El Estado, es decir Moya, tiene que pagarle a la empresa que concluyó los trabajos pendientes, pero también deberá seguir haciéndolo a la compañía Corsan Corviam Constructora S. A., luego de que la Contraloría rechazó el término anticipado del contrato que el IND decidió unilateralmente y sin pedirle parecer a nadie. No es todo: el Fisco se expone a una demanda millonaria por parte de Corsan, que ahora tiene la sartén por el mango.
El viernes 17 de abril, la ministra del Deporte, Natalia Riffo, con la acostumbrada parafernalia de este tipo de actos, dio por aprobadas las obras del flamante estadio “Zorros del Desierto” de Calama, y ejecutando el simbólico puntapié inicial, inauguró el recinto que dejó definitivamente atrás el reducto de madera que sirvió de escenario a los grandes triunfos de un Cobreloa que ahora, sin embargo, lucha denodadamente por no perder la categoría.
Lo que nadie sabía, en ese momento, es que detrás de ese protocolar acto existe un conflicto legal que en cualquier momento puede estallarle en la cara al gobierno de la Presidenta Bachelet: en diciembre de 2014, aduciendo diversas demoras en la ejecución de las obras, el Instituto Nacional del Deporte (Chiledeportes) decidió cancelar unilateralmente el contrato con la empresa constructora del recinto, Corsan Corviam Constructora S. A., y entró en negociaciones con otra para concluir los trabajos todavía pendientes.
Es bueno recordar: el IND llamó a una licitación para la construcción del nuevo estadio de Calama, pero al resultar ésta desierta, llegó a un acuerdo directo con Corsan, que comenzó las obras a fines de 2012.
El problema es que dicha resolución del IND, la N°24/2015, fue rechazada por la Contraloría General de la República mediante el dictamen N° 27.375/2015, aduciendo que no se encontraba totalmente tramitada. En otras palabras, no había “toma de razón” por parte del organismo contralor.
La “toma de razón” es el procedimiento de control preventivo a través del cual la Contraloría verifica la constitucionalidad y legalidad de los decretos y resoluciones que, de conformidad a la legislación, deben tramitarse ante ella. Dicho claramente, el Instituto Nacional del Deporte, y por lo tanto su organismo superior, el Ministerio del Deporte, se saltaron olímpicamente este paso fundamental para que sus decisiones no vulneren la ley ni la Constitución.
El caso es aún más grave si se considera que la Contraloría ya antes había rechazado el término anticipado del contrato con la empresa Corsan Corviam Constructora S.A. mediante el oficio N° 19.972, en poder del Ministerio y del IND desde los meses de verano.
¿Qué dicen, en líneas gruesas, ambos dictámenes de la Contraloría? Que la resolución del IND no se ajusta a derecho, toda vez que el organismo estatal no logra configurar la causal de término anticipado del contrato, aduciendo ampliaciones de plazos que ellos mismos autorizaron mediante los correspondientes actos administrativos.
No sólo eso: en el párrafo antepenúltimo de su oficio N° 27.275/2015, el organismo contralor agrega que hay una evidente omisión por parte del IND, al no responder las preguntas que reiteradamente le hizo la empresa para intentar superar el problema. Concluye la Contraloría que el IND tiene responsabilidades en el mal manejo del contrato.
Sin embargo, el IND y su organismo superior, el Ministerio del Deporte, han ignorado absolutamente ambas resoluciones de la Contraloría. Ello quedó de manifiesto cuando, el 19 de marzo de 2015, mediante el oficio N° 1244, el Instituto Nacional del Deporte devolvió a la empresa la documentación de respaldo del estado de pago N° 16 del contrato denominado “Normalización Estadio de Calama”.
Con la sartén por el mango luego de dos dictámenes favorables de la Contraloría, la empresa le dirigió a Sergio Arévalo, jefe de la División de Desarrollo del IND, encargada de la infraestructura, y desde diciembre director subrogante del Instituto, una carta ingresada el 24 de marzo a la oficina de partes del servicio en que le expresan textualmente: “El no pago de las obras ejecutadas y reconocidas por la entidad mandante, de acuerdo con el contrato que vincula a las partes en conformidad con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, constituye un enriquecimiento sin causa en perjuicio del contratista, e implica una transgresión al debido ejercicio de la función pública, acarreando las responsabilidades correspondientes al funcionario que incumple sus obligaciones”.
Hasta ahora, sin embargo, el Director subrogante del IND (muy amigo de la ministra Riffo, como apuntaron fuentes al interior del servicio), como si oyera llover. Porque en esa misma carta la empresa le recuerda que le han pedido audiencia en reiteradas oportunidades para zanjar este problema, sin tener, hasta ahora, la más mínima respuesta.
La responsabilidad de Arévalo, en este caso, sería doble, toda vez que como jefe de la División de Desarrollo, que tiene que ver con las obras de infraestructura, era quien debía monitorear los trabajos que se ejecutaban en la construcción del recinto calameño. Una de dos: o no se dio cuenta de que las remodelaciones presentaban un considerable atraso que ameritara poner fin al contrato en forma anticipada o, simplemente, jamás cumplió con su tarea.
El problema es que la ministra Riffo, como jefa superior del IND, hasta ahora no ha adoptado ninguna medida. Ni obligando a Arévalo a solucionar un problema legal provocado por su propio servicio, ni persiguiendo las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los groseros errores cometidos, y que pertenecen al Departamento Jurídico.
Dicho departamento, como apuntaron fuentes del IND, estaba a cargo de un abogado en comisión de servicio que, sin embargo, realizaba labores de jefatura, lo que además es absolutamente irregular e ilegal, de acuerdo al artículo 10 de la Ley N° 19.712, del Deporte. Como se ve, todo mal…
¿Cuánto le ha significado hasta ahora al Estado la construcción de ese recinto que se inauguró futbolísticamente el sábado 18 de abril, con el triunfo de Cobreloa sobre Antofagasta, y que fue conocido por todo el país con motivo del partido que el pasado domingo jugaron Cobreloa y Colo Colo?
El presupuesto referencial que aparece publicado en la página de Chilecompras es de 7 mil millones 438.287 pesos. Sin embargo, el contrato original con la empresas Corsan fue por aproximadamente 8.500 millones de pesos, cifra que se aumentó luego en 3.000 millones más.
Cifras, por cierto, nada de despreciables para un país que ya no tiene cárceles para albergar a tanto delincuente suelto (incluso a los de cuello y corbata), ni escuelas públicas ni hospitales medianamente decentes.
El problema es que, aparte de pagarle a la empresa que se supone terminó las obras inconclusas, el Estado deberá seguir pagándole a Corsan lo que todavía se le adeuda. En otras palabras, deberá pagar dos veces.
No es todo: como la Contraloría rechazó el término anticipado del contrato, el IND se expone a una demanda millonaria por parte de la empresa perjudicada. De perder dicha demanda, no desperdicie su tiempo en pensar quién, finalmente, asumirá los costos: como ocurre siempre, nuestro conocido Moya.
Y que el lío judicial se viene, se viene. La empresa Llorente y Cuenca, que maneja las comunicaciones de Corsan, frente a una consulta de El Mostrador, señaló en un comunicado que “la compañía está estudiando con sus abogados las acciones legales necesarias para el restablecimiento del buen nombre, honorabilidad y reputación que la precede, a la vez que no descarta iniciar acciones penales en contra de cuantas personas, físicas o jurídicas, se demuestren responsables del daño reputacional ocasionado a la compañía”.
