Premergencia en la política ambiental

Un mes antes de lo previsto -la segunda semana de abril- la Intendencia Metropolitana declaró la primera pre-emergencia ambiental del año debido a los preocupantes niveles de contaminación atmosférica en la cuenca de la región. Este hecho en sí no debería causar sorpresa. Ya los ciudadanos de Santiago estamos acostumbrados a emergencias ambientales durante el invierno.



Sin embargo, este año es diferente por varias razones. Primero, la autoridad ambiental públicamente se comprometió a que en el año 2005 no habrían más períodos de emergencia o preemergencia ambiental. Segundo, porque estas mismas autoridades han señalado que la crisis energética y la consecuente sustitución del famoso gas natural por fuentes de energía fósiles, no redundaría en un impacto sustancial sobre los niveles de contaminación de la cuenca.



Los anteriores constituyen dos de una serie de compromisos en materia ambiental que ha realizado el actual gobierno, los que simplemente no se han cumplido. Ya no basta con reiterar, como lo hacemos año tras año, que la política de descontaminación de la cuenca de Santiago se encuentra mal enfocada y que se requiere una visión integral de la ciudad.



La verdad es que es importante situar esta última crisis ambiental en un contexto más amplio, de manera de explicar no sólo el incumplimiento de los compromisos del actual gobierno, sino además la serie de problemas ambientales que hemos sido testigo en el último tiempo.



En el sector forestal pasamos desde la tala ilegal de alerces a una de las mayores catástrofes ambientales en un parque nacional, como consecuencia de un incendio. En el sector pesquero estamos entre la crisis del agotamiento de las biomasas pesqueras y el impacto ambiental y social de la salmonicultura. En cuanto a la contaminación atmosférica, la situación de Santiago es la más crítica, pero ya hay varias capitales regionales con una situación extremadamente grave como el caso de Temuco. La crisis en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andtwater, en Valdivia y la debacle ambiental en Batuco, se relacionan con el tema más amplio de la protección de la biodiversidad y la conservación de áreas prioritarias.



Finalmente, la actual institucionalidad ha sido incapaz de resolver adecuadamente ningún conflicto ambiental, siendo que fue diseñada precisamente para eso. El caso de Celco en Valdivia, Itata, La Farfana, el acceso sur de Vespucio, el relleno sanitario de Santa Marta, son algunos de los más emblemáticos ejemplos, resueltos de manera mínimamente satisfactoria.



Pero es un error pensar que la ineficacia del gobierno se debe a un problema de voluntad política o incapacidad, aunque no cabe duda, que algo de eso hay. El problema de fondo es más grave y de carácter estructural: Se trata de una institucionalidad ambiental que claramente se ha agotado.



Dado el carácter unitario del país y la gestión gubernamental sectorial, a principios de los noventa se optó por una institucionalidad ambiental coordinadora, dejando la formulación e implementación de políticas en manos de los ministerios sectoriales, para sólo ser coordinada a través de la Conama, un servicio transversal y dependiente del ministerio Secretaria General de la Presidencia.



Es esta estructura la que impide resolver la problemática ambiental. En consecuencia, cualquier compromiso real con la sustentabilidad ambiental, debe pasar por una reforma de la actual institucionalidad ambiental, la que debe estar orientada hacia la gestión integral del territorio, la autonomía de la política ambiental de instituciones eminentemente políticas y hacia un rol preponderante del sociedad civil. De otra manera, las pre-emergencias ambientales, al igual que las otras crisis continuarán inexorablemente. Ese es el desafío del próximo gobierno.



Rodrigo Pizarro. Director Ejecutivo, Fundación Terram.