El alcalde Cristián Labbé contra Providencia

Recientemente se debatió en el Concejo Municipal de Providencia acerca del megaproyecto inmobiliario del grupo Penta junto a la plaza Las Lilas. En esa reunión, el alcalde Labbé comentó, entre sus argumentos favorables al proyecto, que -como muestra del escaso desarrollo del sector- continuaban en su lugar los mismos pequeños negocios, atendidos por los mismos dueños, y el mismo viejo cine que muchos años atrás, cuando él había habitado el vecindario.



Eso, que para nosotros es señal de consolidación de un barrio, cuando las personas y sus familias (residentes y trabajadores) permanecen, crecen y se proyectan en él, estrechan relaciones y construyen confianzas, para el coronel retirado es estancamiento y retroceso.

Para nosotros, la ciudad progresa cuando, junto con el bienestar material, los barrios adquieren identidad y la gente se apropia amigablemente de los espacios públicos.



Para el ex escolta de Pinochet, el progreso urbano es eliminación de viejas edificaciones y su reemplazo por grandes estructuras «modernas». Porque, si poco le importa la pertenencia de la gente a su barrio, ¿cuánto podría importarle la conservación del patrimonio construido y arquitectónico, existente, por ejemplo, en el Teatro Las Lilas? ¿Qué podría entender acerca de la ruptura de la armonía visual de un paisaje urbano por parte de un artefacto como el que se pretende introducir aquí?



Esta visión chata de desarrollo urbano está no sólo expresada en el caso de la plaza Las Lilas. Es la misma que se impuso en el caso del edificio en altura construido en Manuel A. Maira con Miguel Claro y la que amenaza a los vecinos de esta última calle y las torres de Tajamar, con la anunciada apertura de la continuación de dicha arteria entre Providencia y Costanera, eliminando la plaza que allí se encuentra.



Este proyecto busca transformar la calle Miguel Claro en una vía colectora para la Costanera Norte, que, con este fin, ya desplazó el puente que originalmente se había dispuesto frente a la calle Huelén. Con esto, además de eliminar un espacio público y un área verde consolidados, con grandes y añosos árboles, modifica riesgosamente la naturaleza tranquila de dicha calle, impactando de manera negativa a todo el vecindario.



Y es que en el paradigma de ciudad de estos «terminator» urbanos está también la idea de un sistema de transporte concebido para los autos, no para las personas.



Y suma y sigue. Ya se anuncia la demolición de buena parte de la manzana donde se emplaza la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en una zona declarada de Conservación Histórica, para levantar un par de torres de gran altura.



Frente a las críticas y la oposición de vecinos y urbanistas, el alcalde y los concejales de derecha se aferran al argumento de la iniciativa privada y la legalidad vigente del actual plan regulador, incapaces de asumir su responsabilidad política en materia de desarrollo urbano en la comuna. Porque nada, absolutamente nada hacen por abrir espacios de participación, ni siquiera de opinión de los ciudadanos y orientar este desarrollo según las expectativas de la comunidad local y en beneficio de su calidad de vida. Y lo hacen con el implícito objetivo de inclinarse en favor de los grandes intereses económicos detrás de estos proyectos.



Ante tal expresión de irresponsabilidad autoritaria, sólo cabe -por ahora- la manifestación y oposición democrática, pacífica e inteligente de quienes queremos compartir y disfrutar la ciudad y sus barrios. Por ahora, hasta la próxima elección de alcalde.



Eduardo Giesen. Ingeniero y consultor ambiental.