PAÍS
Javier López a la izquierda, en su graduación, junto a la expresidenta M. Bachelet y su padre (cedida)
Excarabinero baleado por encapuchados en Tirúa recurre a Comisión Interamericana de DDHH
En 2014, Javier López era aspirante a oficial de la policía uniformada cuando un tiro de fusil le atravesó el cuerpo, mientras volaba en un helicóptero en la Provincia de Arauco. Demandó al fisco por falta de servicio, pero la Suprema falló en su contra.
La Corte Suprema rechazó el recurso interpuesto por el exoficial de Carabineros Javier Esteban López Manríquez, confirmando con ello la sentencia que desestimó su demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio contra el fisco de Chile. Ante ello, el expolicía anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 27 de diciembre de 2014, cuando López era aspirante a oficial y su padre ejercía como prefecto de Carabineros de la Provincia de Arauco, abordó junto a este un helicóptero institucional en Cañete, luego de que se detectara a varios encapuchados armados que se movilizaban en una camioneta, y sobre quienes se pensaba que se trataba de los mismos violentistas que a mediodía habían atacado con disparos a una patrulla de uniformados. Su misión era obtener fotografías de los sospechosos.
A bordo de la aeronave, además de los pilotos, iba el teniente de la Comisaría de Cañete Walter Barramuño, quien posteriormente relataría en el sumario administrativo que, cuando volaban, a eso de las 19:00 horas, pudo observar que había cerca de 15 cortes de ruta y que en una camioneta azul se movilizaban al menos tres encapuchados, a los observaron desde unos 300 o 400 metros de altura en el sector de Quidico, comuna de Tirúa.
Momentos después la camioneta se detuvo y aparecieron otros dos encapuchados, uno de los cuales hizo el gesto de apuntar hacia arriba, aunque Barramuño dijo que no alcanzaba a ver si tenía un arma o solo era el ademán.
Javier López, por su parte, relató en el sumario que, al ver el helicóptero, los “sujetos se bajaron de la camioneta en forma organizada, táctica, y se parapetaron en el bosque”.
Acto seguido, como dijo uno de los pilotos, Felipe Jaque Guíñez, “se sintió un fuerte impacto producto de disparos efectuados por individuos desconocidos”.
Barramuño aseveró que “en el lapso de segundos se sintió un fuerte golpe en el helicóptero, seguido de un grito del aspirante, quien señalaba que le habían disparado. En ese mismo momento mi coronel enfundó su armamento y comenzó a revisar a su hijo y cuando levantó la camisa comenzó a salir mucha sangre desde la espalda, disponiendo mi coronel a los pilotos que nos retiráramos del lugar”.
Javier López precisa que “lo que buscaban era derribarnos”, pues fueron varios disparos, pero solo uno de ellos dio en el blanco. La bala –calibre 5.56 o 7.62, nunca se determinó con exactitud– atravesó la cabina del helicóptero y dio de lleno en él: “Me atravesó completamente”, recuerda.
Tras penetrar buena parte de su tórax, el proyectil salió por el costado izquierdo de su cuerpo. Pese a la gravedad de la herida, nunca perdió el conocimiento, ni siquiera en uno de los momentos más dramáticos de esa jornada, que fue descrito en el sumario por el entonces teniente Barramuño, quien declaró que, aunque el destino inicial era el Hospital Naval de Talcahuano, “luego de cinco a 10 minutos el aspirante comenzó a vomitar sangre”, por lo cual López padre ordenó aterrizar en Cañete, para atender al joven (de 22 años en ese momento) en el hospital local, tras lo cual lo llevaron a Concepción.
Allí, el único especialista en heridas cardiotorácicas que estaba en la zona viajaba hacia Cabrero, cuando escuchó la noticia del atentado, ante lo cual decidió regresar y constituirse en el Hospital Regional, salvando la vida del aspirante, quien sufrió una toracotomía desde la manzana de Adán hasta el ombligo, todo lo cual pudo resistir debido a su edad y la buena condición física en que se encontraba.
La bala le provocó una fractura de la apófisis espinosa de la vértebra T11, fractura del décimo arco costal, neumotórax derecho y una laceración en el lóbulo inferior del pulmón derecho, además de la anemia que sufrió por la pérdida de sangre.
El calvario
Luego del atentado, el sumario administrativo correspondiente dictaminó que las heridas recibidas por el aspirante a oficial las había sufrido en un acto de servicio y casi dos meses más tarde se reintegró a la Escuela de Carabineros, donde cursaba el tercer año.
Sin embargo, como él mismo relata, de a poco comenzaron a aparecer secuelas. Además de las psicológicas, comenzó a notar que tenía menos capacidad aeróbica, que se cansaba demasiado y que no podía estar de pie mucho rato. A ello se sumó el bullying que comenzó a sufrir, que se expresaba en comentarios como que “andaba paseando” cuando se produjo el ataque armado.
Al mismo tiempo, la carrera de su padre llegaba a su fin, pues además de que lo removieron de la prefectura (enviándolo a la jefatura de operaciones de la VIII Zona de Carabineros, una posición sin mando de tropa), a fines de ese año el entonces general director, Gustavo Villalobos, lo llamó a retiro, pese a que se encontraba con licencia médica, dadas las secuelas psicológicas del momento que vivió.
Javier López relata que producto de las secuelas sus notas comenzaron a bajar. Los dolores, indica, “eran terribles” y pese a que tenía certificados del Hospital de Carabineros explicando su condición médica, asevera que le exigían lo mismo que a los demás, a tal punto que “estuvieron a punto de negarme el egreso”.
No obstante aquello, logró hacer su práctica profesional en San Miguel, en el verano entre 2015 y 2016, pero en febrero de este último año vivió una crisis muy seria, cuando no pudo bajar del carro policial en que se encontraba, porque no sentía las piernas.
Paralelo a ello, acusa que la investigación que inició el Ministerio Público por el atentado nunca dio resultados y todos sus problemas de salud, como consecuencia del atentado, desembocaron en una serie de licencias médicas que se extendieron por 865 días y un tratamiento muy costoso –que asumió Carabineros– de neuroestimulación de cordón posterior.
La baja
El 17 de enero de 2020, la Comisión Médica de Carabineros decidió dar de baja al entonces subteniente López, alegando “imposibilidad física” por padecer una patología incurable que, a juicio de la instancia, “lo imposibilita para seguir prestando servicios en Carabineros de Chile”, sin concederle una pensión de invalidez de segunda clase, a la cual aspiraba López.
Ante ello, su abogado, Marco Ossandón, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero el tribunal de alzada lo rechazó el 29 de julio de 2020, estableciendo que el organismo médico actuó dentro de sus facultades legales, aunque reconocía que las heridas fueron producto de un acto de servicio.
Tras ello, el exoficial –que ahora estudia derecho– interpuso una demanda en contra del fisco por falta de servicio, ante el Primer Juzgado Civil de Concepción, aseverando que pese a ser lesionado en un acto policial, el Estado no le proveyó de medidas de protección, como casco o chaleco antibalas, afirmando además que “en lugar de verse amparado y protegido para recuperar su salud”, fue “víctima de acoso laboral y continuas molestias y hostigamiento”, antes de su baja y la denegación de una pensión de invalidez.
Sin embargo, tanto el tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones de Concepción y finalmente la Suprema (en marzo pasado) fallaron en su contra. En su sentencia, el máximo tribunal del país asevera que la participación de Javier López en el vuelo no es responsabilidad de Carabineros, “cuando fue el propio padre del actor quien, infringiendo la normativa institucional y las instrucciones internas vigentes, decidió que su hijo lo acompañara en un procedimiento policial, encontrándose éste último, además, haciendo uso de su feriado legal”, entre otras consideraciones.
La CIDH
Ante ello, Javier López dijo a El Mostrador que “estoy dolido, desilusionado del sistema también, que deja en desprotección a un agente del Estado que estaba cumpliendo funciones. La sentencia hace hartas menciones al hecho de que yo estaba con feriado o a que no tenía autorización, pero eso es rebatible, porque siendo aspirante a oficial yo era carabinero las 24 horas del día, 365 días del año y, aunque efectivamente estaba de de vacaciones, aún así contaba con las autorizaciones del caso”.
Al respecto, detalla que “con la premura de las circunstancias esas autorizaciones no se dieron por escrito, pero eso tampoco se acostumbra, porque la mayoría son órdenes verbales dadas por radio o por teléfono”.
A su juicio, lo que muestra la sentencia es “la desprotección que tiene el servicio de un carabinero, porque esto le pudo haber pasado a cualquier policía que está franco, de vacaciones, y que puede presenciar un hecho ilícito y tiene que constituirse por norma legal”.
Ante ello, explica que junto a su abogado recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque “acá se están vulnerando derechos fundamentales expresos. Acá, el Estado está institucionalizando la impunidad”, concluye.
Lea la sentencia de la Corte Suprema
