Bases universales para una agenda de la igualdad

Obispos, dirigentes políticos, empresarios, candidatos presidenciales, dirigentes laborales, profesionales y académicos han sido, entre tantos otros, la cara más visible de un amplio y variado grupo de personas que en estos días han expresado su preocupación y puntos de vista frente a la desigualdad existente en nuestro país.



Un poco antes, en noviembre de 2004, luego de examinar el tercer informe periódico de Chile sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas aprobó las observaciones finales al informe. Estas están contenidas en un documento que desarrolla siete Aspectos Positivos, dieciocho Principales Motivos de Preocupación y treinta y cuatro Sugerencias y Recomendaciones.



Sobre estas observaciones, los medios de comunicación difundieron ampliamente aquella que se refiere a la insuficiencia del salario mínimo para garantizar un nivel de vida digno de los trabajadores y sus familias en nuestro país. No parece ser una simple casualidad que haya sido esta materia la única mencionada y destacada por los medios de comunicación, puesto que por esos días se había dado inicio a la nueva jornada laboral de 45 horas semanales. No se trataba de una súbita generosidad ni de una inesperada adscripción del mundo empresarial a la idea de un salario mínimo más elevado. Se trataba, una vez más, de sembrar algo de pánico e inquietud en el ambiente. Hacer más difícil la puesta en marcha de una legislación que busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.



Al leer estas observaciones se van encontrando numerosas similitudes entre nuestros balances de lo realizado por los gobiernos de la Concertación y las observaciones del Comité. Balances que reconocen la existencia de un piso mínimo de oportunidades: un piso sólido para caminar hacia la superación de las grandes brechas que prevalecen en la distribución de recursos y derechos. Pero, también, de brechas que generan desequilibrios de poder, y que afectan seriamente la capacidad de las personas para aprovechar unas oportunidades que terminan por desvanecerse sin abrir paso a la equidad. Desequilibrios que levantan barreras a la capacidad de acción conjunta (PNUD, Desarrollo Humano en Chile 2004, El poder: ¿para qué y para quién?).



Los llamados Motivos de Preocupación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se perecen en mucho a aquellos que tanto dirigentes políticos y gremiales, como autoridades gubernamentales y municipales, observan y hacen suyas desde sus respectivos ámbitos de actuación. Igual situación puede observarse en el caso de las Sugerencias y Recomendaciones. Y es que estas dos secciones del documento de la ONU no hacen más que identificar las formas y caminos para avanzar en la superación de la desigualdad. Al igual que quienes nos sentimos identificados con la Concertación, el Comité valora un conjunto de aspectos positivos, pero pone el dedo allí donde más nos duele: en la persistente llaga de la desigualdad.



Las observaciones del Comité, exploran lo que falta sin olvidar lo que tenemos: haber dejado atrás la larga noche del autoritarismo, aquella época donde unos pocos se apropiaron del derecho de interpretar y decidir el destino de todos. Lo que falta: alejarnos de Namibia, Swazilandia y Zimbabwe a la hora de las mediciones en desigualdad del ingreso. Como lo muestra el reciente Informe sobre Desarrollo (WDI) del Banco Mundial para 124 países, Chile es el 12ÅŸ país con mayor desigualdad de ingresos del mundo, con una situación peor que la de Bolivia, Zambia, Nigeria y Malawi. También hace falta superar situaciones como aquella que mostraron las imágenes a pocos días de inaugurada la moderna autopista urbana Costanera Norte. O de aquella analizada en el Informe de la Iglesia Sueca sobre la realidad de los trabajadores de la fruta en nuestro país.



Son estas expresiones de la desigualdad las que podrían explicar los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2002. Como se sabe, el informe del PNUD consigna que la mayoría de las personas siente que «es más lo que ha perdido» que lo que ha ganado con el desarrollo de Chile. Es cierto, los gobiernos de la Concertación han afianzado conquistas cruciales, como la democracia y un mayor bienestar. Pero cuando las personas dicen «que las cosas siguen iguales» están insinuando que los cambios no alcanzan a tener significación en su vida cotidiana (Norbert Lechner).



El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la lucha contra la desigualdad



Para Naciones Unidas la pobreza constituye una negación de los derechos humanos. La organización sostiene que el derecho a condiciones de vida decentes, a la salud, a la seguridad social digna, a la vivienda, a la protección contra las catástrofes naturales, a la educación, no son solamente objetivos del desarrollo, sino que son también derechos humanos.



El Pacto, que entró en vigor el 3 de enero de 1976 y fuera suscrito por Chile en 1979, en las postrimerías de la dictadura militar, reconoce que no se puede realizar el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.



Como demanda social y política concreta, la igualdad es hija de las grandes revoluciones que inauguraron el mundo moderno. En Chile, el debate se ha desarrollado en torno a las causas del fracaso de realizar la igualdad, pero especialmente en lo que se refiere a la desigualdad en la distribución del ingreso. La conexión entre las desigualdades que prevalecen en la realización y vigencia de derechos específicos (vivienda, educación, seguridad social, cultura, salud) y el cuadro más global de desigualdad definido por la participación de los distintos sectores en el Producto Interno Bruto ha sido poco trabajada.



Escasa o nula atención se ha prestado al efecto que tiene en la persistencia de condiciones de desigualdad, -que se vuelven refractarias o poco permeables a políticas y programas públicos concebidos para modificar la insuficiente realización de los derechos económicos, sociales y culturales-, el no considerar el principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Según Amartya Sen el crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser, desde luego, un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan los miembros de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otros determinantes, como las instituciones sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de educación y de atención médica). En otras palabras, el ejercicio de los derechos ciudadanos está condicionado por el origen o condición social de la persona (La democracia en América Latina, PNUD, 2004).

El debate sobre la desigualdad en Chile ha convertido el problema en un asunto central de la agenda política. Ha permitido develar que se trata de un tema complejo que ya nadie desconoce y que no puede ser abordado sólo con políticas tributarias (Clarisa Hardy). De allí que propuestas como la formulada por la candidata presidencial doctora Michelle Bachelet en materia provisional son particularmente relevantes en la construcción de una política de igualdad; sobre todo si se tienen en cuenta los resultados del estudio realizado por la Asociación Internacional de Seguridad Social: mientras en Chile la mayor parte del financiamiento de la seguridad social recae en el trabajador (17.6% del 20% total de carga provisional), en otros países la carga la tiene el empleador.



Así se entiende que para modificar el sistema provisional sea necesario convocar a un diálogo social y constituir instancias capaces de analizar en profundidad el problema, para luego concluir políticas que sirvan efectivamente a la igualdad.



Las propuestas contenidas en The Labor Party Manifesto 2005, programa con el que Tony Blair obtuvo su tercera reelección como Primer Ministro de Gran Bretaña, incluyen la creación de la Pensions Commission, cuyo segundo informe será entregado en el segundo semestre de 2005. A juzgar por los recientes resultados electorales, los británicos no repudian los liderazgos convocantes y prefieren la acción consensuada en la sociedad, antes que el estilo de la decisión inconsulta que debieron experimentar durante los años de thatcherismo. Desde el laborismo británico también se ha comenzado a elaborar una propuesta para las ciudades: una ciudad de clase para todas las clases



Una estrategia de superación de la desigualdad debería estar fundada en el enfoque de derechos humanos, lo que significa entender que el acceso a condiciones de vida decentes, a la salud, a una vejez digna, a una educación de calidad, a una vivienda y equipamientos urbanos de calidad, a la cultura y el esparcimiento, no son sólo objetivos del desarrollo, sino que son derechos humanos. Instalar en Chile una cultura de derechos, que supere el concepto de necesidades, constituye un primer paso hacia la superación de la desigualdad. Más igualdad de resultados que de oportunidades.



Ximena Erazo L. Arquitecto, Magíster en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional.