Según el vicepresidente de la Constituyente, Roberto Aguilar, habría además que elaborar entre 200 y 300 leyes específicas y reformar las existentes para que la nueva Carta Magna sea plenamente efectiva.
El proyecto constitucional impulsado por el presidente Evo Morales en Bolivia puede tardar entre cinco y 10 años en aplicarse plenamente, afirmó el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar, en una entrevista publicada este lunes por el diario La Prensa.
Aguilar calcula además que habría que elaborar entre 200 y 300 leyes específicas y reformar las existentes para que la nueva Carta Magna sea plenamente efectiva.
«Estamos hablando de un proceso mínimo de entre cinco y 10 años de aplicación plena de la Carta Magna porque el segundo elemento es la elaboración de las leyes que sea complementaria a la Constitución», dijo Aguilar.
El proyecto del texto constitucional de 411 artículos, casi el doble de los que tiene la actual Carta Magna, ha sido rechazado en el país por la oposición partidaria y regional que critican la falta de legitimidad y legalidad del documento por la forma en que fue aprobado.
El proyecto de Carta Magna fue aprobado el pasado noviembre en Sucre por una asamblea reunida en un recinto militar, en ausencia de opositores, que denunciaron el incumplimiento de las normas de la Constituyente, y en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos.
Tres semanas después el texto fue ratificado en Oruro, uno de los feudos políticos de Morales.
El texto debe ser sometido este año a un referendo tras otra consulta que, de forma puntual, se hará sobre un artículo referido a la extensión de latifundios expropiables, un asunto sobre el que no hubo un consenso en el foro, aunque para esos procesos aún no hay fechas.
Según Aguilar, el proyecto tiene aspectos que no requieren de un nuevo marco institucional, como el caso de los derechos, cuya vigencia será inmediata cuando el documento sea promulgado, si se aprueba en el referendo.
Un segundo marco de adecuación, agregó, es el referido a los contratos y concesiones de recursos naturales, «ahí se establece un plazo de unos dos años para que éstos se adecúen».
Esa prescripción no implicará una modificación de los contratos petroleros que entraron en vigor el año pasado, según puntualizó el domingo el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
La reforma de las instituciones «conllevará unos cinco años» y otros procesos como la estructuración de las autonomías indígenas o de las regionales, serán procesos «más largos», agregó el vicepresidente de la Asamblea.
Las autonomías que Morales postula aplicar es uno de los puntos del conflicto con la oposición regional de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que defienden una autonomía departamental y rechazan las indígenas y provinciales aprobadas en el texto constitucional.
EFE
