Acceso a la información: Quien nada hace, nada teme

Un reciente estudio elaborado en diez naciones de América, Europa y Asia por la Open Society Institute -con el apoyo de la corporación Participa en Chile- puso a nuestro país a la cabeza del ranking internacional de negación de información pública a los ciudadanos por parte del Estado.

Según el informe, de los seis ministerios investigados, ocho municipalidades, dos instituciones del Poder Judicial y dos empresas privadas, en un 69% de las solicitudes ni siquiera hubo respuesta a los requeridos, mientras que un 5% la negativa se dio por escrito. Sólo en un 17% de los casos la información solicitada fue recibida.

En Chile, la Ley de Probidad de 1999, consagró el derecho de todo ciudadano de poder solicitar cualquier información a un servicio público sin tener que identificarse o explicar los motivos de ello. Sin embargo, en la práctica existe una clara negligencia en el cumplimiento de este mandato, lo que no sólo representa una falta en las obligaciones, sino que genera un círculo de desconfianza y un caldo de cultivo para prácticas poco transparentes.

Fundación Terram ha tenido varias experiencias sobre negación a acceso a información pública. Una de ellas nace durante el año 2002, cuando el Banco Central -principal organismo encargado de llevar las cuentas ambientales en nuestro país- publicó un informe clave sobre el bosque nativo de Chile, con conclusiones del todo cuestionables y, peor aún, con una justificación metodológica absolutamente deficiente, por decir lo menos.

Por este motivo, Terram solicitó a dicho organismo las fuentes utilizadas en el estudio, las cuales nunca fueron entregadas, recibiendo constantes evasivas por parte del Instituto Emisor, motivo por el cual presentó un recurso judicial contra el Banco Central.

La sentencia en primera instancia del Séptimo Juzgado Civil de Santiago determinó que existen méritos para sancionar al Banco Central. Además, considera que se vulneraron derechos fundamentales como la probidad y la transparencia. Este fallo es histórico, no sólo en Chile sino en América Latina, ya que es un avance sustancial en el tema de la información pública.

Sin embargo, en octubre de 2003 la decisión de la Décima Sala de la Corte de Apelaciones revocó el fallo en primera instancia que obligaba al Banco Central a entregar los antecedentes usados para el estudio. A raíz de este fallo, Fundación Terram junto a Greenpeace Chile, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -OLCA-, la Agrupación Defensores del Bosque Chileno y el Centro Austral de Derecho Ambiental -CEADA-, denunciaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante el año pasado, el secretario ejecutivo de la CIDH decidió cursar la tramitación, enviando los antecedentes al Gobierno de Chile, con un plazo de dos meses para que las autoridades presenten sus observaciones. Con esta decisión, el Banco Central podría comenzar a ser investigado.

En vista de las constantes negativas de las autoridades en hacer cumplir leyes establecidas, fue necesario recurrir a organismos internacionales que presionen al Estado chileno para que las instituciones públicas cumplan con una tarea que, como lo establece la Ley de Probidad, es un deber. La ropa sucia, como tantas otras veces, no se puede lavar en casa.

La razón por la cual Terram gestionó este recurso tiene que ver con un interés que incluso va más allá de la protección del bosque nativo. Se sustenta en la necesidad de transparencia de la información, para así llegar a una participación ciudadana eficaz. Este es un mecanismo clave para ir en la línea de un desarrollo sustentable, en donde puedan participar los distintos actores de la sociedad, lo que sólo se logra con un debido proceso de información de la ciudadanía.

Este es el concepto de empoderamiento ciudadano, en donde las personas, al tener acceso a información, pueden formarse una visión crítica e informada para poder influir en las políticas públicas, derecho fundamental dentro de un país que se considera a sí mismo democrático. Esto sólo se alcanza si los funcionarios públicos pueden asumir su rol de responsabilidad social para con la ciudadanía, estando al servicio de las personas que requieren información de estas instituciones para llevar a cabo ciertos procesos de participación ciudadana, en los cuales está generalmente involucrado su bienestar.

No es posible que los organismos públicos desconozcan una de sus tareas fundamentales, que es dar cuenta a la ciudadanía en forma precisa de su proceder y de la probidad con que llevan a cabo sus gestiones. Para que exista una democracia sana, debe haber un vínculo transparente entre las instituciones públicas y la ciudadanía, permitiendo el acceso libre a la información. Avanzar en esta tarea es también abogar por una sociedad más igualitaria, en donde cada cual cumpla con sus deberes y derechos y pueda ser exigido como corresponda, sin esconderse tras la autoridad que las mismas personas le han conferido.



Pilar Gil. Periodista, Fundación Terram.