La construcción y funcionamiento de la planta de UPM (ex Botnia) derivó en el peor enfrentamiento en décadas entre los dos Gobiernos y en un juicio ante la Corte Internacional de La Haya, que determinó que el gobierno uruguayo desconoció acuerdos bilaterales por no dar toda la información necesaria a Buenos Aires.
El presidente uruguayo, José Mujica, afirmó este lunes sentirse «muy contento» por el acuerdo alcanzado con Argentina para el control de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia) y el análisis conjunto de las aguas del río Uruguay que pone fin a un conflicto de siete años.
«Estoy muy contento con el acuerdo», se limitó a comentar Mujica a un grupo de periodistas tras participar en un acto oficial.
El prosecretario de la Presidencia uruguaya, Diego Cánepa, al finalizar el mismo acto afirmó que el consenso logrado entre ambos Gobiernos «cierra una etapa» y «ahora se abre la labor conjunta de los técnicos».
Los cancilleres Luis Almagro, de Uruguay, y Héctor Timerman, de Argentina, lograron finiquitar el acuerdo el domingo tras una reunión de ocho horas en Montevideo.
«Es un buen acuerdo técnico que deja conforme a los dos gobiernos», afirmó el ministro argentino tras la reunión.
«Logramos un plan que es muy positivo para ambas partes y constituye una base sustancial en lo que es el monitoreo de las condiciones ambientales del río Uruguay», destacó por su parte Almagro en conferencia de prensa conjunta con su colega.
La reunión de los cancilleres «selló el acuerdo político» para superar el conflicto al que llegaron el pasado julio en Buenos Aires el presidente Mujica y la jefa de Estado argentina, Cristina Fernández, agregó Cánepa.
A pesar de la voluntad de los presidentes, en reuniones posteriores a nivel diplomático y científico surgieron discrepancias y diferencias sobre la forma de llevar a la práctica los controles sobre la planta de celulosa de UPM (ex Botnia) y de las aguas del río Uruguay, límite natural entre ambos países.
En el encuentro de los cancilleres «se logró un acuerdo técnico-científico muy satisfactorio para ambas partes y por eso estamos contentos y satisfechos», agregó el prosecretario de la Presidencia uruguaya.
Timerman coincidió en que con el acuerdo alcanzado «se terminaron las diferencias» entre ambos Gobiernos.
Al detallar parte de lo acordado, Almagro dijo que dentro de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia) el grupo de científicos de ambos países designado anteriormente para el control hará «trabajos específicos» en medición de temperatura y turbiedad de las aguas, presencia de residuos y otros.
En la fábrica de celulosa, cuya construcción supuso la mayor inversión individual en la historia de Uruguay, con 1.800 millones de dólares, se instalarán algunos sensores de transmisión continua y permanente de información.
Los técnicos de ambas naciones podrán realizar hasta doce visitas al año a la planta para controlar su funcionamiento.
En la zona de influencia de UPM, en el río Uruguay, habrá un seguimiento conjunto de la calidad de las aguas, se instalarán doce boyas con almejas y también se controlará la calidad del aire.
Las muestras que se tomen dentro de la planta y en el río Uruguay serán enviadas a un laboratorio de un tercer país, seguramente Canadá, de acuerdo con la recomendación de los científicos de ambos países que se encargarán de los controles.
Algunos de esos controles comenzarán de inmediato y otros demorarán algunas semanas, mientras se compran los equipos necesarios.
Las compras, licitaciones mediante, estarán a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por representantes de ambos Gobiernos y que tiene la responsabilidad del control ambiental del curso de agua.
La construcción y funcionamiento de la planta de UPM (ex Botnia) derivó en el peor enfrentamiento en décadas entre los dos Gobiernos y en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El fallo de la corte dijo que el Gobierno uruguayo desconoció acuerdos bilaterales por no dar toda la información necesaria al argentino sobre la planta, aunque no recibió pruebas de una posible contaminación y por lo tanto la fábrica puede seguir funcionando.
La planta está instalada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay y frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos.
Su construcción y funcionamiento generó el rechazo de la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú que como forma de protesta cortó durante tres años el principal puente entre ambos países.
