Yessica Lagos Cárdenas, Investigadora Adjunta Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo, Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
La semana pasada, el PNUD publicó el Índice de Desarrollo Humano y nuevamente Chile está en el lugar más alto de América Latina. Al ajustar este índice por desigualdad existente en el país, pasamos del destacado puesto 40 en el mundo a un normal lugar 50. ¿Dónde está el principal problema?, la mayor pérdida se da por el componente ingresos (34,1%), seguida por educación (13,7%) y salud (6,6%).
En este contexto, una de las opciones de política pública para reducir la desigualdad es la conformación de un salario mínimo. Entre los economistas no hay coincidencia sobre el impacto del salario mínimo en el empleo, aunque los últimos estudios señalan la inexistencia o pobre efecto del salario mínimo sobre el empleo.
Según datos Casen 2011, los trabajadores asalariados que reciben el salario mínimo o menos corresponde a un 17,4%, es decir, uno de cada seis trabajadores asalariados aproximadamente. Por sexo, una de cada cinco mujeres asalariadas y uno de cada siete hombres asalariados obtienen un sueldo mínimo o menos.
¿Hay desigualdades territoriales? Sí, nuevamente no todo Chile es igual. Mientras en Antofagasta un 6,8% de sus trabajadores reciben el sueldo mínimo, en otras regiones el porcentaje es bastante más alto: Maule (30%), Araucanía (29%), Los Lagos (28%), Los Ríos (25%), Biobío (24%), Valparaíso y Coquimbo (20%). Con sueldos bajos es de esperar que estas regiones sean las mismas que tienen los peores porcentajes de pobreza en nuestro país. Dados los bajos salarios, el trabajo no es una vía suficientemente potente para asegurar una salida de la pobreza. La pobreza laboral entre asalariados que reciben sueldo mínimo o menos es de 25% en La Araucanía, 24% en Biobío, 21% en Valparaíso y 20% en el Maule.
¿Cómo son estos trabajadores que reciben el sueldo mínimo? Por edad, las trabajadoras y trabajadores asalariados que reciben el sueldo mínimo tienen similar edad promedio que el resto de los trabajadores. La diferencia se da en los años de educación, tienen en promedio entre nueve y diez años de escolaridad, dos años menos de estudio que los trabajadores asalariados con un sueldo superior al sueldo mínimo. En las regiones de Aysén y Maule, solo tienen ocho años de estudios. Las personas afectadas no han logrado superar la enseñanza media y en regiones como Aysén y Maule tienen apenas enseñanza básica. Por lo tanto, es evidente que existe una relación directa con el capital humano.
Según tipos de ocupaciones en el grupo de asalariados, un 35% de agricultores o trabajadores agropecuarios y pesqueros reciben el sueldo mínimo o menos, 29% de trabajadores no calificados y 23% de trabajadores de servicios y vendedores de comercio se encuentran en la misma condición. Entre estos tipos de empleos hay diferencias territoriales notables. Mientras en O’Higgins un 27% de los trabajadores agrícolas reciben el sueldo mínimo, en La Araucanía es sobre un 45% y en el Biobío es uno de cada dos trabajadores agrícolas. En los trabajadores no calificados, la mitad de ellos en la Araucanía recibe un sueldo mínimo y dos de cinco en Maule, Biobío, Los Lagos y Los Ríos. Asimismo, tres de cada diez trabajadores de servicios reciben sueldo mínimos en Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, Los Lagos, Los Ríos y Parinacota. Para superar esas brechas se requieren nivelación y actualización de competencia con el enfoque de la realidad económica de las regiones.
¿Es formal el empleo entre los trabajadores que reciben el salario mínimo? Entre los trabajadores asalariados con sueldo mínimo uno de cada cinco no tiene contrato de trabajo. Maule (28%) y La Araucanía (24%) son las regiones con mayor déficit en la legalidad de la relación laboral del país. Se requiere aumentar la fiscalización a las empresas que emplean en estas regiones.
Resulta central disponer de fondos públicos para mejorar las condiciones y la formalidad en el empleo. Una opción es la subvención estatal de la seguridad social de los trabajadores. De esta forma, se aumentan las cotizaciones en un sector de la población que presentan altas lagunas, como también se estimula la formalidad en el empleo. Esta subvención debería tener un carácter territorial, dada las grandes diferencias existentes entre regiones, en cuanto a pobreza y cobertura del salario mínimo.
Asimismo, resulta crucial enfocar la nivelación de estudios o programas de capacitación con enfoque territorial en las regiones, donde ciertas actividades están en declive, para mejorar los niveles de adaptabilidad a nuevos empleos. Según género, es central incrementar los incentivos a la contratación formal de mujeres trabajadoras ya que representan una alta proporción de la población en situación de pobreza y reciben ingresos inferiores a los hombres por similares trabajos.
Dada la dimensión territorial de estas desigualdades, una pregunta clave es quién diseña y quién ejecuta estas políticas, si se sigue haciendo desde el centro o si, de una vez, entregamos a las regiones las competencias y los recursos para que puedan hacerse cargo de construir mejores oportunidades para sus trabajadores y trabajadoras.
*Con colaboración de Felipe Rojas Pizarro, Investigador de la Universidad Complutense de Madrid.