La evaluación OECD y la ruta ambiental del próximo gobierno

A fines del gobierno Lagos el país enfrenta dos casos emblemáticos: Celco y Pascua Lama, cuya resolución será sin duda el termómetro de cómo los gobiernos de la Concertación enfrentarán los desafíos del medio ambiente, el desarrollo regional y la política económica. Ambos casos son paradigmáticos de cómo se ha manipulado la legislación ambiental para privilegiar las inversiones en vez de prevenir los daños; y como el lobby, las compensaciones y el poder económico son capaces de contradecir un cuerpo legal que pretendió corregir los excesos ambientales del periodo autoritario.



El incumplimiento de la ley ambiental y la discrecionalidad en su aplicación, denunciada infatigablemente por el movimiento ecologista en la última década, ha sido ampliamente confirmado por la «Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile» realizada por la OECD, el bloque de los países más ricos, al cual Chile quiere integrarse.



El informe de la OECD es lapidario: la institucionalidad y normativa ambiental es insuficiente, las normas no se fiscalizan; y no existen políticas fiscales (impuestos) que permitan internalizar los costos ambientales que esta generando el modelo económico.



Luego de detallar el anterior diagnóstico en las políticas sobre aire, agua, recursos naturales, sectores económicos y compromisos internacionales, urge al gobierno a reformar la institucionalidad ambiental y la política económica para compatibilizar desarrollo económico y protección del medio ambiente. El retraso intencional de la política ambiental en Chile para privilegiar la agenda pro crecimiento queda en evidencia



La OECD llama al gobierno a implementar 52 recomendaciones para mejorar su desempeño ambiental. Estas constituyen, sin duda, un verdadero rayado de cancha, si es que el país desea ingresar a dicho bloque. Por ello estas recomendaciones deberán ser la hoja de ruta del próximo gobierno, sea este de Bachelet, Alvear, Piñera o Lavin: el grave panorama de deficiencias y las exigencias de la inserción global la convierten en una tarea ineludible.



Tareas estructurales y cambio de rumbo



Dentro de los cambios estructurales planteados por la OECD es posible destacar cuatro de ellos que son determinantes para un cambio de rumbo para la sustentabilidad del desarrollo nacional. El primero en el área institucional, donde se recomienda crear normas ambientales para cada sector productivo, destacando el minero, forestal, y la acuicultura; monitorear la calidad del aire en todas las ciudades principales y crear un sistema integrado de información sobre las emisiones.



El segundo consiste el desarrollar una política fiscal compatible con la protección del medio ambiente; en esta área se recomiendan: aumentar el aporte financiero del sector minero y captarlas rentas de la explotación minera; aplicar cargos por residuos peligrosos, cargos por cantaminacion del agua y aire al sector industrial, la mineria y la acuicultura, y otorgar un incentivo financiero para la eficiencia energetica y las fuentes de energia renovables no convencionales; objetivos y fechas para los acuerdos de producción limpia en el sector agrícola.



El tercero se refiere a establecer un sistema eficaz de ordenamiento territorial que resguarde la biodiversidad y los recursos naturales; que integre los planes urbanos, costeros, las cuencas fluviales, los humedales y evaluaciones ambientales estratégicas para los sectores energía y transporte.



La cuarta recomendación estructural es integrar las tareas de fiscalización, estableciendo una nueva institucionalidad fiscalizadora y desarrollar un conjunto nacional de indicadores para medir el desempeño ambiental nacional y con los compromisos internacionales.



Estas recomendaciones estructurales establecidas por la OECD, son una clara señal de que dicho bloque reclama un cambio de rumbo no solo en la política ambiental, sino también un cambio de rumbo en la política económica -cargos, rentas e incentivos- para que el país asuma las tareas del desarrollo sustentable. El documento, entregado al presidente Lagos por el mismo director de la OECD implica un claro requerimiento de ese organismo hacia Chile, que esperamos el jefe de estado reconozca públicamente y de una respuesta directa al país en su próximo mensaje del 21 de mayo.



Simultáneamente es importante que los candidatos que aspiran a presidir la administración de Chile en los próximos años tomen nota de los desafíos ambientales que enfrenta el desarrollo del país, y los incorporen en sus programas de gobierno.





Sara Larrain, Chile Sustentable.