Luego de escuchar al Presidente de la República en su elocuente discurso del 21 de mayo, anunciando los importantes propósitos del gobierno respecto de la reforma del sistema de salud a través del denominado Plan AUGE, que representa un esfuerzo destacable por la equidad social en un ámbito tan esencial como éste, cuesta entender porque -el mismo gobierno- es capaz de tener una actitud complaciente frente a las empresas que prestan servicios regulados, actitud que por cierto perjudica a los usuarios de estos servicios.
El gobierno militar, a través de leyes aún vigentes como la eléctrica pretendió despolitizar las fijaciones tarifarias y que fuera lo más técnico posible, imaginando seguramente que los gobiernos democráticos podrían caer en la tentación de manipularlos en beneficio de los sectores más postergados.
Pero la realidad ha sido distinta. Lejos de lo imaginado por los ideólogos de las privatizaciones, no ha habido asomos de incitaciones en ese sentido durante los tres gobiernos de la Concertación. Por el contrario, el Gobierno actual ha enviado a trámite legislativo un proyecto de ley para modificar la Ley del sector eléctrico, denominada Ley Corta, que intenta -entre otras- transformar el sistema de tarificación en los sistemas eléctricos de tamaño intermedio, como el sistema Aysén y Magallanes. Y para el estupor de muchos, con el objetivo de que las tarifas no bajen… vayamos a la explicación de esta paradójica situación.
La empresa Edelaysen, que abastece a la XI Región, fue privatizada durante el gobierno del presidente Frei con la exigencia de que debía construir una central hidroeléctrica denominada Lago Atravesado, la que debiera estar en operación el 2003. Al ser esta central de un tamaño comparativamente grande con respecto a la demanda del sistema, bajo un modelo de tarificación marginalista, como el que se emplea en el sector eléctrico para todos los sistemas, los precios de la electricidad debían disminuir sustantivamente (en torno al 37% la componente correspondiente a generación). Si el proyecto de ley llegase a aprobarse y se implantara un modelo de «costo incremental de desarrollo» similar al empleado en el sector sanitario, esta rebaja no sería percibida por los usuarios.
Mas allá de la discutible validez técnica de los argumentos del gobierno para este cambio, es difícil encontrar la explicación del mismo, si se tiene en cuenta la historia: Un gobierno de la Concertación privatiza una empresa, con determinados supuestos, que se traducen en un precio que el sector privado paga al Estado, es decir a todos los chilenos y en una proyección de tarifas para los usuarios de los servicios de esa empresa. Luego, el siguiente gobierno de la Concertación cambia las reglas del juego para esa empresa, aumentando las tarifas proyectadas por la empresa compradora y por tanto sus flujos futuros. ¿No debía la empresa haber pagado un precio mayor por la empresa? Indudablemente que si, pero ese no es el problema fundamental, sino la permanente actitud del gobierno o de determinadas autoridades de favorecer a los sectores empresariales mas allá de lo éticamente correcto.
Otro ejemplo, quizá aún más fuerte: La Comisión Resolutiva Antimonopolio, entidad independiente del gobierno, determinó hace más de un año, que el Gobierno debiera fijar tarifas para 25 servicios complementarios al suministro eléctrico, hoy con precios no regulados, como el corte y reposición del servicio y el arriendo de medidores, entre otros. No es difícil imaginar que a quienes les cortan el suministro eléctrico es precisamente a los sectores más pobres de la población.
A modo de ejemplo una familia pobre que paga $3.000 mensuales en electricidad si no puede pagar, al final termina pagando $6000 por el corte y otros $6000 por reposición, es decir $15.000, o sea 5 veces su cuenta impaga. Y el Gobierno no ha hecho nada al respecto.
¿Será que el gobierno tiene dos almas? Una buena y la otra no tanto.
* Consultora independiente. Fue secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía.
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