Náusea en el Chile de las oportunidades

La cuestión ambiental supone ponderar, con razonable equilibrio por parte de la autoridad ambiental, el concurso de intereses que concurren siempre que estamos en presencia de una potencial fuente generadora de daño ambiental, especialmente, cuando ésta impacta la salud pública.



En principio, podemos afirmar que el resguardo de los intereses de los más vulnerables, requiere de una institucionalidad que garantice la participación activa de los ciudadanos, las ONG, los centros de investigación y los académicos en la toma de decisiones que afecten el medio en que se desenvuelve una comunidad. Esto hace necesario repensar los mecanismos de democracia local existentes, una tarea claramente pendiente en el Chile del siglo XXI.



Con todo, la regla esencial supone comprender que el fundamento ético de la regulación ambiental, y en consecuencia de la asignación de derechos, es la solidaridad.



Conciliar democracia local y medio ambiente, nos permitirá asignar derechos, tutelarlos y que éstos dejen de ser meros principios programáticos que quedan, finalmente, al arbitrio de quien detenta el poder su cumplimiento o no.



Es precisamente la solidaridad como fundamento, la que nos permite aspirar moralmente a la consagración de derechos -y la asignación de los mismos- a quienes en la doctrina decimonónica no lo eran, sujetos que ni remotamente sabemos que van a existir y que esperamos que existan, las generaciones futuras.



El desafío de la cuestión ambiental es claramente de futuro. La idea rompe con el clásico molde kantiano, la aproximación que hace Aarhurs a principios de los años noventa es precisamente esa: derechos de protección al medio ambiente para las generaciones venideras.



Con ello, estamos exigiendo del Estado un rol protagónico, protector y regulador frente al desarrollo destemplado de actividades que llevan consigo un riesgo ambiental serio y que hasta ahora obligan a que el potencial impactado sea quien debe soportar el riesgo, en circunstancias que aquél que está en mejor posición de hacerlo es, precisamente, el provocador del daño presente o previsible.



Ya no resultan aceptables las excusas y los errores, como tampoco es posible seguir sosteniendo que la cuestión ambiental esté en manos de un órgano dependiente de la Secretaria General de la Presidencia, cuando debería ser una institución dotada de la suficiente autonomía política y financiera, para cumplir con la exigencia cada vez mayor de una sociedad que demanda para los individuos que la componen, un estadio más armonioso para el desarrollo de sus planes vitales.



Más allá de algunas acciones aisladas del Consejo de Defensa del Estado, lo cierto es que el desamparo en que nos encontramos los ciudadanos es cada vez más brutal, debido a la ausencia de una unidad especializada de delitos ambientales del Ministerio Público y, la falta de un Defensor del Pueblo que no sea sólo una división menor dentro de un ministerio. Estas falencias conspiran con la noción de igualdad ante la ley, no discriminación y debido proceso.



«Niños Caca» es el titular de una nota de La Nación, que sorteó la cada vez más frecuente censura que padece dicho medio, y que relata sobre un grupo de niños de la escuela de Villa Disputada Las Condes, que sufren los efectos del olor a mierda que emana de la planta de tratamiento de aguas ubicada en Nogales, Quinta Región.



¿Esta es nuestra apuesta de lo que entendemos por educación para nuestros hijos o nuestros hijos pobres no importan?.



Que cientos de miles de habitantes del Gran Santiago deban padecer de los olores a excretas en el poniente de nuestra capital, debiera indignarnos a todos, no sólo a un alcalde ya cansado de librar, junto a sus vecinos, tantas batallas.



La existencia de vertederos en zonas pobladas del Gran Santiago indigna la conciencia democrática y exige acciones decididas a resolverlo.



Ya no podemos seguir tolerando la existencia de vertederos en tierras indígenas, que no sólo poseen un estatus de protección especial, sino que tienen una trascendencia mayor pues para ellos son sagradas. Una situación que conlleva un incumplimiento demasiado grosero de la Ley Indígena en su artículo 39.d



En un gobierno en el que nadie se manda solo, la lista de desastres ambientales -como ya lo he advertido antes- es innumerable. El Golfo de Arauco y el derrame de Trementina; la apropiación brutal de las mineras de las aguas en el norte; el traslado de hielos eternos contra la opinión experta de centros especializados y con el aval de un intendente que parece no comprender la dimensión del problema; la existencia de parques de diversión -por pura filantropía de algunos magnates- en el sur de Chile, a los que sólo acceden quienes precisamente no padecen de los efectos del olor a feca en la ciudad, son cuestiones demasiado frecuentes.



¿Qué hacer? Creo que la respuesta es más sociedad civil, más organización y más acción en los tribunales por una parte. Y por la otra, obligar a un nuevo pacto social, que establezca los mínimos aceptables para el funcionamiento de una sociedad que descansa en la felicidad y en los sueños de sus actores. Que no los aplaste con medios de protección, que con suerte sirven de papel higiénico en alguna aventurilla outdoor de empresarios aburridos de la capital y su rutina de negocios, que incluso los lleva a postularse -con una caja de recursos bastante holgada- para la Presidencia de la República.



Las recomendaciones de la OCDE, recientemente publicadas, están insertas en el Chile de la inequidad y las soluciones, vienen de la mano del Chile de la igualdad.



Que los niños de Nogales dejen de oler a mierda y padecer sus efectos, es un imperativo ético ineludible para un Estado que descansa, sólo en la forma, en la noción de soberanía popular.



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* Luis Correa Bluas es abogado, Master en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid