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Acusaciones dignas de James Bond en pelea entre las AFP, Moneda y Julio Ponce

Acusaciones dignas de James Bond en pelea entre las AFP, Moneda y Julio Ponce


Digna de una novela de espionaje se está convirtiendo la trama de peleas entre las AFP, Moneda y Julio Ponce Lerou.

En las juntas de accionistas de las cascadas ayer se sacaron chispas.

SQM y las cascades enfrentan una dura crisis como resultado del quiebre del cartel del potasio en Rusia.

En las juntas de ayer Moneda cuestionó los pagos a los directorios y los gastos legales de las sociedades.

La administración de Ponce propuso una reducción del 50 % de la dieta que reciben los directores, bajándola a US$ 1,3 millones anuales (incluye directorios de Oro Blanco, Nitratos, Calichera y Potasios), pero para Moneda eso no es suficiente. Alegan que el total de gastos de administración de las sociedades cascadas es de US$ 10,5 millones, lo que califican de "exorbitante" y, de paso, cuestionan el sueldo de Ponce.

Pero la disputa llegó a niveles casi surrealistas con lo ocurrido en un directorio de Nitratos, hecho que fue revelado en una carta enviada por el gerente general de dicha compañía, Ricardo Moreno a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) .

Moreno informó a la SVS que Pedro Pellegrini, director independiente elegido con los votos de las AFP, grabó sin aviso conversaciones informales del directorio en la reunión de la semana pasada.  

"El señor Pellegrini ha incurrido en una irregularidad que amerita ser puesta en conocimiento de esa superintendencia, toda vez que los directores no se encuentran legalmente autorizados para grabar las sesiones de directorios por sus propios medios, ni menos continuar la grabación luego de haber concluido la sesión respectiva", indicó el .

Agregó que "la grabación de las sesiones está a cargo de la sociedad a través de la secretaria, que actúa para estos efectos como ministro de fe, pudiendo únicamente grabarse aquello que se hubiere discutido durante la sesión y no lo que se hubiere conversado informalmente una vez terminada".

Aseguró que estos hechos podrían configurar el delito tipificado en el artículo 161-A del Código Penal, que sanciona a quien "en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado".

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