Los negociadores del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC firmaron este sábado un nuevo acuerdo que incorpora cambios solicitados por quienes lideraron la campaña del «No » que triunfó en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Esto es lo que cambió.
«Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos», dijo a los ciudadanos de su país el presidente de Colombia Juan Manuel Santos este sábado, luego de que desde La Habana los representantes de su gobierno y los de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran un nuevo acuerdo de paz.
Es un texto modificado, en el que se incorporaron algunos cambios que solicitaban voceros del «No», de aquellos que lograron una pequeña mayoría el 2 de octubre pasado para rechazar en plebiscito el acuerdo original.
«Preserva la estructura y el espíritu del primer acuerdo convenido», dijo el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez.
Sin embargo, explicó, entre otras cosas incorpora no menos del 65% de las propuestas del «No» en lo referente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, el sistema de justicia transicional prevista en los acuerdos) y casi el 90% de las iniciativas vinculadas a la cuestión de cómo el acuerdo trataba el tema de equidad de género, que había despertado resistencia especialmente entre grupos religiosos.
Pero no cambia la posibilidad de participación política para los jefes guerrilleros, uno de los puntos que más preocupaban a muchos votantes del «No».
Ni los textos de las modificaciones, ni el documento definitivo del nuevo acuerdo han sido difundidos, por lo cual es imposible hacer un análisis exhaustivo o detallado del nuevo acuerdo.
Sin embargo, entre la larga alocución del presidente Santos, lo que dijo el jefe de su equipo negociador, Humberto De la Calle, y lo que pudo indagar BBC Mundo, hay una primera idea de cuáles son los cambios en lo pactado.
Estos son los principales:
• El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. «Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución», dijo Santos.
• La Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP, el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana) ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años. No podrá haber jueces extranjeros en la JEP (pero expertos no colombianos sí podrán participar dando opiniones). Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional.
• Se definió con mayor claridad qué será la «restricción efectiva de la libertad» (pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes de forma inmediata).
El nuevo acuerdo especifica dónde deberá cumplirse la pena, que será en un espacio no mayor al de una vereda (la más chica división rural de Colombia), qué horarios deberán respetar.
También incluye otros detalles acerca del período de implementación del castigo, como los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas.
.• «El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades», dijo el presidente Santos.
• Durante la dejación de armas, las FARC deberán declarar sus bienes y entregarlos para reparar a las víctimas.
• Se reducirá en un 30% la financiación al partido de las FARC, en comparación con el acuerdo anterior. «Para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos», dijo el presidente Santos.
• «Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida», dijo el presidente.
«Lo que sí se dejó claro», agregó, «es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos».
• El nuevo acuerdo reconoce a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Se les da un lugar a los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas.
• El gran cambio que no ocurrió y que fue motivo de muchos votantes para decirle que «No» al primer acuerdo es que le daba a la posibilidad a los jefes guerrilleros de acceder a cargos electivos. Eso se mantuvo: podrán presentarse y tendrán cinco escaños garantizados en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos a partir de 2018.
Hasta que no esté el texto definitivo es difícil tener claras las implicaciones específicas de estos y otros cambios.
Lo mismo estarán pensando los líderes del «No». El presidente Santos aseguró que ellos lo tendrán en sus manos a más tardar el domingo.
Lo analizarán y lo hablarán con el gobierno. Si respaldan el nuevo acuerdo, su incorporación será bastante fácil, a través de un gran pacto nacional.
Pero si lo rechazan el presidente deberá decidir si vuelve a enviar a sus negociadores a La Habana, si convoca un nuevo plebiscito, otro modo de refrendación popular o si busca que se tramite por el Congreso, donde hoy tiene una mayoría que lo respalda.
