La baja expectativa del empresariado ante la Reforma Tributaria: peor es nada

La sensación del sector privado en medio de las tensas horas que vive la Reforma Tributaria es de desazón. Esto, pues, si bien hay un alineamiento en que lo mejor sería que se apruebe la idea de legislar, las cúpulas empresariales, tanto de la Sofofa como de la CPC, saben que el proyecto original se ha desdibujado.

La mayor sorpresa vino de la mano de las nuevas medidas que se anunciaron ayer, entre ellas, que las inversiones que se realicen en regiones deberán “dejar” el 1% de lo que invertirán en una especie de fondo regional, para propender al desarrollo de los territorios donde se ejecutan sus proyectos.

Pese a la buena intención de la iniciativa en el papel, entre los empresarios se sacó rápidamente la calculadora para proyectar qué costos tendrá esto en sus compañías y si la integración prometida en la reforma, por sí sola, tiene el contrapeso necesario para equilibrar esta medida y que de todos modos se les genere un ahorro.

“Nosotros creemos que el país y el Parlamento no se pueden tapar los oídos (…). El llamado es a abrir los oídos a lo que está pasando en el mundo y legislar de cara a la ciudadanía frente a las demandas de empleo y salarios, y la Reforma Tributaria es la llave para destrabar algo que no se destrabó el año pasado, que es la inversión que genera empleo», dijo ayer el presidente de la CPC, Alfonso Swett, en el marco del debate.

¿Pero por qué para los privados parece mejor opción que se legisle sobre la reforma? La respuesta sería sencilla: peor es nada.

La lectura es que sería difícil que un próximo candidato presidencial de la derecha, si se cae la idea de legislar, logre que se debata cualquier tipo de Reforma Tributaria, teniendo un precedente tan negativo a mano.

Quedarse al menos con la alternativa de simplificar, sería lo menos malo. Esto, teniendo en cuenta que el objetivo primario de los empresarios era debatir en torno a la baja de la tasa corporativa, algo que se les respondió como un portazo en varias ocasiones por parte del propio Presidente de la República.

Del sector gremial, comentan que han intentado sostener un diálogo técnico con personeros políticos y que han estado en intensas conversaciones para que no se le diera una negativa a la reforma sin debatirla en Sala. Liderando este diálogo la CPC, que se ha dicho que tiene mayor sintonía con la actual administración de Piñera.

Pese a ello, el sector empresarial atraviesa una sensación de desafección con el Gobierno que está siendo difícil maquillar, viendo que casi todas las ideas de fuerza con que se inició el mandato del presidente Piñera se han desdibujado. Como ejemplo, la Reforma Laboral se convirtió en una serie de proyectos que tienen impacto acotado en el sector privado. Y la vinculación del empresariado con el ministro del ramo, Nicolás Monckeberg, es casi nula.

El menú se completa con un escenario económico internacional con las principales potencias mundiales ajustando sus proyecciones de crecimiento para 2019 y Chile también haciendo eco de sus propios dramas, como el menor consumo o la menor inversión extranjera, que ayer anotó cifras poco alentadoras, tras caer en el período enero junio 74% según el Banco Central, su peor registro desde el año 2004 en dicho período.

La noticia de que la DC apoyará la votación era ciertamente “esperable” desde la vereda empresarial, que había estado en varios telefonazos con el partido para exponerle precisamente sus aprensiones: si no es ahora, no sería nunca.

Eso, pese a que los principales gremios del país han evidenciado ciertas diferencias a la hora de ver la reforma.

Si bien Swett insistió esta semana en una agenda que persigue la aprobación, su par en la Sofofa, Bernardo Larraín, dijo el 1 de abril –en sus últimas declaraciones públicas sobre la materia– que, así como iba la discusión, “mejor no hacer nada”. Algo con lo que coincidió en una entrevista, el fin de semana, el ex ministro de Hacienda Rodrigo Vergara.

No hacer nada sería una opción demasiado vertiginosa para el Gobierno, que ya ha sido advertida por algunos observadores de la realidad política e institucional.

“Este segundo año de Gobierno es clave, dado el calendario electoral que marcará los siguientes (Gobernadores Regionales, Municipales, Parlamentarias y Presidenciales). El Gobierno debiera impulsar con fuerza los ejes de su agenda, donde tendrá un rol central la Reforma Tributaria, cuyas negociaciones se desarrollan con cierto sigilo que indica que el tema está en la mesa de conversaciones con la oposición parlamentaria. Conceptualmente es un tema clave para un Gobierno de derecha. El otro gran punto es Seguridad, donde parece que se está haciendo exactamente al revés, desplegándose en los medios y con tendencia a cierto populismo penal, descuidando la negociación política. En el caso de Educación se ha caído en un diseño al parecer no planificado estratégicamente y donde claramente falta política (de la buena) y ha caído en lo directamente confrontacional. El Gobierno será puesto a prueba entonces en al menos estos grandes ejes, donde deberá desplegar todas sus habilidades (ya no distraídas en el exterior) para afianzar el camino de un potencial tercer mandato del sector con el apoyo involuntario de la oposición invisible con que hasta ahora ha contado”, comentó Gemines en su informe de marzo.

En el empresariado también existe una cuota de realismo. Reconocen que, una vez en Sala, cuando se desmenuce el debate, es probable que muchas de las ideas de la reforma se desdibujen. Por ejemplo, que avance el sistema de depreciación instantánea, que en palabras simples es llevar el 100% de la inversión a gasto.

Con todo, entre los empresarios se ha instalado incluso la duda respecto a si con un débil primer semestre, que no crecería más de 2,2% a 2,3%, será posible que el año termine con un crecimiento de 3%, y con ello los ánimos se desinflan. Las señales son confusas. Ayer, por ejemplo, se conocieron las cifras de las ventas de autos, que cayeron 9,5% en marzo, su peor registro desde 2015.

La sensación generalizada, que se extiende más allá de la arena política, es que el cambio de gabinete es mandatorio, aunque se le “perdone” la vida a Economía, pero que esto implicará un ajuste relevante a nivel de subsecretarios en las carteras económicas y de ministros sectoriales, por ejemplo, en Minería –sector eje del crecimiento país– y en Trabajo.