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MERCADOS

Alta tensión en Superintendencia de Servicios Sanitarios: crecientes cuestionamientos a la gestión de Bruna

por 29 marzo, 2019

Alta tensión en Superintendencia de Servicios Sanitarios: crecientes cuestionamientos a la gestión de Bruna
En medio del ruido que ha generado el abultado patrimonio del superintendente, los cuestionamientos en su contra crecen al interior del organismo. Sin mediar concursos públicos, en 2018 ejecutó contrataciones directas por más $142 millones, en asesorías, de personas con vínculos en el mundo político, como el ex jefe de gabinete en el MOP de Alberto Undurraga y antiguos colaboradores del actual ministro Juan Andrés Fontaine, quien ha salido a respaldar la gestión de Bruna. La SISS niega la existencia de algún conflicto de interés, pero eso no acalla las críticas.
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Hace un tiempo que la figura de Ronaldo Bruna en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) hace ruido. Su gran patrimonio, de hecho, supone información novedosa para quienes cuestionan su autoridad dentro de la entidad.

Como publicó a principios de esta semana El Mostrador, Bruna registra un abultado patrimonio, con la compra de casi una treintena de departamentos en menos de un año, lo que ha puesto el foco estos días en este superintendente, quien, desde que asumió a la cabeza de la SISS, progresivamente ha sido cuestionado en más de una ocasión y en distintas instancias dentro del Gobierno.

Funcionarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios han acudido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) –repartición de la cual depende la SISS–para presentar antecedentes en relación con la gestión de Bruna, pero el ministro Juan Andrés Fontaine ha hecho oídos sordos al respecto. Hasta ahora.

Fontaine ha respaldado a Bruna estos días, lo calificó de "competente, comprometido, profesional y serio", pero a renglón seguido reconoció que su situación patrimonial "merece obviamente ser analizada".

Cuestionadas asesorías

Uno de los cuestionamientos que más se repiten contra la gestión de Bruna, son sus altos niveles de gastos a través de distintas contrataciones directas, que van desde ostentosas remodelaciones de oficinas hasta contratos con consultores específicos que, potencialmente, podrían revestir conflictos de intereses.

Uno de ellos es el que hizo Bruna el 8 de marzo del 2018, tres días antes del cambio de Gobierno. Firmó un contrato con PSD Consultores por $33,3 millones, una asesoría para "la gestión interna de los procedimientos administrativos de sanción". La idea consistía en que esta consultora realizaría un diagnóstico para identificar debilidades, fortalezas y puntos críticos de los procedimientos sancionatorios. Además, debía asesorar al equipo jurídico-administrativo encargado de instruir tales procesos.

Lo que generó ruido en la SISS es que PSD Consultores es una empresa ligada a Gabriel Alemparte, quien hasta el año pasado fue el jefe de gabinete de Alberto Undurraga, ex titular del MOP. PSD se había constituido como sociedad recién en enero de 2018, pocas semanas antes de este contrato, con un patrimonio de $2 millones. Fue una contratación directa, sin mediar concurso público.

El Mostrador Mercados contactó al ex jefe de gabinete de Undurraga, quien aclaró que para entonces ya no era asesor del MOP. “Realicé durante parte del año 2018 y principios de 2019 una asesoría para trabajar e implementar una mejora en los procesos sancionatorios de la SISS, ello significó un trabajo en que durante el año 2018 la SISS recibió informes en derecho, un compendio de jurisprudencia y un plan piloto de monitoreo permanente, que significó que la SISS mejorara sus procesos e informara, hace pocos días públicamente, que en 2018 aumentó al doble la recaudación por sanciones y los procesos terminados. El trabajo está hecho con detalle, mes a mes, informado y tiene un informe final de más de 200 páginas”, explicó Alemparte.

Bruna llevó adelante una sofisticada remodelación de oficinas que aumentaron las críticas internas en la SISS. Teniendo como referencia las dependencias de la FNE, efectuó arreglos y cambios por $25,7 millones, incluyendo nuevas cortinas y la compra de cuatro sitiales modelo Bilbao por un total de $1.148.000. No solo eso, cuenta con dos choferes –algo inédito en la SISS–, el primero, contratado en enero de 2017, y el segundo, cuatro meses después.

La contratación de asesorías de sociedades vinculadas a personeros de Gobierno no cesan ahí. En agosto del año pasado, la SISS contrató a la empresa Hermann Consultores, ligada a Jorge Hermann, ex jefe de la División de Estudios del Ministerio de Economía, cuando Fontaine encabezaba dicha cartera en 2010. Antes, fue analista económico de Fontaine Consultores, sociedad vinculada al actual jefe del MOP.

"La SISS, en apoyo del proceso de discusión legislativa, requiere contratar una asesoría económica para el proceso de diseño y elaboración de propuestas con miras a mejorar la regulación e institucionalidad del sector sanitario. El desarrollo de la consultoría deberá considerar, a lo menos, los antecedentes numéricos, económicos, tarifarios y regulatorios aportados por la SISS, así como los demás antecedentes aplicables a la materia, incluyendo las buenas prácticas en materia de regulación de servicios sanitarios y demás requerimientos que, se acuerden con la contraparte técnica para el mejor logro de los objetivos de este contrato", reza la resolución a través de la cual se contrató a Hermann.

El monto total de ese contrato, el cual fue por vía directamente, alcanzó poco más de $8 millones. Y en total, la SISS desembolsó más de $142 millones en contrataciones directas.

La SISS respondió las interrogantes para este artículo:

-¿Se tomaron medidas de prevención para los conflictos de interés que surgen de esas contrataciones directas?
-No hay conflictos de interés en esas contrataciones y las medidas de prevención son las que están incluidas en la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y las recomendaciones de las mismas. La SISS es un organismo técnico del Estado, cuya renovación de sus autoridades no coincide con la designación de las autoridades políticas. Las asesorías técnicas que requiere, son tomadas al margen de lo anterior y buscan optimizar la fiscalización y regulación del sector sanitario.

-¿Por qué no hubo concursos públicos para esos estudios?
-Las contrataciones se realizaron apegados a la Ley de Compras Públicas N° 19.886, Art.8 y el Art.10 N°7, de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250/04 del Ministerio de Hacienda.

-¿Cómo la SISS ha medido la utilidad de los informes contratados?
-En el primer caso, las modificaciones y recomendaciones entregadas sirvieron para aumentar la velocidad del procedimiento y la cantidad de casos cerrados de numerosos procesos de sanción, que pasó de 78 en 2017 a 153 procesos en 2018. Por un total de 12.945 UTA, es decir, 7 mil 500 millones de pesos aproximadamente. En 2017 se aplicaron multas por 6.981 UTA, aproximadamente, son 4 mil millones en 2017. Lo anterior implicó un aumento en el monto de las multas en 85%, y en 90% en el número de procesos cerrados. Para el segundo caso, nos ha permitido disponer con informes y definiciones técnicas para la discusión a la ley de servicios sanitarios que se estudia en la Mesa Técnica de OO.PP. del Senado.

En efecto, las sanciones de la SISS crecieron con fuerza. Sin embargo, al interior del organismo hay quienes sostienen que, en general, estas multas no son eficientes ni disuasivas. "No se ha logrado corregir el comportamiento (acción u omisión) que infringe la normativa sanitaria, puesto que, si bien los montos son superiores en promedio a las 50 UTA, las multas se aplican tardíamente debido a la falta de funcionarios dedicados a estas materias, asimismo por la falta de recursos económicos debido a las desviaciones de pago de asesorías, consultorías y de estudios, por lo demás desconocidas, para la institución", sentenció un funcionario de la superintendencia.

Dicha fuente agregó que "tampoco tienen el carácter de preventivas, ya que se reiteran los mismos incumplimientos e infracciones una y otra vez por falta de infraestructura sanitaria, inversiones que impactan negativamente en la calidad y continuidad de los servicios sanitarios. Es así que, durante toda la gestión del superintendente, se han aplicado en un 98% multas que afectan la calidad del servicio, olvidándose además de los problemas de facturación. La SISS en esta administración no ha logrado mejorar los estándares de servicio dejados por la administración anterior y, más aún, el número de multas da cuenta de un empeoramiento".

Vida de ministro

Bruna llevó adelante una sofisticada remodelación de oficinas que aumentaron las críticas internas en la SISS. Teniendo como referencia las dependencias de la FNE, efectuó arreglos y cambios por $25,7 millones, incluyendo nuevas cortinas y la compra de cuatro sitiales modelo Bilbao por un total de $1.148.000. No solo eso, cuenta con dos choferes –algo inédito en la SISS–, el primero, contratado en enero de 2017, y el segundo, cuatro meses después.

Tras la compleja salida de Boris Santander, su ex mano derecha, quien dejó el cargo tras serias acusaciones por faltas a la probidad, Bruna cuenta en la actualidad con cinco asesores, quienes suman una renta percibida bruta que supera los $165 millones en menos de un año, salvo uno de sus colaboradores que llegó a fines de 2017.

Hace poco se fue de vacaciones a Malta y desde allá instruyó que se le habilitara el servicio de roaming para comunicarse desde su celular de trabajo. Se cuestionan sus viajes hacia el extranjero e, incluso, su gasto en movilización, considerando que solo en marzo la SISS desembolsó más de $200 mil en TAG y peajes.

El caso Santander sigue dando vueltas en la señalada superintendencia. El ex asesor jurídico llegó en agosto de 2016 y, hasta enero de 2018, recibió una renta acumulada bruta de más de $140 millones. Su salida se dio poco antes de la existencia de denuncias en su contra en la Contraloría General por faltas a la probidad administrativa y acoso. El ente fiscalizador emitió un informe en marzo de este año y por estos días se discute la responsabilidad final de Bruna.

Momento complejo

Los cuestionamientos a Bruna estallan en momentos en que la SISS discute con Aguas Andinas las bases para su tarificación durante el período 2020 y 2025. Este hecho ha enfrentado a la autoridad con una de las mayores empresas sanitarias del país.

Es en este contexto que al interior de la superintendencia hay quienes creen que los cuestionamientos contra Bruna salen a la luz en medio de esta compleja negociación, sin embargo, desde el organismo sostienen que su autoridad viene generando críticas desde hace tiempo y se ha planteado en varias ocasiones al MOP a través de jefaturas secundarias, ya que Fontaine no ha conocido en detalle estos hechos.

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Envíada por Pietro Sferrazza T | 7 diciembre, 2019

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