Chile ha logrado un importante avance en su camino hacia una economía desarrollada en el transcurso de los últimos 30 años, alcanzando un ingreso per cápita en torno a los US$ 20 mil, con una notable reducción en los niveles de pobreza, buenos indicadores sociales en materia de salud, importantes avances en educación, con relativamente bajos niveles de corrupción y un marco institucional que genera un alto grado de confianza para los inversores.
Sin embargo, es evidente que aún queda un largo trecho para llegar a ser un país desarrollado, y que para alcanzar ese desafío, es fundamental mantenerse en un proceso continuo de perfeccionamiento en la calidad de las instituciones. La historia arroja pruebas contundentes que vinculan el éxito en el desarrollo económico de distintos países con el tipo y calidad de sus instituciones. Más aún, muestra cómo procesos exitosos de desarrollo económico pueden revertirse, provocando importantes retrocesos, producto de un deterioro en el marco institucional. El bajo nivel de aprobación con que cuentan las instituciones políticas hoy, fenómeno que por lo demás no sólo se da en nuestro país, es altamente preocupante, toda vez que amenaza con terminar en una total deslegitimización del sistema. Hace ya varios años que viene observándose una baja en la participación ciudadana en los procesos electorales, lo que de por sí resta representación a las autoridades electas. Ello, en el extremo, puede fortalecer a grupos anárquicos o antisistémicos, o sembrar el camino para caudillismos tan conocidos en la historia latinoamericana.
El daño a la imagen de las instituciones políticas que han generado los llamados caso Penta y Caval es enorme, tal cual lo reflejan las encuestas de opinión pública, por lo que la respuesta de las autoridades políticas debe ser realmente contundente, si se desea recuperar en algún grado las confianzas perdidas. El nombramiento de una comisión presidencial para realizar propuestas concretas, en un plazo breve, tendientes a regular el vínculo entre dinero y política, combatir el tráfico de influencias y la corrupción, es sin duda una buena señal.
La composición de la comisión, que destaca por un alto nivel técnico, permite estimar que realizará aportes valiosos. Más aún, las propuestas de esta instancia, aunque no son vinculantes, deben luego traducirse en iniciativas legislativas, las que dada la delicada coyuntura política, que en distintas formas involucra con irregularidades a un amplio espectro político, deberían contar con un amplio apoyo en el Congreso.
Es razonable pensar que, luego de esta crisis, las instituciones deberían salir fortalecidas. Deberíamos esperar una nueva ley de financiamiento a la política, que corte en forma nítida el vínculo entre intereses corporativos privados y el financiamiento de campañas electorales. También es razonable esperar que la “vigilancia” hacia los funcionarios públicos se haga mucho más intensa, de manera de evitar casos de corrupción, tráfico de influencias y cohecho, además de aumentar las penas asociadas a faltas o delitos en este ámbito. La regulación al lobby debe ser muy precisa, y su actividad debe tener restricciones muy claras, como por ejemplo su incompatibilidad con la militancia en un partido político.
Por el lado privado, las sanciones a los llamados delitos de cuello y corbata, deben ser incrementadas sustancialmente, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos, que al mismo tiempo entregan muchas libertades a la iniciativa empresarial y grandes penas para quienes violen las leyes en el ámbito de los negocios. El uso de información privilegiada, el cohecho, el tráfico de influencias o la colusión de precios, por nombrar delitos recurrentes, deben ser sancionados con penas de cárcel efectiva y, cuando corresponde, con multas que superen largamente los beneficios económicos obtenidos en la comisión del delito.
Lo paradojal de esta crisis de confianza en las instituciones, es que genera una interesante oportunidad. Si se aprovecha con visión de Estado, puede tener como corolario una importante recuperación en el prestigio de varias instituciones actualmente cuestionadas. Estas crisis permiten generar consensos que, en tiempos “normales“, parecen imposibles. Lo lógico es que, al menos para salir de este impasse, se retome la perdida práctica de la “política de los acuerdos”, donde los intereses de ambos bloques políticos convergen en la necesidad de recuperar la confianza pública en la política y los políticos.
Desde ya se puede especular, sin gran riesgo de equivocación, que en esta coyuntura el Poder Judicial, y en particular el Ministerio Público, han mejorado significativamente su imagen frente a la opinión pública. De hecho el rol positivo que ha cumplido este poder del Estado, que actúa como una suerte de ancla que entrega confianza en las instituciones del Estado, se ha podido realizar gracias a la reforma procesal penal, que permite separar el rol de jueces y fiscales y, muy importante, que hace público los procesos, de manera que la ciudadanía puede conocer el desarrollo de los mismos.
Por último, y siempre viendo esta crisis como una oportunidad, el descontento de la ciudadanía, que se ha sentido muchas veces abusada por el sistema, puede poco a poco revertirse cuando se constata que los privilegios de los ricos y poderosos tienen límites claros en el Estado de derecho. Así, más que seguir sustituyendo al sector privado por la previsión pública de servicios, o sobrerregulando el funcionamiento de los mercados, pensar en un marco legal que incrementa las sanciones a quienes delinquen parece ser una opción más segura.
*Este análisis apareció originalmente en el informe mensual de marzo de la consultora Gemines
