegantes cardenales papábiles de la socialité de Milano y Sao Paulo.
Su designación es un efecto más de la conducción de Benedicto XVI, quien con su renuncia –digna de un avezado estratega político– abre la puerta a la realpolitik y levanta una barrera al modelo gregoriano de la curia a la que pertenecen.
Una élite acostumbrada a estar bajo órdenes de una monarquía absoluta y que hoy deberá enfrentar lo que muchos llaman una Primavera Vaticana.
Es un momento clave, pues las tensiones de la fe católica se han expuesto profusamente en los medios de comunicación como lastres del pontificado y de un Estado en crisis. Todo ello en un escenario, en que teólogos, políticos y juristas se enfrentan con paradigmas antagónicos: el statu quo versus la democratización.
Bajo esta última tesis, defendida de modo incipiente por Ratzinger, se hace urgente la redefinición de los límites de la responsabilidad del sumo pontífice y la transparencia de sus actos, así como el rol de la justicia penal en los delitos cometidos por miembros de la Iglesia. Esto, según la actual visión de los derechos humanos, centrada en una ciudadanía crítica a la debacle financiera y a la precariedad de una sociedad de derechos garantizados. Por eso, el mandato del papa Francisco presenta un doble desafío.
Primero, responder a la perspectiva religiosa de los actuales conflictos del catolicismo y, segundo, abordar la dimensión política de la Iglesia, que se inserta en el mundo del poder y los mercados. Precisamente en tiempos en que el neoliberalismo tiene vocación universal y pretensiones de pensamiento único.
Benedicto XVI más que un intelectual en las covachuelas de la corte, ha sido un actor político imbuido en los problemas que aquejan a la Iglesia.
Cuando asumió en abril de 2005 ya había ejercido distintos roles de judicatura y gestión administrativa, abogando siempre por tesis conservadoras. Sus apoyos fueron las poderosas iglesias alemana y belga, que se han arrogado las bases de la teología más estricta y ejecutoras del manto de silencio que cubrió a disidentes como Hans Küng, su mayor contradictor. Por ello, en una línea de acción inesperada, su pontificado intentó abrirse a la globalización, aunque con un paso sólo indiciario.
Si de una parte criticó la excesiva concentración de la riqueza y al neoliberalismo, a través, por ejemplo, de la encíclica Caritas in veritate, defendiendo el derecho humano a un sueldo digno o el derecho al desarrollo como prerrogativas de última generación; de otra parte su lobby no logró afincar un mayor protagonismo contra la crisis de su propia cuna: España e Italia. La forma de conducir el gobierno alejó a sus antiguos aliados, pero le valió el apoyo de las redes sacerdotales de menor poder. Al fin y al cabo, los vicios de las monarquías absolutas se replican en el Vaticano. Así lo develarían los libros Vatican S.A y Sua Santitá: Le lettere segrete di Benedetto XVI, conocido este último como “Vatileaks”, ambos de Gianluigi Nuzzi.
Los crímenes de ciertos personeros, se entrelazan con la historia de regímenes autoritarios; redes de lavado de dinero de las mafias europeas; y un vínculo siempre estrecho con el fascismo y las facciones más derechistas de la Democracia Cristiana, las mismas de la muerte de Aldo Moro en 1978, el escándalo de Tangepoli en 1993 y la tolerancia desde el 2001 al bunga bunga de Berlusconi.
El gobierno de la monarquía del Vaticano ha sido ineficaz en las últimas décadas, pues carece de controles permanentes a los actos de Estado y gobierno, que pueden abrigar no sólo delitos sino conflictos de interés y corruptelas varias, tal como hemos visto hasta ahora.
El desafío del nuevo papa será entonces implementar una reforma basada en el concepto de una gobernanza vaticana y transparencia de sus actos para un Estado globalizado. En efecto, todo el aparato gubernamental es una estructura sobre la cual el mismo pontífice tiene la atribución de reformar y que en el último medio siglo no ha sido modificada. El punto es definir el itinerario y conseguir los apoyos cardenalicios para ejecutar ese plan reformador.
De seguir este camino, serán el Governatorato y la Comisión Pontificia (símiles de Ejecutivo y Legislativo) sus mejores aliados para las transformaciones institucionales del tercer milenio, cuyos miembros tiene la obligación de nombrar.
Asimismo, la modernización de los ministerios (dicasterios) depende de su propia iniciativa sin mayores límites que la Constitución vaticana y el derecho internacionalmente aceptado. Será imperativo entonces aplicar modelos de carrera funcionaria, definir roles jerárquicos con fiscalización cruzada, además abrir al mundo secular la coparticipación en cargos que requieran autonomía, y crear un órgano contralor general que resuelva las cuestiones de derecho administrativo de modo preventivo y a posteriori de todos los actos relevantes de sus autoridades.
Esta gobernanza significa restar discrecionalidad al ejercicio del poder y someterlo a una normativa pública, imponiendo inhabilidades y prohibiciones de ejercer determinados cargos cuando los funcionarios cometan delitos prevaliéndose de sus cargos. La clave será poner fin al limbo de la administración vaticana y actualizarlo a las exigencias de la sociedad civil actual.
Las guerras y las situaciones de graves lesiones a los derechos humanos pueden ser controladas y frenadas a través de una diplomacia efectiva, que incluya el diálogo religioso e intercultural permanente. El acercamiento al Islam, al judaísmo, a las iglesias cristianas de rito oriental, y a los grupos étnicos con religiones ancestrales, es un imperativo para la política vaticana del tercer milenio, sino continuará aislada y siempre bajo la crítica de una actuación tardía.
En cuanto al rol de la mujer y los jóvenes en la Iglesia, así como el urgente posicionamiento en el debate bioético, la iglesia tiene décadas de planteamientos no dogmáticos y actuales aguardando en los centros de estudios y universidades, especialmente en las calles de Ginebra, Basel y Lucerna.
De esta realidad, el pontificado de Francisco, no puede evadirse. Mientras el mundo avanza en secularidad y laicismo, hay una intelectualidad católica abierta a la inclusión de temas como el aborto, el divorcio, la homosexualidad que es necesario respetar, pues forman parte de la moral individual. Bástenos citar un caso: mientras las investigaciones sobre el gran colisionador de hadrones de Ginebra avanzan, la mayoría de sus científicos llevan sus rosarios, van a misa y creen en la cosmogénesis del padre Pierre Teilhard de Chardin sin por ello debilitar las bases del catolicismo.
Los escándalos del Instituto de Obras de Religión (IOR) —más conocido como Banco Vaticano— son un triste déjà vu del caso del Banco Ambrosiano de 1978, tan bien retratado por Coppola en el film El Padrino III. El manejo negligente del brazo derecho del Papa, actual camarlengo, Tarciso Bertone, ha sido advertido por la justicia italiana hace ya menos de dos meses. La razón: obstrucción a investigaciones, informes financieros falsos y la negativa o entorpecimiento de cualquier iniciativa de aplicar normas del Convenio de Basilea, propias de la banca internacional. Fue tal la presión de la prensa y las autoridades bancarias de la zona euro que el propio pontífice —a seis días de dimitir— destituye a Ettore Balestero, aliado de Bertone.
El próximo pontífice tendrá la oportunidad de corregir esta situación. Deberá designar parte del nuevo directorio del banco, velando por la aplicación de las medidas de transparencia en valores y activos bancarios, lo que implica resolver no sólo la denuncia de casos de lavado de dinero, sino la instauración de un modelo de operaciones acorde a las normas aceptadas de libre competencia y competencia desleal, así como de canje bancario y prevención de delitos financieros.
Es la única manera de erradicar a los vatican insiders, que abusan de la información privilegiada y cometen delitos o se involucran en conflictos de interés, muchas veces groseramente. Por lo demás, puede dictar normas de autorregulación, autorizar auditorías y crear dos instituciones de control. Una superintendencia y una fiscalía independiente del secretario de Estado de turno, que controle la actividad del banco e investigue y sancione a sus funcionarios cuando cometan faltas y delitos. Por lo demás, los ingresos del banco constituyen parte importante del “bilancio vaticano generale”, presupuesto de la Iglesia, y su estabilidad asegurará la urgente reforma gubernativa, así como la labor de la Santa Sede.
Fue Benedicto XVI, quien pidió perdón en nombre de la Iglesia a las miles de víctimas de los crímenes sexuales, especialmente, en aquellos casos en que sus autores fueron protegidos sistemáticamente —cual política de Estado— por autoridades eclesiásticas. La reapertura de causas sobreseídas temporalmente, la ex comunión de sacerdotes y cómplices ligados a la Iglesia, las medidas de reparación económica y la modernización del sistema de denuncias son un esfuerzo por aplicar justicia. Sin embargo, la sanción penal efectiva de tales casos siempre es una obligación de los Estados de las víctimas, y la iglesia debe ser un coadyuvante a su prevención y sanción.
El mandato de Francisco será modernizar la justicia vaticana en materias penales comunes y someter a su Estado a la justicia internacional en casos de crímenes de lesa humanidad. El primer paso será político, pues implica permitir la persecución de sus ciudadanos, muchos de alta jerarquía, lo que además puede ser complementado con una reforma del Tribunal Penitenciario Vaticano, a fin de convertirlo en una entidad que sea más que “tribunal de fuero interno”. El segundo paso será retirar la reserva a los pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Incluso, su sometimiento a la justicia internacional, puede ser a través de la vía de la conciliación y de consultas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en casos complejos, como el de la política de obstrucción a la justicia en materia de abusos sexuales.
Francisco tendrá en sus manos la modernización de la iglesia que esta primavera vaticana exige. No se trata de una reforma fundacional, un cisma, o una nueva Iglesia, sino de implementar una estrategia que vincule a la iglesia con la sociedad de derechos garantizados.
Por el contrario, si cae presa de un gobierno continuista, previo incluso al estilo benedictino, arriesga la muerte progresiva y la involución del poder político del Vaticano, dando en bandeja el triunfo al neoliberalismo que dice combatir. Eso, aunque sea el nuevo sospechoso de siempre y todas las conspiraciones conduzcan a Roma.
