El deber del Estado y la educación superior

Don Mariano Egaña, quien tuvo a su cargo la redacción del primer proyecto de constitución política del Estado chileno presentado en 1811, redactó en su artículo 36: «los gobiernos deben cuidar de la educación e instrucción pública, como una de las primeras condiciones del pacto social. Todos los Estados generan y perecen a proporción que se descuida la educación y faltan las costumbres que la sostienen y dan firmeza a los principios de cada gobierno. En fuerza de esta convicción, la ley se contraerá especialmente a dirigir la educación y las costumbres en todas las épocas de la vida del ciudadano….». Sol Serrano, en su obra Universidad y Nación que nos sirve de guía, insiste en que era tal la importancia que le daba a la educación Don Mariano, que al inaugurar el Instituto Nacional en 1813, señalaba: «Si queréis ser libres como hombres es preciso que seáis ilustrados; de lo contrario vuestra libertad será la de las fieras».



Estas ideas calaron hondo en José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins y en nuestros primeros gobernantes. Así en el Mensaje con que el Presidente Manuel Bulnes envió el proyecto al Congreso el 4 de julio de 1842 que creaba la Universidad de Chile señaló que «la necesidad de mejorar la enseñanza, de extenderla a todas las clases de la sociedad y de uniformarla en todo el Estado, en cuanto sea posible, me ha movido a penar en el establecimiento de un nuevo cuerpo literario y científico que vele sobre este interesante objeto».



Con la aprobación de la Ley de Financiamiento Estudiantil con Aval del Estado para estudiantes de Universidades Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados, y que beneficiará a 100 mil estudiantes, se ha desatado un movimiento de protesta en la educación superior estatal y privada tradicional. Los estudiantes temen que se reduzcan los fondos destinados a las universidades tradicionales. Y ello redundaría en que estudiantes meritorios no puedan estudiar en ellas.



El gobierno ha señalado que nada de eso ocurrirá, pues el crédito fiscal de 2005 ha aumentado en 10% respecto a 2004 (de 50.000 a 55.000 millones de pesos). Se han dictado dos leyes para facilitar la reprogramación de las deudas morosas (2002 y 2003). Con ellas se ha logrado recuperar más de 24.000 millones de pesos en 3 años, montos retornados a las universidades para otorgar nuevas ayudas estudiantiles. Existe una nueva ley de Cobro por Tesorería (2004) que generará cerca de 5.000 millones de pesos adicionales para el Fondo Solidario. Nuevas «Becas Bicentenario» de un millón de pesos al año, que han beneficiado a más de 5.000 alumnos nuevos en 2004 y otro grupo similar en 2005. Y una nueva Beca de Mantención (2005) en beneficio de quienes ingresaron a universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales, para favorecer a más de 4.000 estudiantes.



A todo esto debe sumarse el proyecto de ley que elimina exenciones tributarias a los tenedores de acciones de 1° emisión (57 bis, estimado en 20 millones de dólares) y destina esos recursos a 15.000 nuevas becas a partir de 2006.; y el Proyecto de Ley de Royalty a la minería, para destinarlo a un Fondo para Ciencia y Tecnología y educación de postgrado. Como se ve, el Estado ha apoyado a los jóvenes de educación superior, que en 1990 representaban apenas el 10 % de la juventud, y hoy superan el 30%.



Sin embargo, cuando se conversa con los estudiantes y docentes de las universidades tradicionales, surgen algunas inquietudes de fondo. Ellas dicen relación con la pérdida del Estado en sus capacidades orientadoras, regulatorias y fiscalizadoras. En efecto, llama la atención que en Chile haya un técnico por cada 11 profesionales, en circunstancias que en los países desarrollados la relación sea de 1 a 2. ¿No puede hacer más el Estado para promover la educación superior no profesional?. En segundo lugar, si bien se ha avanzado mucho en equidad, sólo el 9,4% de los jóvenes del decil más pobre llega a la universidad (eso sí, más del doble que en 1990) contra un 65,6% del decil más rico. Tercero, en Chile sigue habiendo una menor proporción de graduados de las carreras de educación, humanidades, artes y ciencias básicas. ¿Es eso compatible con un país que proclama su vocación educacional y que ve en la investigación fuente de desarrollo? Cuarto, el 77% de la educación superior es pagada por los padres y privados, lo que causa hondo agobio entre los padres. Quinto, el año 2000 se contabilizaran 64 universidades, contra 8 que había en 1981. ¿Todas ellas son realmente universidades pluralistas y de excelencia? ¿Cuánta investigación se hace en ellas? ¿Qué tipo de profesionales salen de ellas?. Cualquier observador medianamente informado sabe que allí hay de todo.



En suma, la educación superior chilena ha avanzado en masificación y en democratización. Sin embargo, está muy lejos de formar ese capital humano avanzado que requieren las sociedades desarrolladas. Más grave aun es que ella sigue siendo parte y reproduciendo una sociedad desigualitaria. Es tarea del Estado y del próximo gobierno hacer una profunda reforma en ella.-