Mandatario explicó que la Fiscalía debe determinar «en qué estado se encontraba el grupo de las FARC que estaba comandado por ‘Iván Ríos'» (alias de Manuel J. Muñoz), muerto a manos de Pedro Pablo Montoya Cortés, o «Rojas», quien era su jefe de seguridad.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se declaró este lunes a la espera de una «definición jurídica» que deberá establecer si un guerrillero de las FARC que mató a un miembro de la cúpula de esa organización y a su compañera sentimental, debe recibir la recompensa que se ofrecía por el jefe rebelde.
«Debemos esperar lo que digan las autoridades judiciales; las autoridades de la Fiscalía que investigan», señaló Uribe en Riohacha, capital del departamento de La Guajira (norte), ciudad a la que viajó para encabezar un consejo de seguridad.
Uribe añadió que esas autoridades deben determinar «en qué estado se encontraba el grupo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que estaba comandado por ‘Iván Ríos'» (alias de Manuel J. Muñoz), muerto a manos de Pedro Pablo Montoya Cortés, o «Rojas», quien era su jefe de seguridad.
El presidente también señaló que las autoridades deben establecer «cuál era el grado de presión o amenaza sobre sus integrantes, cuál era la situación de riesgo de sus integrantes, para medir la proporcionalidad entre el riesgo y la acción que cometió la persona que está reclamando la recompensa».
Alias «Rojas», que confesó haber asesinado a «Iván Ríos» y cortó su mano derecha para entregarse a las autoridades, argumentó que se vio forzado a hacerlo ante el acoso de las tropas y el hambre de la columna rebelde del llamado bloque José María Córdova de las FARC, que actúa en el oeste colombiano.
El presidente Uribe remarcó que la política de recompensas ha cumplido con los informantes que cooperan con las autoridades.
Sin embargo, dijo que en el caso de «Iván Ríos», miembro del secretariado de las FARC (máxima jerarquía de esa guerrilla) «un Estado de derecho no puede estimular masacres».
«La política de recompensas siempre ha sido una política del gobierno, siempre se ha honrado. En este caso particular necesitamos esa definición jurídica, porque el gobierno estimula la información que permita que la Fuerza Pública dé con los delincuentes, gracias a la información que suministran las personas que reclaman con justa razón las recompensas», señaló Uribe.
Y puntualizó que, «en este caso, hay una acción que causó la muerte de dos personas; y este es un Estado de leyes».
El gobierno colombiano ofrecía por «Iván Ríos» cinco mil millones de pesos, o unos 2,5 millones de dólares.
EFE
