Julio Ponce Lerou hace estallar otra granada en caso Cascadas.
La semana pasada hizo llegar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sus descargos frente a la acusación que el titular de la entidad, Fernando Coloma, le hizo como supuesto ideólogo de un esquema para triangular acciones de las sociedades cascadas y así obtener ganancias, perjudicando a los accionistas minoritarios.
Y en su alegato, el controlador de SQM, no se guardó nada. Acusó al presidente del gestor de fondos de Moneda, Pablo Echeverría, de estar detrás del origen del caso como autor del informe anónimo que eventualmente resultó que en agosto de 2012 llegara a la SVS un documento denunciando las operaciones de Ponce y que fue el punto de partida para la investigación de Coloma.
Los descargos de Ponce, a los cuales El Mostrador Mercados tuvo acceso en forma parcial, entregan detalles sorprendentes de la supuesta actuación de Echeverría, hasta ahora desconocidos y que desnudarían el interés de Moneda por lograr el control de las cascadas y parte de un plan para eventualmente ganar control de SQM.
El texto elaborado por los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, aborda la defensa de Ponce indicando que no fue intención original de la SVS investigar el caso, sino consecuencia de las acciones de Echeverría para presionar al controlador de SQM y así, o lograr la fusión de las cascadas o, lisa y llanamente, quitarle el control de la empresa.
“Los cargos formulados en contra de nuestro representado no nacieron espontáneamente como consecuencia del actuar de la Superintendencia. Muy por el contrario, los cargos que nos ocupan tuvieron su origen en una serie de actuaciones desplegadas por el presidente de Moneda don Pablo Echeverría Benítez, quien las lideró. El propósito de estas 'gestiones' era presionar a nuestro representado para que fusionara Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, con el objeto de hacer una ganancia de capital millonaria respecto del valor de sus posiciones, pero más importante aún, para intentar obtener el control de SQM”, dicen los abogados, aventurando la tesis de su defensa que luego abunda en escabrosos detalles de la génesis del caso.
Añade que con dichas presiones Moneda pretendió saltarse la Ley de Sociedades Anónimas, la cual, aseguran, impone que la fusión de las cascadas se haga a través de juntas de accionistas. Según Ponce, el camino tomado por Moneda fue ejercer presiones y amenazas de que, si avanzaba hacia la fusión, él recurriría a la superintendencia y todo lo que fuera necesario para alcanzar la ganancia que aspiraban e idealmente controlar SQM.
Luego Ponce inicia el detalle de la intrincada historia. Señala que a comienzos de 2012, el “grupo” que lidera Pablo Echeverría –que según señalan distintas fuentes vinculadas al caso y que han comentado el punto en distintas ocasiones, incluirían a las AFP y ejecutivos y accionistas ligados a Consorcio, el socio minoritario de Moneda– elaboró el documento anónimo que describía como irregulares algunas de las ya conocidas operaciones de compra y venta de acciones en que participó Ponce y otros ejecutivos y asesores. “Los redactores de este documento se cuidaron de no dejar huella acerca de su autoría pues no tenía firma ni membrete”, dice el documento de Ponce.
Sin embargo, los abogados de Ponce relatan que no todas las huellas de Echeverría en estas acciones fueron borradas. Asegura que en marzo de 2012, el director de Moneda, Raimundo Valenzuela Lang –conocido en el mercado como "Paila"–, entregó el documento anónimo a Pablo Guerrero Valenzuela, en ese entonces abogado de Ponce Lerou, pero también director de las sociedades cascadas y del propio Moneda.
Guerrero es socio del estudio de abogados Barros y Errázuriz, que por años ha trabajado con el grupo SQM y que tiene fuertes vínculos con la corredora LarrainVial, cuyo presidente Leonidas Vial tuvo, según la SVS, en un rol “instrumental” en una parte de las cuestionada operaciones de Ponce.
Labarca y Parodi relatan que el objetivo de Echeverría era que Guerrero hiciera llegar el documento a Aldo Motta Camp, el gerente general de las sociedades cascadas y que éste concluya la cadena traspasándola a Ponce Lerou.
Todo esto, aseguran los abogados en el documento, ocurrió.
En la parte de los descargos a que tuvo acceso este medio se detallan las gestiones de Echeverría. “Días después de entregado este documento anónimo, don Pablo Echeverría llamó por teléfono para tener una reunión –ya habían tenido dos anteriores–, a lo cual nuestro representado accedió trasladándose a las oficinas de Moneda. En dicha ocasión, de manera categórica se le hizo saber al señor Echeverría que el documento anónimo –un verdadero panfleto– no tenía ningún asidero, explicándole el sentido y la justificación de las operaciones cuestionadas. Sin embargo, el presidente de Moneda insistió con sus amenazas de que recurriría a la Superintendencia y a todas las instancias necesarias para obtener la fusión. O sea, el apetito por obtener esta ganancia ilegítima y el control de SQM era ilimitado. También le hizo presente que detrás de él había personas muy influyentes. Existen testigos de esta conversación”, dice el documento.
Esta parte abriría una compleja arista en el caso, pues la SVS estaría obligada a verificar si estas acciones de Echeverría ocurrieron y a citar a testigos para confirmar lo que Ponce está denunciado.
El presidente de SQM también lanza otro dardo hasta ahora desconocido. Asegura que del “panfleto” –como denomina el documento anónimo que, asegura, preparó Echeverría– y de las conversaciones relatadas dio cuenta en un directorio de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.
Cita parte del acta que la sesión del directorio de Norte Grande el 9 de agosto de 2012. “Hizo uso de la palabra el presidente, quien señaló que daría lectura a su respuesta relativa a las intervenciones del señor Pablo Echeverría en la pasada junta extraordinaria de accionistas, solicitando dejar en actas una transcripción de la misma…”, comienza el relato del acta.
Y continúa: “… Hace aproximadamente seis meses, el señor Pablo Echeverría se contactó con el suscrito, para transmitirme su personal percepción respecto de determinadas operaciones que esta sociedad habría realizado legítimamente durante el ejercicio 2011. En su particular opinión, las referidas operaciones habrían sido realizadas en perjuicio de los accionistas minoritarios. En su exposición, el señor Echeverría agregó que en virtud de lo anterior efectuaría una denuncia a la SVS, con el fin de que dicha entidad inicie una investigación y aplique las sanciones que fuesen del caso. Sin embargo, me manifestó también que estaría dispuesto a no formular denuncia alguna, en la medida que en mi calidad de presidente de ambas compañías tomara la iniciativa de fusionar Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. con Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.”, indica parte del relato que hace el texto de los abogados de Ponce, aludiendo al acta de Norte Grande.
Continúa, según indica el descargo de Ponce, con lo que habría señalado el empresario en presencia de los directores de la cascada. Allí indica que le señaló al directorio que frente al planteamiento de Echeverría le manifestó su total rechazo y que le aclaró que no estaba disponible para ese tipo de presiones “indebidas”, además de que no tenía inconveniente en que hiciera las denuncias que quisiera. “En los meses siguientes, el señor Echeverría ha persistido en sus infundadas pretenciones, contactándome vía correo electrónico, como asimismo a través de terceras personas”, revela el texto de Labarca y Parodi.
De acuerdo al documento, fue luego de las conversaciones de Ponce y Echeverría que este último habría acudido a la SVS con sus acusaciones. Pero esto no habría puesto fin a las negociaciones. Ponce relata que, tras eso, siguieron las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo pero siempre con similares intenciones por parte de presidente de Moneda y con la amenaza de que sería “sancionado” por la autoridad. “Obviamente, tan aberrante propuesta fue rechazada”, dice Ponce.
En otra parte del documento la defensa del empresario sincera el embrollo de fondo que oculta el escándalo empresarial más grande de los últimos años: “… no hay que ser muy agudo para darse cuenta que aquí se está en presencia de un conflicto entre partes en que la disputa está centrada en las pretensiones económicas de un grupo de empresarios que merced a la intervención de la Superintendencia pretende satisfacerlas. ¿O creerá ese Superintendente que la denuncia igual se hubiera interpuesto si nuestro representado hubiera accedido a la fusión? La Superintendencia se encuentra al medio de una disputa por el control de SQM”, señala el documento.
Piñera al ruedo
No es primera vez que Ponce ataca a Moneda y las AFP. En los últimos meses ha denunciado ante la SVS que Moneda tiene una estrategia de influir a través de los medios manipulándolos para así afectar el precio de las acciones de las cascadas, comprando en paralelo sus acciones. Ha denunciado que Echeverría y otros socios de Moneda y Consorcio –entre ellos Patricio Parodi y Juan Bilbao– han hecho operaciones de compraventa de acciones de las cascadas.
Su último ataque fue contra el propio Presidente Sebastián Piñera, a quien acuso de intervenir en el caso teniendo conflictos de interés por haber sido actor destacado en algunas operaciones de las que abordó la SVS en su investigación y por presumiblemente tener aun acciones de Norte Grande y Oro Blanco, las que supuestamente Piñera no conoce, pues están en un fideicomiso ciego que administra justamente Moneda Corredores de Bolsa, algo que no ha desmentido ni Moneda ni el propio Piñera. El mandatario afirmó hace unos días que no sabe qué inversiones están en dicho fideicomiso, algo que suscribió Coloma al decir que el Presidente no puede saberlo.
En sus descargos, Ponce vuelve a atacar a Piñera, recordando que su sociedad de inversiones, Bancard, ya tuvo en la mira a SQM. “Este interés por arrebatar el control de SQM es de larga data. Así por ejemplo, en los años 2000, 2001 y 2006 fue Bancard quien intentó quedarse con el control. La minera canadiense PCS también ha pretendido el control en diversas oportunidades”, dice el texto.
Los abogados luego apuntan al rol de la SVS en este caso y no dudan en acusar la parcialidad con que, consideran, está actuando al frente de la investigación. Afirman que Moneda y el grupo que dice lo secundan para “desesperadamente alcanzar el control”, han puesto a la Superintendencia en el medio de la disputa.
“Aquí lo que se pretende es ‘sacar las castañas con la mano del gato’. Desafortunadamente, la actuación de esa Superintendencia ha demostrado que ha tomado partido por una de las partes del conflicto, y que hoy tiene una idea preconcebida en orden a sancionar a nuestro representado sin importar los argumentos. Este procedimiento sancionatorio ha sido un ejemplo de la falta de imparcialidad que proscribe nuestro ordenamiento jurídico”, disparan sin tapujos.
Luego afirman que Ponce debe ser absuelto de los cargos con los que le acusaron “por muy sesgada que haya sido la formulación de los cargos” y se adentran en desacreditar durante el informe de cargos de Coloma.
Afirman que “la teoría del ‘esquema’, que es el fundamento único de los cargos, es una teoría especulativa que no tiene sustento en los hechos, y que lisa y llanamente no existe”, ya que la SVS para justificarlo “se basó única y exclusivamente en su teoría del ‘esquema’, teoría que resulta antijurídica por donde se la mire”.
Esto, porque aseguran, Coloma debió fundar sus cargos en “hechos ciertos y probados”, dado que las leyes obligan a que existiendo la presunción de inocencia para Ponce la SVS debe formular cargos no sólo amparado en una teoría sino que demostrar con hechos, que se violaron las leyes –del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas– y que el presidente de SQM tuvo participación concreta en dichas infracciones.
“Sin embargo, la mera lectura de los cargos demuestra que ellos se basaron en meras especulaciones y suspicacias merced a las cuales la autoridad elaboró una teoría, esto es, algo hipotético desvinculado de la realidad de los negocios y de lo que ocurrió en la práctica. Y ocurre que las autoridades no tienen facultades para sancionar en base a meras teorías. Muy por el contrario. Para formular cargos, ese Superintendente debió haberse fundado en hechos fehacientemente probados a través de medios de prueba indubitados, de modo que no haya existido duda alguna acerca de la responsabilidad de nuestro representado. ¿Podrá cumplir con este estándar una mera teoría? ¿Cumplirá con este estándar la teoría del ‘esquema’?”, inquieren sugerentemente.
Los descargos también abordan numerosas operaciones de compra y venta de acciones en las que participaron las AFP, las cuales no le habrían provocado pérdidas sino ganancias y superiores a las que dice la SVS tuvo el propio Ponce.
Las denuncias que hace Ponce contra Moneda abren una caja de pandora sobre lo que eventualmente puede haber detrás del caso Cascadas, situación que pone en una compleja situación a Fernando Coloma, quien debe decidir si investiga lo que Ponce alega. Y al propio Echeverría, por las graves acusaciones que le hacen respecto a las gestiones que habría realizado para alcanzar el control de SQM.
*Nota de la Redacción: Este medio no pudo ver el documento completo que los abogados de Ponce entregaron a la SVS y sólo tuvo acceso a partes. 
