Balotaje en tensión: el avance de Fujimori y el giro conservador en un sistema fracturado

Los resultados de las elecciones presidenciales peruanas quedaron en la incertidumbre luego que más de 60 mil personas no pudieran sufragar por lo que deberán continuar el lunes para así definir quién acompañará a Keiko Fujimori, quien lideraba los sondeos a boca de urna, para disputar en la segunda vuelta el próximo 7 de junio.

De acuerdo con la empresa Datum, Fujimori obtuvo el 16,5% de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12,8%, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11,6% y el derechista Ricardo Belmont el 10,5%.

Con una muestra de 18.144 encuestados, la empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12,1%; Belmont, el 11,8%; López Aliaga, el 11%; y Nieto, el 10,7%.

Sobre este cuadro de incertidumbre, el análisis de Gilberto Aranda adquiere espesor estructural. El politólogo sitúa el fenómeno más allá de la coyuntura electoral inmediata: “El caso del Perú destaca la inédita multiplicación de 35 candidaturas presidenciales, lo que presagia una también alta fragmentación parlamentaria.” La dispersión que reflejan los sondeos no es circunstancial, sino el síntoma visible de un sistema político desarticulado, incapaz de producir mayorías consistentes.

La campaña, en ese sentido, se articuló sobre un consenso negativo: el rechazo a la clase política. Aranda lo sintetiza en una tríada que ordena el debate público: “Esta campaña fue marcada por la denuncia de la corrupción, la inseguridad y los llamados ‘pactos mafiosos del congreso’.” Este clima de desconfianza habilita discursos de orden que desplazan la deliberación programática hacia soluciones de corte punitivo.

En este marco emerge Rafael López Aliaga, cuya trayectoria reciente es leída por Aranda en clave transnacional: “el candidato signado por medios internacionales como réplica del movimiento MAGA.” Su posicionamiento no solo responde a una retórica conservadora, sino a una estrategia de polarización que identifica adversarios internos. Como señala el analista, “se trata de un conservador religioso que buscó su enemigo en la izquierda progresista, llamada caviar en Perú, y el centrismo.”

El momento crítico de su campaña se produce al instalar la sospecha de fraude, en un contexto ya tensionado por irregularidades electorales. Aranda recoge la frase del candidato: “que ni siquiera Maduro cometió en Venezuela”, con lo que se inscribe en una lógica de deslegitimación preventiva del proceso democrático. Este gesto no es menor: anticipa un escenario en que los resultados pueden ser disputados políticamente más allá de su validez institucional.

Por su parte, Keiko Fujimori aparece como una figura de continuidad histórica que dialoga con el presente sin renunciar a su origen. Aranda es claro al respecto: “la concentración del poder político mediante el voto popular, el autoritarismo competitivo tiene a su padre por referencia.” A diferencia de otros liderazgos de derecha en la región, su proyecto no requiere importar modelos externos, sino reactivar una tradición política ya instalada en el imaginario peruano.

No obstante, su discurso se adapta al nuevo ciclo regional. El analista observa que busca “sintonizar con la nueva corriente política de la región, es decir en línea con el libreto hemisférico del Doral.” Esta convergencia sugiere una articulación entre el legado fujimorista y las nuevas derechas latinoamericanas, particularmente en materias como seguridad, migración y apertura económica.

La apelación más explícita a esa memoria política se condensa en su cierre de campaña: “lo que piden es un Fujimori, ¡acá estoy!”. La frase no solo reivindica un apellido, sino que lo ofrece como respuesta a la crisis, reforzando una identidad política que polariza el electorado entre adhesión y rechazo.

El proceso, sin embargo, permanece abierto e incierto. Aranda advierte que “no se despejó la incógnita de la fórmula definitiva del balotaje con apenas el 50% de los votos escrutados”, lo que se alinea con los datos contradictorios de las encuestadoras y la estrechez de las diferencias. La fragmentación permite que múltiples candidaturas —como Nieto o Belmont— capitalicen el descontento, manteniendo en suspenso la definición final.

A ello se suma el elemento más delicado: la integridad del proceso electoral. El propio Aranda subraya que “52 mil personas no pudieron votar en áreas del Cono Sur de Lima y en mesas en Estados Unidos por falta de material electoral”, lo que dialoga directamente con la situación actual de votaciones pendientes. La pregunta que formula es decisiva: “¿Si la diferencia fuera en torno a los 50 mil votos, el número de electores del día después?”

En este contexto, el riesgo no es solo la incertidumbre, sino la erosión de la legitimidad democrática. Aranda advierte que “la falta de competencia podría transformarse en sospecha de fraude sumando otra institución –la ONPE- a la falta de credibilidad política general que hay en el Perú.” La combinación de resultados estrechos, irregularidades logísticas y discursos de fraude configura un escenario propicio para la proliferación de teorías conspirativas.

Finalmente, el analista anticipa que el balotaje reactivará fracturas históricas más que resolverlas: “en ese cuadro de desconfianza volverán a operar en el balotaje los viejos clivajes anti-fujimoristas y anti-izquierdas.” Así, la segunda vuelta no se perfila como una instancia de clarificación política, sino como un nuevo episodio de polarización en un sistema que, lejos de estabilizarse, profundiza su crisis.