Estamos viendo día a día desarrollarse una noticia. La denuncia hecha por la diputada de Renovación Nacional, Pía Guzmán, se ha convertido en un escándalo político que, como todos ellos, amenaza con devorar a sus promotores. Si, de resultas de las investigaciones judiciales, no aparece ningún parlamentario involucrado en la red de pedofilia, la opinión pública acusara que «los señores políticos le echaron tierra al asunto». Y si efectivamente los hubo, desastre para el Congreso Nacional. Se cumple aquello de «La lengua maldiciente (…) destruye las ciudades fuertes y derriba los palacios de los grandes» (Eclesiástico 28, 17).
Se han sobrepuesto dos bienes a cautelar: la integridad física y psíquica de nuestros niños y la honra e integridad del Congreso Nacional. ¿Cuál cautelar? Respondo. A los dos. No hay incompatibilidad ninguna entre uno y otro bien. En efecto, sin leyes que condenen la pedofilia no habrá jamás protección adecuada de la infancia. Sin una adecuada relación entre Congreso, Tribunales de Justicia y Policía será imposible sancionar a los promotores de tan aberrante crimen sexual.
Pues sin instituciones fuertes, la ética de los pueblos decae irremediablemente. Las costumbres sanas requieren de leyes que las protejan, así como leyes justas requieren de costumbres valiosas de la ciudadanía.
Sin una ley que sancione el homicidio, la vida no estaría segura. Pero no hay ley ni policía que aguante un pueblo de homicidas ¿Ä„Qué sería de las leyes sin costumbres y de estas sin aquellasÄ„? La debilidad de la asamblea permanente, pluralista, deliberativa y representativa -que es el Congreso Nacional- sólo debilita nuestra democracia y la defensa de los derechos humanos. Cuando se vino abajo, la democracia sucumbió en Chile.
Entonces, ¿qué hacer para fortalecer la honra e integridad de nuestro Congreso Nacional? La respuesta se encuentra en el propio Congreso Nacional. Cuando una organización ha vivido crisis como las de acusaciones de droga, corrupción y hoy de pedofilia, tiene que reaccionar vigorosamente en un sentido moral.
Partir por entender que se trata de un problema que no resiste el partidismo. Si no se fortalece el Congreso Nacional, todos los partidos políticos perderán. Los promotores de la campaña contra las drogas en el Congreso Nacional han pasado de acusadores a acusados. Han aprendido dolorosamente la lección. Nunca más acusaciones genéricas y altisonantes.
Como señala la filósofa Adela Cortina, «cuando una organización se percata de que más viable será al medio y largo plazo cuanto más integrados estén en ella sus miembros, cuanto mayor confianza despierte en el público, cuanto menos afán de destruirla tengan las organizaciones competidoras, será racional para ella apostar por la ética. Y éste es un primer e importante paso de la ética pública: descubrir que conviene».
Por ello se debe acoger la propuesta hecha por el Diputado Eduardo Saffirio en orden a levantar un gran arco constitucional cuyo norte sea fortalecer la legitimidad del Congreso Nacional. Las medidas debieran apuntar en, a lo menos, dos direcciones.
Las primeras a mejorar el reclutamiento de los candidatos al Congreso por parte de los partidos políticos y la ciudadanía. Seamos claros en decir que el sistema electoral binominal, al permitir presentar a lo sumo un candidato por partido y dos por ambas coaliciones mayoritarias, impide que la ciudadanía pueda efectivamente elegir. Esto le resta competitividad y pluralismo al sistema de reclutamiento del Congreso Nacional.
Un segundo cuerpo de medidas debiera apuntar a fortalecer y precisar las atribuciones de los parlamentarios. Estos debieran ser esencialmente legisladores, y no lo son por el hiperpresidencialismo que existe en Chile. En las más trascendentales materias el Congreso Nacional no es más que un pasivo receptor de las iniciativas del Ejecutivo, verdadero órgano legislador en los hechos. Precisar además que la función fiscalizadora se refiere «a los actos del gobierno» (art. 48 nÅŸ1). Acabar con la política de espectáculo donde ciertos parlamentarios se erigen en una suerte de fiscalizadores de la sociedad y guardianes de la moralidad privada. Eso no les compete a ellos sino que, principalmente, a los tribunales de justicia.
Finalmente acabar con la creencia que la imagen lo es todo y que la televisión otorga «certificado de existencia» a los parlamentarios.
Surge así una política de trivialidades donde el político hace cualquier cosa para salir en los programas de conversación o de entretenimiento domésticos. Se crean pseudoincidentes; se fomenta la exposición pública de la vida íntima de los representantes políticos y se agudiza la personalización de la política. Todo ello es tomado del arte teatral que siempre ha estado en íntima ligazón con la política, desde su nacimiento en Atenas.
Pero la política no es entretenimiento ni teatralidad, es el arte del buen gobierno, que reclama siempre la mayor de las exigencias éticas personales y organizativas. Por ello, para acabar con esta demolición del Congreso Nacional, solicitamos respetuosamente su reforma y la auto reforma.
(*) Director Ejecutivo del Centro Estudios para el Desarrollo (CED)
