La economía argentina atraviesa por un difícil momento. Al estancamiento que se observa en la evolución de los niveles de actividad, y que se traduce en que la tasa de desocupación se mantenga en niveles de dos dígitos -con un gran descontento popular-, se suma en la actual coyuntura la virtual imposibilidad de obtener financiamiento para saldar el desequilibrio fiscal, en atención a que no se observan signos concretos de que se estén dando pasos decididos que sean congruentes con una solución efectiva a la tendencia deficitaria creciente que exhiben las finanzas públicas trasandinas.
Esta mayor dificultad por acceder a financiamiento se explica por el significativo aumento que ha experimentado el premio por riesgo que los inversionistas exigen para comprar papeles argentinos, lo cual está significando que el spread que se cobra por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano supere los mil puntos base (10 puntos porcentuales).
Solución de fondo requiere un ajuste inevitable
El programa de ajuste que alcanzó a anunciar el ex ministro López Murphy luego de asumir la cartera de Economía, en un contexto en el cual ya se hacía evidente que se estaba transitando por una senda insostenible, contenía los elementos básicos requeridos para reencausar los desequilibrios macroeconómicos del país vecino.
No obstante, a pesar del fuerte apoyo presidencial recibido al momento de presentarlo en sociedad, éste se diluyó en pocas horas, puesto que las fuerzas políticas no estuvieron dispuestas a asumir el costo que esto iba a significar, y como consecuencia de ello el citado personero apenas alcanzó a completar dos semanas en el cargo.
El discurso de su sucesor, Domingo Cavallo, se ha construido presentando el problema desde una perspectiva diferente, de manera de reencantar a los mercados inyectando una dosis de mayor optimismo, sin dejar traslucir en toda su dimensión las verdaderas dificultades que se enfrentan.
Habiendo transcurrido ya casi dos meses desde que el ministro Cavallo retomó su posición de conductor de la economía argentina, los hechos muestran que las soluciones propuestas han sido efectistas más que efectivas, no debiendo sorprender que la actitud de la comunidad financiera internacional haya sido más bien escéptica.
En definitiva, lo que va quedando claro después de todos estos episodios es que la solución de fondo requiere de un ajuste inevitable -doloroso, por cierto-, el cual debe tener como eje central la corrección del problema endémico asociado a un déficit fiscal que tiende a acrecentarse en el tiempo, y la adopción de medidas que verdaderamente contribuyan a mejorar la competitividad de los sectores productivos orientados a las exportaciones.
Canje de deuda: en el límite del «technical default»
Las gestiones que está realizando el equipo económico trasandino en orden a reprogramar el pago de las obligaciones cuyo vencimiento está más concentrado en el corto plazo -operación que ha sido denominada «megacanje»- apunta a quitar presión sobre los requerimientos de recursos financieros en el período más inmediato, lo cual aleja la posibilidad de que el país enfrente una situación de franco incumplimiento de sus compromisos (default).
Sin embargo, tratándose de una operación con características diferentes a las que son propias de una emisión de títulos estándar en el mercado, cuyo producto puede eventualmente ser empleado para cubrir otro compromiso de pago, en realidad de lo que se trata es de un proceso de canje de deuda cuya naturaleza es «semi-voluntaria», en el sentido de que los acreedores hubieran preferido no llegar a esta instancia, y en virtud de ello es que ello recibe la denominación de «technical default».
No cabe duda de que si este proceso de canje de deuda concluye en forma exitosa disminuirá la presión por acceder a nuevos recursos financieros en el corto plazo, y ello probablemente se va a traducir en una disminución en el «spread» correspondiente al «riesgo-país» que actualmente se aplica a Argentina, inusualmente elevado (sobre 1.100 puntos base).
Sin embargo, como consecuencia de lo anterior no puede desconocerse que el acceso a los mercados voluntarios de crédito también se le hará más difícil al vecino país, lo cual se reflejará en que el premio por riesgo sea más elevado de lo que era con anterioridad a que se desatara esta situación de crisis, lo cual está en línea con el deterioro en la clasificación del riesgo soberano que ha experimentado Argentina.
Repercusiones en Chile
Es innegable que un incumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera por parte de Argentina generaría una situación financiera crítica, lo cual en virtud de un «efecto contagio» podría tener repercusiones indirectas en Chile, en su condición de economía emergente inserta en un vecindario riesgoso. No obstante, al mismo tiempo esta situación se vería mitigada por el hecho de tener nuestro país una clasificación de riesgo significativamente más sólida (A-, con perspectiva estable) respecto de la de Argentina (B+, con tendencia negativa), lo cual genera una evidente diferenciación de parte de la comunidad financiera internacional.
Un aspecto en el cual sí podría haber repercusiones es en lo referido a la solvencia financiera de aquellas sociedades chilenas con inversiones en Argentina, puesto que en una eventual situación de «default» de parte del gobierno del país trasandino las empresas locales no sólo se verían negativamente afectadas por la situación recesiva derivada de lo anterior, sino que además podrían enfrentar problemas en el proceso de adquirir las divisas requeridas para enviar dividendos a sus matrices en nuestro país, en caso de que correspondiera efectuar una distribución de utilidades.
Por cierto, una materia de esta naturaleza debe ser analizada caso a caso, y en ello lo fundamental consiste en evaluar el grado en que se vería afectada la capacidad de pago de la deuda suscrita por las sociedades chilenas que tienen operaciones en el vecino país, en caso de no recibir flujos de dividendos desde sus filiales o relacionadas en Argentina.
_____________
Hernán Cheyre V. es gerente general de Fitch Chile Clasificadora de Riesgo.
