Si bien el correo electrónico es una buena herramienta de lo que se ha llamado «marketing especializado», y en varias ocasiones es bastante útil, pues mediante una suscripción el usuario solicita el envío periódico de cierta información de su interés, muchas veces el envío de propaganda a través de él se convierte en una verdadera molestia. El origen de esta avalancha indeseada de correos electrónicos es siempre el manejo de la dirección de email por terceros, a los que el usuario no ha autorizado directamente de ello, y que se valen de varias formas para conseguir esos datos.
El éxito de esta práctica radica en que no hay grandes diferencias entre enviar uno, cien o mil correos electrónicos, por lo que asegura la difusión a miles de usuarios de un mismo mensaje; y en que es un método sencillo de utilizar y de bajo precio.
En el fondo, el tema del spamming tiene que ver directamente con el de la privacidad y el uso de los datos personales de los usuarios. Un tema bastante delicado, y sobre el cual tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países de la Comunidad Europea se ha debatido y legislado, tanto en lo que se refiere netamente a privacidad de información como a lo que tiene que ver con el correo electrónico no deseado propiamente tal.
El trasfondo del asunto no es menor. Según cifras publicadas recientemente por la Cámara Nacional de Comercio, Chile pierde 36 millones de dólares al año, los que se desglosan en 26,5 millones de dólares en menor productividad laboral y 9,5 millones por llamadas locales desperdiciadas. Y visto de esa manera, es sin duda un tema sobre el cual es imperioso legislar y crear una normativa que regule esta práctica que con su abuso se ha convertido en bastante dañina.
El tema aquí es como se defiende el usuario de este, sin exagerar, ataque de e-mails que diariamente llegan a su bandeja de correo. Por un lado, está el tema de saturación de información: en un mundo ya congestionado por la avalancha de datos, organizar otros, por muy inútiles que sean, tiene su costo. Además, hay otro aspecto que tiene que ver con la privacidad de los datos personales, y de concebir a la dirección electrónica de cada persona como una información tan sensible como la dirección personal en el mundo real, o el número de su cédula de identidad.
Es por ello que es imperiosa la necesidad de legislar correctamente sobre el tema del spam. Si bien el apuro en materia de desarrollo tecnológico estaba en la promulgación de la ley de firma digital, lo que posibilitará la factura electrónica, también es fundamental crear normativas que reglen ciertas prácticas abusivas y que van en contra de las buenas costumbres. Sobre todo ello, porque la capacidad de terminar con estas prácticas no se remite sólo a una posibilidad tecnológica, sino que implica un accionar y una normativa de tipo gubernamental, país y cultural.
Mientras tanto, los proveedores de acceso sólo podemos limitarnos a iniciativas autorreguladas que buscan el control del daño de algunos de estos envíos masivos de correo indeseado, en pos de entregar siempre un mejor servicio al cliente.
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(*) Joel Bendersky es gerente general de Inter.Net Chile.
