Patrimonio, poder y tributos: las zonas grises del gabinete de José Antonio Kast

Justo cuando el Gobierno se alistaba para presentar la denominada “megarreforma” –el corazón del Plan de Reconstrucción Nacional–, expiró el plazo para la presentación de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de los ministros del gabinete de José Antonio Kast.

La coincidencia reabrió el debate sobre los reales alcances del discurso de “austeridad” del nuevo Gobierno, porque mientras la mayoría de la población comienza a ajustarse el cinturón para enfrentar los embates del Mepco, la oposición acusa que la reducción del impuesto corporativo promete incrementar el patrimonio de las grandes empresas, en las cuales algunos ministros tienen inversiones y profundos vínculos profesionales, como advierten analistas apuntando a eventuales conflictos de intereses.

Los abultados patrimonios de los secretarios de Estado –algunos sobre los US$ 100 millones– dan cuenta de una imagen que amenaza con instalarse en el imaginario colectivo: un gabinete que exige sacrificios al resto de los ciudadanos, mientras se beneficia con el recorte de impuestos y reintegración tributaria, críticas que han llevado a miembros del propio oficialismo a exigir medidas para compensar a la clase media.

Cabe indicar que cuatro miembros del nuevo gabinete –el canciller Francisco Pérez Mackenna; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao; y el ministro de Defensa, Fernando Barros– declaran ingresos que suman en total más de $240.900 millones, equivalentes a unos 275 millones de dólares.

El propio Presidente Kast fue quien buscó despejar la incertidumbre en la cadena nacional de este miércoles, apuntando a que la ley miscelánea “no favorece a los ricos” y que el paquete de más de 40 medidas busca responder al estancamiento estructural de los últimos 20 años. “El crecimiento no es un fin en sí mismo: es el medio para que las personas vivan mejor y haya más empleo (…)”, comentó.

La publicación de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de los ministros abrió también otra interrogante: ¿es este gabinete el que acumula mayor riqueza desde el retorno de la democracia?

Aunque las antiguas Declaraciones de Intereses –particularmente aquellas relacionadas a los dos periodos de Sebastián Piñera– omitieron información relevante respecto del real patrimonio de los ministros, los documentos afirman, en el papel, que no existe ningún otro primer gabinete, desde 1990 a la fecha, que haya presentado mayores fortunas que el actual equipo de Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A mayor fortuna, mayor conflicto

Al margen de las colecciones de autos de lujo, membresías en clubes de golf y propiedades en el extranjero, las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de los integrantes del actual gabinete muestran perfiles que combinan experiencia en directorios, holdings familiares y redes que van desde la construcción hasta la gran minería. A esto se suma que, técnicamente, algunos pertenecen al 1% de mayores ingresos en el país.

Aunque tener un patrimonio de esta envergadura no impide ejercer un cargo público, a mayores ingresos y participación en empresas, “existe mayor riesgo de conflicto de intereses, por eso el estándar de escrutinio sobre ellos tienen que ser mucho más alto que a otras personas del gabinete”, asegura Juan José Lyon, presidente ejecutivo de Fundación América Transparente.

“La ley actual exige Declaraciones de Intereses y Patrimonio, pero en el caso de ministros que manejan carteras de inversiones complejas eso es lo mínimo. Lo que esperamos desde la sociedad civil es que establezcan, si es necesario, fideicomisos ciegos voluntarios y que se inhabiliten de cualquier decisión que toque su patrimonio, porque la duda no se despeja con buenas intenciones, sino con una separación absoluta entre el bolsillo privado y las decisiones que toma el Estado”, agrega Lyon.

El ranking de las fortunas declaradas lo encabeza Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, con una declaración de 293 páginas que revela un patrimonio que ronda los US$ 100 millones. Mas controla Inversiones Buca 2 ($42.851 millones), Servicios Inmobiliarios Ecomac ($12.411 millones) y es copropietario de casi 390 inmuebles repartidos a lo largo del país. A eso suma un mandato de administración de cartera con Picton por $8.858 millones y más de 50 sociedades vinculadas a agricultura, finanzas e infraestructura.

“Es una declaración que va más allá de lo que exige la ley en estos casos. Estoy completamente desligado de los negocios y comprometido con el mandato que me otorgó el Presidente Kast de liderar los ministerios de Economía y Minería”, señaló el ministro a Pulso de La Tercera.

Antes de asumir la doble cartera el exvicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) concentró sus negocios en el área de construcción e inmobiliaria, nichos donde mantiene vínculos con empresarios y en que sus sociedades podrían verse favorecidas durante su gestión, considerando particularmente la medida que apunta a la eliminación transitoria del 19% de IVA para la compra de viviendas durante 12 meses.

Economistas advierten quem si bien nada impide que un funcionario público posea un alto patrimonio, el problema radica en que algunas actividades empresariales que han desarrollado previamente pueden verse afectadas por las decisiones que tome el Gobierno en materias vinculantes. Es en este punto, señala el exministro de Economía Carlos Ominami, donde “existen riesgos enormes de conflictos de intereses”.

“La rebaja del impuesto corporativo, más la reintegración, favorecen fundamentalmente a los sectores de más altos ingresos, quienes van a tener una rebaja muy importante en sus tributos. Y esta rebaja es efectivamente una muy mala presentación desde el punto de vista de los patrimonios de una parte de los ministros, quienes se van a ver directamente beneficiados”, explica.

Francisco Pérez Mackenna, exgerente del Grupo Luksic y actual canciller, es otro de los ministros con una fortuna considerable –US$85 millones–, la que incluye cuotas en fondos extranjeros, particularmente en Suiza y Estados Unidos, así como inmuebles en Zapallar, Lo Barnechea, Uruguay y Estados Unidos, además de una lujosa colección de automóviles. A esto se suman un fundo y coto de caza de ciervos en Puerto Octay, y participación societaria en Pinturas Tajamar e inmobiliaria Isidora Dos Mil. Para su jubilación, cuenta con un ahorro previsional de US$4,9 millones.

Respecto de su Declaración de Intereses y Patrimonio, fue el propio Pérez Mackenna quien aseguró, antes de hacerse pública, que gran parte de sus activos –70% de ellos– están invertidos en el extranjero en fondos globales, “para evitar conflictos de intereses”. “Entonces, esa inversión queda fuera de la declaración”, comentó a Diario Financiero, evidenciando que su fortuna, en rigor, es mayor a la declarada.

Sobre su relación con el Grupo Luksic –fue gerente general de Quiñenco durante 28 años–, además de sus redes empresariales internacionales y participación en más de 20 directorios, Pérez Mackenna señaló que renunció a todos esos cargos. “Me salí de todo. Lo dejé todo botado”, sostuvo al mismo medio, descartando, además, su participación en el proyecto minero de los Luksic Twin Metals Minnesota, que acaba de obtener luz verde en Estados Unidos.

Para el economista Álvaro Gallegos, experto en regulación financiera, la exposición al riesgo de un eventual conflicto de intereses es lo que realmente debería preocupar en materia de fiscalización. “Esto evidentemente podría influir en las decisiones que adopten algunos miembros del gabinete y cómo estas golpean sus propios patrimonios. Claro que hay un riesgo, debido a que no tenemos una institucionalidad tan fiscalizadora”, explica el exsuperintendente de Pensiones.

En el caso del ministro de Defensa Fernando Barros, su patrimonio se empina sobre los $30 mil millones, con una administración de cartera en manos de Picton AGF por $10.445 millones. Además de bonos en bancos internacionales y cuotas en fondos de inversión cercanas a los $5 mil millones, tiene otros $2 mil millones en depósitos a plazo y participación en una inmobiliaria y una sociedad agrícola.

Al igual que en el caso del ministro Daniel Mas, Barros también ha formado parte de directorios gremiales, como la Sofofa e Icare. Además, en su calidad de abogado, ha desarrollado vínculos profesionales con innumerables empresas que podrían complicar su desempeño, debido a que varias de ellas han solicitado concesiones marítimas a la cartera que hoy dirige, un tema que El Mostrador desarrolló en otro reportaje.

A propósito de esta coyuntura, fue el propio Ministerio de Defensa el que indicó a este medio que el secretario de Estado transparentó a su gabinete y subsecretarios, en su primera reunión, un listado con el nombre de las empresas respecto a las cuales “se abstendrá de intervenir en las tramitaciones que se presenten en el ministerio a su cargo”. El listado de empresas, sin embargo, todavía no ha sido revelado públicamente.

Los cruces de datos, en todo caso, ya han reportado beneficios concretos para algunos ministros. Un reciente reportaje de Contrapoder Chile detectó que al menos cuatro titulares del nuevo gabinete –Fernando Barros (Defensa), Jaime Campos (Agricultura), Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) y Claudio Alvarado (Interior)– serían favorecidos con la exención en el pago de contribuciones a la primera vivienda.

De todos ellos, Francisco Pérez Mackenna, con una propiedad avaluada en $2.147.169.133, es quien podría ahorrarse el pago más alto de contribuciones: $23,4 millones. Le sigue Fernando Barros con $12.770.000, Claudio Alvarado con $4.140.000 y Jaime Campos con $2.760.000.

Precisamente estas dudas han llevado a un grupo de parlamentarios –Luis Cuello (PC), Boris Barrera (PC), Daniela Serrano (PC), Gael Yeomans (FA) y Juan Santana (PS)– a oficiar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitando transparentar los eventuales beneficios económicos que significaría la megarreforma, tanto en ministros de Estado como en el propio Presidente de la República.