¿Flexibilizar la Tasa Máxima Convencional?

El recién asumido nuevo presidente de BancoEstado, Mario Farren, en entrevista el día 5 de abril, sostiene que el actual límite de la Tasa Máxima Convencional (TMC) actúa como una “barrera que impide a las instituciones financieras formales prestar dinero a segmentos de mayor riesgo de la población”. Según sus declaraciones, sostiene que solo para Banc Estado una flexibilización de esta tasa permitiría incorporar al sistema bancario formal a unas 200 mil familias adicionales.

Sin embargo, flexibilizar la TMC es un debate clásico de la economía chilena, la que se encuentra enfrentada a la eficiencia y el acceso al sistema bancario contra la protección del consumidor. Si bien el argumento de la bancarización es sólido, desde una mirada de la defensa a los derechos del consumidor se advierten riesgos sistémicos y sociales importantes.

Claramente se da un riesgo de selección adversa, pues al permitir tasas de interés más altas, las instituciones financieras pueden atraer a clientes con perfiles de riesgo extremadamente volátiles, lo que puede deteriorar la calidad de la cartera agregada del sistema financiero.

Además, provocaría un relajamiento de los estándares crediticios, donde las instituciones podrían enfocarse más en el margen y, por lo tanto, en la rentabilidad –lo que se conoce como spread–, más que en la solvencia a largo plazo del deudor, incrementando con ello la fragilidad del sistema ante eventuales shocks económicos. Lo anterior elevaría los costos de supervisión, ya que requiere de una fiscalización mucho más agresiva por parte de la CMF para asegurar que no existan abusos o cobros ocultos que superen incluso el nuevo límite flexibilizado.

También puede generarse un efecto de anclaje en el nivel máximo, toda vez que existe el riesgo de que la nueva tasa máxima termine convirtiéndose en la tasa efectivamente cobrada a los segmentos de clientes de menores ingresos. Así, en lugar de que las instituciones financieras compitan entre sí ofreciendo mejores tasas de interés –esto es, a través del precio–, podrían simplemente converger hacia el nuevo techo legal.

Ello se traduce en un desincentivo a la eficiencia operativa, pues si las entidades financieras pueden compensar su ineficiencia mediante el cobro de tasas más altas, disminuye su incentivo para reducir costos operacionales o perfeccionar sus modelos de evaluación de riesgo.

Tarjetas de crédito (bancarias y no bancarias)

El flexibilizar la Tasa Máxima Convencional generaría una explosión del Revolving Credit, esto es, el uso de la tarjeta para pagar solamente el monto mínimo, lo que se vuelve extremadamente peligroso. Con una TMC más alta, los intereses se capitalizan de forma exponencial, creando deudas que se vuelven impagables en el corto plazo. Todo esto crearía una asimetría en relación con las tarjetas no bancarias, pues este sector atiende a los segmentos más vulnerables de la población.

La flexibilización podría profundizar la brecha de costos financieros entre quienes tienen acceso a la banca tradicional y quienes dependen del retail financiero, aumentando la desigualdad en el costo del capital, ocasionando incluso una publicidad agresiva, pues se podrían incentivar campañas de marketing dirigidas a captar jóvenes o personas sin educación financiera, ofreciendo disponibilidad inmediata de efectivo, pero omitiendo el impacto del costo total del crédito (CAE).

Efectos sobre el consumidor

Entre los efectos de los consumidores, se destacan los siguientes:

1. Sobreendeudamiento crítico: el mayor acceso al crédito no garantiza la capacidad de pago. La flexibilización de la Tasa Máxima Convencional puede llevar a las familias a niveles de apalancamiento que superen su ingreso disponible, aumentando la morosidad y las quiebras personales, de acuerdo con la Ley de Insolvencia.
2. Disminución del ingreso disponible: un mayor porcentaje del presupuesto familiar se destinaría al pago de intereses en lugar del consumo de bienes básicos, educación o ahorro, afectando el bienestar general.
3. Carga psicológica y social: el estrés financiero derivado de deudas con altas tasas de interés tiene efectos documentados en la salud mental y la productividad laboral.
4. Opacidad del CAE: cuando la TMC se sitúa en niveles muy altos, pequeñas variaciones en la tasa nominal pueden traducirse en aumentos desproporcionados del costo total del crédito, sin que el consumidor promedio advierta cabalmente ese impacto. También hay que considerar que la actual TMC, para operaciones pequeñas de 90 días o más, inferiores o iguales a 50 UF, tiene una tasa de interés de 40,90% anual, en circunstancias que tenemos una inflación anual (a marzo de 2026) de 2.8%, por lo cual el consumidor puede llegar pagar 14.6 veces el IPC anual en un crédito.

Otra razón que desaconseja un alza de la Tasa Máxima Convencional es que, desde abril de 2026, se encuentra vigente la Ley N° 21.680, que creó el Registro de Deuda Consolidada (REDEC), administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Dicho registro centraliza y consolida información sobre las obligaciones reportables de las personas –incluyendo montos, tipos de crédito, plazos y estados de pago– y amplía el universo de entidades reportantes respecto del antiguo esquema de información crediticia, perfeccionando así la evaluación del riesgo comercial y crediticio.

En esa medida, el nuevo marco normativo reduce asimetrías de información y permite una apreciación más completa del nivel de endeudamiento del solicitante, por lo que, al menos en principio, debiera contribuir a una mejor gestión del riesgo por parte de los acreedores.

Si ello es así, resulta todavía menos justificado elevar la TMC sobre la base de un supuesto riesgo de incobrabilidad, pues el sistema dispone hoy de mejores herramientas regulatorias e informacionales para medirlo y administrarlo.

Si flexibilizar la TMC es volver a la TMC de la década pasada, que superaba el 50% e incluso más del 60%, sería inexplicable. Durante años, Chile ha liderado como el país con la mayor Tasa Maxima Convencional de los países integrantes de la OCDE, donde en algunas naciones las tasas de esta magnitud son consideradas usura.