Estudios universitarios: Cambiar las bases del sistema

¿Por qué mientras el Presidente Lagos era ovacionado unánimemente en el Congreso Pleno miles de jóvenes estudiantes protestaban en las calles de Valparaíso contra el actual sistema de educación superior?



Esta aparente contradicción se explica por diversos factores. Uno es que el movimiento estudiantil ha sido desde hace un siglo un actor principal de las luchas ciudadanas. La actual generación no ha renunciado, afortunadamente, a ejercer con fuerza su espíritu crítico. La juventud se apasiona con sus ideales y en una democracia debe expresarse con libertad, independientemente del contenido de sus planteamientos.



Otro factor es que el sector de la educación superior es aquel que, en el conjunto del sistema educacional, ha registrado menos avances sustanciales. El sistema vigente ha tenido un proceso de masificación aún en curso y, de este modo, se ha multiplicado el número de estudiantes que hoy concurren a centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Al mismo tiempo, se ha hecho crecientemente sospechoso respecto a su calidad y, sin duda, a su impacto en las desigualdades.



El actual sistema no logra asegurar que un porcentaje importante de jóvenes de los estratos bajos pueda incorporarse a los estudios superiores. Consagra así una discriminación que impide que la educación superior pueda ser uno de los espolones que rompa la estratificación demasiado rígida y abra mayores posibilidades de movilidad social. De este modo, el sistema de ingreso a la Universidad excluye, por razones ajenas al talento personal o al esfuerzo escolar, a muchos jóvenes de menores recursos.



Por otra parte, el financiamiento de los estudios universitarios impone enormes sacrificios a las familias de menores recursos que deben pagar aranceles a las Universidades públicas y privadas, parte de ellos destinados a financiar millonarias campañas publicitarias o elevadas rentas de arrendamiento o exageradas remuneraciones de ejecutivos y/o directorios. Las Universidades públicas están obligadas a tensionar el cálculo económico a un punto tal que comienzan a perder la noción de su carácter de tales. La mayoría de las privadas -corporaciones sin fines de lucro, según la ley- se comportan como empresas que persiguen la ganancia. Las familias -padres, madres, hijos- ven enturbiadas sus relaciones y tensionada su vida en común, mientras deben hacerse parte de mecanismos financieros que los constituyen en deudores por largos períodos de tiempo, a cambio de un servicio cuya eficacia sólo podrán medir bastantes años después de haber sido prestado.



El patriota y pensador latinoamericano José Martí expresó hace ya mucho tiempo: «Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás.»



Quizá ese pensamiento pueda servir de base para un nuevo sistema más abierto que incorpore a los jóvenes considerando un objetivo de mayor igualdad social. Y que, para el financiamiento de los estudios, libere a las familias de la carga actual trasladando el pago a los profesionales una vez que estén en pleno disfrute de los beneficios derivados de su educación. Una forma de pacto intergeneracional solidario, que reconozca a la educación superior como un bien social y también como proyecto que genera beneficio individual, es posible y es deseable.



La ciencia económica debe aplicarse a lograr los objetivos de justicia que nuestro país reclama. Es la justicia el factor que debe ordenar a los demás en vez de inclinarse ante ellos. Los juristas, economistas y administradores podrán conjugar los instrumentos que, con la mayor eficiencia, sirvan el fin que se persigue.





* Jorge Arrate fue Ministro de Educación (1992-1994) y es actualmente Presidente del Directorio de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS).