En USA los fiscales aparecen en películas. Son personajes implacables en su búsqueda de la justicia, y representan la sed de justicia del pueblo. Si bien son caricaturas, nunca falta en ejemplo en la vida real.
En Chile, existe el Ministerio Publico solo desde 1999, por lo que podríamos decir que es relativamente joven, pero hoy enfrentado a un claro proceso de maduración, un proceso en que se verifica que en uso de sus facultades pueden investigar, formalizar y obtener condenas sin importar el poder, clase social o poder económico.
En casos como el de Penta, Cascadas y otros, vemos una generación de fiscales altamente capacitados que se asesoran por organismos técnicos, sin temer al “caiga quien caiga” y eso los empodera.
Este empoderamiento, manda una señal clara al mercado: el Ministerio Público y sus fiscales, no tendrán miramientos en la persecución penal, mensaje que esperemos calme los ánimos defraudatorios de las ovejas negras del mercado, y además les señala que ellos no son corruptibles.
El mercado, ya sabemos, no se regula solo, y los fiscales de alguna manera están atentos, incluso a través de la prensa señalan que el foco se pondrá en la responsabilidad penal empresarial, en directores y dueños de empresas; ya no se cortará el hilo por lo más delgado. Chile es un país que está abriendo los ojos respecto de la gravedad de los delitos de cuello y corbata.
El desafío está en el Congreso, falta dotar al Ministerio Público de un Código penal, con sanciones acordes al perjuicio que se le causa al mercado, en simple, subir las penas, cerrar posibilidades de salidas alternativas, que hoy son muchas, evitando que, frente a la opinión pública, jueces y fiscales se vean como “débiles”; estamos en 2015, regidos por un Código con alrededor de 150 años de antigüedad.
Del mismo modo, dotar de más personal, a efectos de que persecuciones de gran connotación publica no signifique para delitos “menos” graves, menos investigación, o menos tiempo de dedicación.
La importancia de nuestros fiscales hoy queda clara, la analizo –reitero– por su relativa juventud como institución.
En momentos en que escribía esta columna, se sabe de la muerte del fiscal Nisman. No se debe explicar, por ser obvio, el mal que le causa al sistema judicial completo la muerte tan sospechosa de quien investiga en favor de la justicia y la verdad.
El fortalecimiento completo de nuestro sistema jurídico, y de seguridad pública, es un desafío que todos los días tiene provocaciones, y debemos entender que la muerte de un fiscal o la muerte de un carabinero, son igual de lamentables que la de un civil, pero el temor y sensación de inseguridad que infunden son mayores, y se debe trabajar para evitarlas.
