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[Opinión] ¿Qué te han hecho, fútbol chileno?

por 1 noviembre, 2015

[Opinión] ¿Qué te han hecho, fútbol chileno?
La ANFP le escamotea 500 mil dólares a Deportes Puerto Montt y se los cede sin ningún argumento legal a Deportes Copiapó. Blanco y Negro le aprieta aún más el cuello al “Chaguito” Morning cobrándole 150 mil dólares por la “formación” de un jugador que en el Monumental nadie recuerda. La Corporación Deportiva Everton recurre al Ministerio Público para acusar de estafa a la SAD que regenta al club viñamarino. ¿Sabe usted por qué Provincial Osorno nunca más formó parte de nuestro fútbol profesional? Y así, suma y sigue… ¿Es que la plata también envileció al fútbol nuestro?
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¿Qué le pasó al fútbol chileno con el avenimiento de las Sociedades Anónimas Deportivas? Tal parece que se envileció. Porque a lo mejor con el antiguo sistema no todo era perfecto ni eran santos los que dirigían a los clubes nacionales, sólo que no puede ser casualidad que, en el último tiempo, los episodios oscuros, y donde siempre es el dinero el principal protagonista, se hayan ido haciendo cada vez más comunes y recurrentes.

Como dijo un ex personero de club de la “vieja guardia”, “si a nosotros nos acusaban de ladrones, ahora el fútbol está manejado por saqueadores y gángsters que nada tienen que envidiarles a los de Chicago de los tiempos de Al Capone”.

Al extraño caso de Deportes Puerto Montt, dado a conocer profusamente a través de periódicas notas en El Mostrador, se suman los de Lota Schwager, de Santiago Morning y ahora el de la Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar, que ha decidido acudir a la Fiscalía Regional para acusar de estafa a la Sociedad Anónima Deportiva que dirige los destinos del club viñamarino.

El caso de Everton es incluso más rocambolesco que los de Puerto Montt, Lota Schwager y Santiago Morning.
Ocurre que, al transformarse en Sociedad Anónima Deportiva la institución viñamarina, los nuevos regentes, todos tipos poderosos y mayoritariamente socios del Granadilla Country Club, generosamente hicieron partícipe en el negocio a la Corporación Deportiva Everton, con el 0,91% de las acciones. Los restantes dueños eran: la Sociedad Oro y Cielo, con el 78,51% del capital accionario; la Sociedad de Inversiones SR Ltda, con el 0,36%; Inversiones del Agua Ltda, con el 19,72%, e Inversiones Italia Ltda, con el 0,50% de las acciones.

Craso error, como tuvo que reconocerlo, a poco andar del negocio, el presidente de la Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar, Manuel Castillo.

“Lo primero que hicieron –señala Castillo- fue intentar quitarnos la sede a través de un juicio simulado. No sólo nos achacaron una deuda inexistente por 565 millones de pesos, sino que la Sociedad Anónima nos demandó, exigiendo, de paso, el remate de la tradicional sede de calle Viana, y que está avaluada en aproximadamente $ 3.800 millones. Concurrieron a reconocer esta inexistente deuda dos falsos representantes de la Corporación, los señores Carlos Saavedra Lyng y José Araneda, dupla que siguió actuando en el juicio ejecutivo, Rol 9396-2009, tramitado ante el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar. Por supuesto que no opusieron defensa alguna frente a la parte demandante. ¡Cómo iban a hacerlo, si eran palos blancos puestos allí por la Sociedad Anónima!”.

Agrega Castillo: “Los señores Saavedra y Araneda llevaron como abogado en este juicio a Christian González Basáez, asesor jurídico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo bajo la administración de Sebastián Piñera, y quien se encuentra querellado por el delito de prevaricación como abogado en la causa RIT 6598-2013 y RUC 1310015510-3 que investiga actualmente el Ministerio Público por medio del fiscal Lionel González. Por supuesto que el abogado González Basáez nunca defendió los intereses de la Corporación, dejando el campo abierto para el remate de la sede, favoreciendo así a la Sociedad Anónima en su calidad de demandante y perjudicando a la Corporación”.

Castillo señala que este juicio se hizo a espaldas del directorio y de la asamblea de socios de la Corporación, que no tiene fines de lucro. Que recién se vinieron a enterar después de un año que tenían la mencionada deuda y que para cobrarla la SAD estaba llevando a cabo un juicio. Que el abogado que supuestamente los estaba defendiendo (González Basáez), había fijado domicilio en calle Etchevers 268, oficina 91 de Viña del Mar. Es decir, en las oficinas del estudio jurídico del concejal UDI Jaime Varas Valenzuela, íntimamente ligado a los regentes de la Sociedad Anónima.

Advertidos de lo que estaba ocurriendo en tribunales, la Corporación recurrió a la Seremi de Justicia para denunciar como falsos representantes en el juicio a Saavedra y Araneda, reemplazándolos por Oscar Padró y Manuel Castillo, quienes contrataron un nuevo abogado. Es en ese momento que la Corporación inicia la defensa real de la sede deportiva, que saldría a remate para pagar la supuesta deuda. A través de una nulidad de todo lo obrado en el fraudulento juicio, logran al menos mantener precariamente la propiedad de la calle Viana.

Cuando renuncian los dirigentes Padró, Cortés y Bareire, son reemplazados mañosamente por quienes habían actuado en forma fraudulenta –Saavedra y Araneda- más el concejal viñamarino de la UDI Jaime Varas Valenzuela, hombre de confianza de Antonio Martínez, alto dirigente de Everton SAD, de la alcaldesa Reginato y de poderosos empresarios inmobiliarios de la zona.

Estos tres nuevos directores intentan convencer a Castillo de que buscarán un consenso y un avenimiento que sea conveniente para todos. Sin embargo, cuando Castillo insiste en su decisión de no reconocer la deuda que se le atribuye a la Corporación, la SAD lo margina de todo y coloca a la cabeza de la Corporación a Carlos Salazar, quien, apoyado por la alcaldesa Reginato, deja en claro también su papel de “palo blanco”, reconociendo el juicio por el remate de la sede como justificado, entregando el manejo de las series menores a la Sociedad Anónima y resignando los campos municipales de Reñaca donde entrenaban los cadetes.

¿Cómo lo hizo Carlos Salazar Duarte? Empleado de la SAD Everton, mediante documentos falsos, se atribuyó la calidad de presidente de la Corporación.

Salazar facilitó, de esa forma, la enajenación de la sede de Everton, contrariando la defensa efectuada por Castillo para proteger el patrimonio del club.

Salazar Duarte, por tales gestiones simuladas, se encuentra querellado en la causa RIT 6598-2013 y RUC 1310015510-3, que investiga el Ministerio Público de Viña del Mar. Como si ello fuera poco existe en su contra, además, una denuncia por falsificación de documentos interpuesta por la propia Seremi de Justicia, María Isabel Ancarola, ex abogada del “staff” del fallecido senador Beltrán Urenda.

La alcaldesa Reginato, para justificar el término anticipado de la cesión en comodato del campo deportivo de Reñaca a la Corporación, adujo que esta no había realizado las obras que se había comprometido a llevar a cabo.

Enfrentado a ese argumento, Manuel Castillo señaló que “no tuvimos los medios para realizarlas. El propio municipio nos cortó todos los aportes para entregárselos a Everton SAD, que al contrario de nosotros busca el lucro a través del fútbol. Incluso esos 500 mil dólares que la ANFP repartió a cada club en el año 2013 para supuestamente fomentar las series menores, no llegaron a la Corporación, sino a la SAD que, legalmente, no tiene ninguna atribución sobre ellas. Para eso inventaron, precisamente, esa entelequia del Fútbol Joven, para quedarse con recursos que no les pertenecen”.

En agosto de este año, la Corporación Everton denunció estos abusos de la SAD, en concomitancia con la ANFP, a la Comisión de Deportes de la Cámara. Los diputados, enterados de los antecedentes entregados por Manuel Castillo, le aconsejaron hacer la denuncia al Ministerio Público.

Y es que, como la Federación Chilena de Fútbol no existe, y tanto el Ministerio de Justicia y el IND son instrumentales a los manejos de las SAD, puestos que las dejan hacer y deshacer sin el más mínimo control, es sólo en este campo que el Everton Corporación puede esperar resoluciones que le sean favorables. Después de todo, la entidad que dirige Castillo existe, tiene su documentación completamente al día en el Ministerio de Justicia y cuenta con su Personalidad Jurídica vigente.

El caso Santiago Morning

Santiago Morning es otro club que las está viendo negras económicamente.

Desde agosto, la ANFP no le ha entregado ni un solo peso. Ni de la Copa América, ni del contrato que se firmó con Nike, ni de lo que a la entidad autobusera le corresponde de los recursos que mes a mes entrega el Canal del Fútbol a todos sus clubes afiliados.

Como también lo denunció El Mostrador, la ANFP le está cobrando a Santiago Morning 250 mil dólares de una deuda que la entidad “autobusera” dice que es inexistente.

Dineros que la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) le donó a Santiago Morning para obras en su complejo deportivo que se levanta en Quilicura, el directorio de Sergio Jadue los está cobrando como propios a través de la retención de todos esos recursos que mes a mes reciben sin falta los restantes clubes.

Sin embargo, el gerente “microbusero”, Luis Faúndez, denunció una nueva arista que hace que esa “deuda” de 250 mil dólares que la ANFP alega, y que los obligó a recurrir al Tribunal Patrimonial del organismo, ahora haya aumentado en 150 mil dólares más.

¿Cómo?

Lo explica el propio personero “bohemio”:

“Cuando al equipo en 2012 lo dirigía Ricardo Lunari, llegó a probarse un chico de nombre Matías Quezada. Lunari, no del todo convencido, nos dijo que lo dejaba. Entonces nos enteramos que el muchacho había tenido un breve paso por Unión Española y, para no dar pasos en falsos, obtuvimos el documento del club hispano, firmado por José Luis Sierra, actual técnico de Colo Colo, en que constaba que al jugador ellos lo habían dejado en libertad de acción. Para cumplir con lo que los reglamentos exigen, pagamos ante la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur), los $ 350 mil que costaba el pase del muchacho, que como aficionado había jugado por un club de nombre Lomas Blancas. En resumen, con nosotros sólo alcanzó a estar 12 días, porque después se consideró que no tenía posibilidades de ser un aporte para el primer equipo. Sin embargo, después que ya se había marchado del club, nos enteramos de que Colo Colo había recurrido al Tribunal Patrimonial de la ANFP reclamando 150 mil dólares por los derechos de formación de Quezada”.

Sobre los fundamentos del reclamo albo, Faúndez señala que “nunca supimos cuáles fueron los argumentos que Colo Colo pudo haber dado para reclamar esa cantidad estratosférica por un jugador amateur. Nadie del cuerpo técnico de las series menores albas recuerda a un chico con ese nombre y, por lo demás, si nosotros cancelamos en ANFA por su pase es porque ningún otro club profesional había hecho antes ese trámite. ¡Si hasta tenemos el certificado de Oscar Fuentes, secretario de la ANFP, que reconoce que el jugador fue reglamentariamente bien inscrito por nosotros…!”.

Faúndez señala que muchas veces quisieron hablar con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para que Colo Colo no interpusiera un reclamo a todas luces injusto, abusivo y sin ninguna base, pero que nunca respondió a los muchos llamados que se le hicieron.

¿Está pagando Santiago Morning el costo de que la voz de su timonel, Miguel Nasur, sea la única disidente al interior del Consejo de Presidentes de la ANFP?

Los casos de Puerto Montt y Lota Schwager

Luego que el directorio de Deportes Puerto Montt, presidido por Yesica Uribe, desechara la posibilidad de acudir al Tribunal Patrimonial de la ANFP para reclamar por esos 500 mil dólares que no recibió del reparto acordado por el máximo organismo del fútbol profesional para los 32 clubes de Primera y Primera B durante el año 2012, y que varios ex dirigentes que habían anunciado recurrir a la Fiscalía Nacional misteriosamente se arrepintieran de realizar tal gestión, fue Víctor Cañas, periodista de la zona quien, en su calidad de ex dirigente de la institución “salmonera”, acudió a la Fiscalía para aclarar este misterioso caso.

De partida, solicitó al fiscal designado para el caso que cite a declarar a Sergio Jadue (presidente de la ANFP); Juan Jorquera y Patricio Corominas (ex presidentes de Deportes Puerto Montt); Yesica Uribe (actual presidenta de la entidad portomontina); Oscar Fuentes (secretario de la ANFP), y a Rabindranath Quinteros (senador y presidente honorario de Deportes Puerto Montt), entre otros.

Como se recordará, en 2012 la ANFP acordó, en un Consejo de Presidentes, repartir entre sus asociados 16 millones de dólares, los cuales estarían destinados a fortalecer las series menores de los clubes. Sin embargo, el medio millón de dólares que le correspondían a Deportes Puerto Montt fue supuestamente recibido por Deportes Copiapó, que recién al año siguiente se había ganado el derecho a participar de la Primera B. En otras palabras, no le correspondía tal aporte, por más que a fines de ese año los “salmoneros” hubieran perdido la categoría.

Nunca quedó claro el por qué, toda vez que en el acta de dicho consejo quedó claramente estipulado que el beneficio de 500 mil dólares iba a considerar a las instituciones que durante el 2012 hubiesen militado en Primera y Primera B.

Nunca quedó claro, tampoco, el por qué Deportes Puerto Montt nunca hizo cuestión de esa clara arbitrariedad. Como uno de los pocos clubes que no son Sociedad Anónima, la institución “salmonera”, una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, necesitaba en forma urgente de tales recursos para destinarlos efectivamente a sus series menores.

Ahora se sabe que Lota Schwager tampoco habría recibido ese medio millón de dólares. Si ello fuera así, efectivamente, llama la atención el que, al igual que su par de Puerto Montt, jamás hubiera reclamado por tamaño despojo.

Como se ve, los casos oscuros abundan en el fútbol nuestro de cada día. El protagonista principal de todos estos hechos es el dinero, que se reparte y se quita con una liviandad y arbitrariedad que asusta.

Un personero de un club nortino, que no es Deportes Copiapó, le confidenció a El Mostrador un episodio que, de ser cierto, evidenciaría una abismante podredumbre moral.

Relató ese dirigente:

“Felipe Muñoz, presidente de Deportes Copiapó, y principal socio de Factor One, uno de los factoring que les presta plata a los clubes a cambio de altos intereses, reclamó su mejor derecho a recibir esos 500 mil dólares, aduciendo que ellos habían ocupado el lugar de Deportes Puerto Montt en el torneo de la Primera B en 2013. En la ANFP, dos altos personeros le dijeron que bueno, claro que solicitaron "algo" a cambio..."

¿Increíble? No. Insólito, pero no increíble de acuerdo a otro episodio relatado por Carlos Massenlli, a comienzos de 2012 vicepresidente de Provincial Osorno:

“Como club nos enteramos que, para participar en el Torneo de Segunda División de ese año, debíamos pagarle a la ANFP 220 millones de pesos por concepto de derechos. Alejandro Kauak, el presidente, me mandó a negociar el pago de esos derechos con Sergio Jadue. No nos referíamos al monto, sino a los plazos. Traía la oferta de pagar en cuotas dentro de un determinado número de meses, ojalá doce, pero de partida Jadue se negó a recibirme. Hablé, entonces, con Mauricio Etcheverry, Oscar Fuentes y René Rozas, en una sala especial a la cual me llevaron. Fueron tajantes: el pago debía hacerse en cuatro meses como máximo. Hasta ahí, sin embargo, todo era normal. Mis sospechas surgieron cuando me pidieron cuatro cheques de 55 millones de pesos cada uno, pero abiertos o al portador. No sólo eso: los cheques debían ser de la cuenta personal de Kauak, no del club. Me negué, le conté el episodio al presidente y él los mandó a la mierda a todos. Fuimos desafiliados y nunca más volvimos al profesionalismo”.

Si alguien creyó el cuento de que con la implantación del Sistema de Sociedades Anónimas en nuestro fútbol profesional iban a llegar el desarrollo y, sobre todo, la transparencia, todo parece indicar que los incautos y los ingenuos se equivocaron medio a medio.

Los actuales regentes no sólo han engañado al Estado, optando a proyectos sujetos a franquicias tributarias para financiar sus series cadetes (o fútbol Joven, como les gusta a ellos llamar a las series menores sobre las que, legalmente, no tienen ninguna atribución). No sólo le han metido el dedo en la boca a diversos municipios, como lo ha hecho la SAD Everton con la municipalidad viñamarina. También han engañado a Codelco, haciendo que ayude a financiar, a través de su Fundación Siglo XX, a la SAD que controla a San Antonio Unido, con un aporte de 32 millones de pesos el año 2013, mismo año en que la Empresa Portuaria San Antonio (estatal), aportó con $ 12.605.042, el municipio sanantonino con 35 millones y su par de Santo Domingo con otros 10 millones a la entidad del puerto que le compite a Valparaíso.

Ahora, hasta se asaltan entre ellos. Como Blanco y Negro, SAD poderosa que no trepida en cobrarle al débil “Chaguito” Morning 150 mil dólares por los derechos de formación de un jugador fantasma. Como la SA Fuerza, Garra y Corazón, que regenta a Deportes Concepción y que se niega a pagarle al mismo Santiago Morning una deuda millonaria durante más de cinco años, sin que la ANFP haga otra cosa que tomar palco.

¿Será pura casualidad que Gabriel Ruiz Tagle, el primer presidente de Blanco y Negro, esté ahora involucrado en otro caso más de colusión empresarial para perjuicio de millones de consumidores chilenos?

Más bien parece ser el perfil de todos aquellos advenedizos que llegaron al fútbol pensando más bien en cuánto dinero podían echarse al bolsillo, a través de este deportivo emprendimiento, que en hacer de sus clubes los Manchester United que en su momento, y sin sonrojarse, nos prometieron.

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