A raíz de algunos contratos de asesorías de Codelco que no parecen justificarse, o que no se habrían realizado, ya que se trataría de contratos de complacencia que habrían beneficiado a ciertos muy escogidos personajes de la Concertación, se ha desatado una campaña por parte de algunos políticos de derecha que, en vez de perseguir a los beneficiarios de esos convenios, se ha dedicado más bien a desprestigiar a Codelco como empresa estatal, preparando así el camino para su privatización.
Para justificar que Codelco no debe seguir en manos del Estado se utilizan argumentos falaces, como el de decir que si Codelco fuera dirigido por un directorio independiente o privado, las asesorías de complacencia no se producirían, porque el directorio, al estar preocupado de maximizar las utilidades de la empresa, no aceptaría contratos de asesorías de amigos políticos o amigos de los gerentes, que no estuvieran plenamente justificadas para maximizar las utilidades.
Por último, argumentan estos defensores de un Codelco privado que si una empresa privada quiere gastar o perder dinero en favor de quien sea, ello concierne sólo a esta empresa, ya que al ser propiedad privada no tiene que rendir cuentas a nadie más que sus dueños, y no perjudicaría a todos los chilenos.
Queremos refutar estos argumentos por no corresponder a la realidad, puesto que todo gasto no necesario para producir la renta en una empresa privada, también perjudica directamente al Estado. En efecto, por cada $100 que gasta una empresa privada, en asesorías o gastos que no son estrictamente necesarios para los objetivos propios de la empresa para producir la renta, sobre todo si es extranjera, solo $65 son pérdidas para los accionistas o propietarios de esta empresa privada, los otros $35 son pérdidas para el Estado, es decir para todos los chilenos, por el impuesto a la renta que deja de percibir el Fisco.
De esta manera, cuando las empresas extranjeras del cobre o cualquiera empresa privada chilena, le encargan asesorías innecesarias y de complacencia a institutos de estudios y consultoras de derecha, por afinidad política e ideológica, el 35% de estas asesorías las estamos pagando todos los chilenos.
Es así como todos los chilenos financiamos alrededor de un tercio de las asesorías de complacencia a consultoras de la derecha, y el 100% de las asesorías que empresas del Estado encargan a consultoras de la Concertación. A su vez, estas consultoras nos entregan periódicamente sesudos estudios que respaldan, precisamente, este sistema neoliberal que nos obliga a pagar dichos estudios. Es decir, todos proporcionamos la cuerda para que nos ahorquen.
Respecto de las empresas extranjeras, estos gastos de asesorías de complacencia es doblemente perjudicial, puesto que se pagan cuantiosas asesorías de todo tipo a las casas matrices de las empresas instaladas en Chile, las que tienen que retener el 20% de impuesto adicional a la renta, por pagar a extranjeros rentas de fuente chilena. Pero la Ley 18.768 de 1988, permite que esta retención pueda ser deducida del PPM, lo que significa que el Estado les devuelve este impuesto a las mismas empresas que lo retuvieron.
Resultado: si la asesoría es realizada por chilenos se retiene un 10% de impuesto y no se devuelve, pero si la asesoría la hacen extranjeros, se retiene 20%, para la apariencia, pero finalmente el Estado devuelve este impuesto. Cuando Codelco paga asesorías de complacencia a ciertos «buenos y comprensivos amigos», por lo menos un 10% del impuesto va para el Estado, pero cuando las transnacionales mineras pagan cientos de millones de dólares en asesorías de complacencia a consultoras extranjeras relacionadas, el Estado pierde pan y pedazo, porque pierde el 35% de impuesto a la renta de la empresa extranjera en Chile, y pierde el impuesto adicional a los honorarios que deben pagar los extranjeros. La Ley 18.768 es una verdadera vergüenza nacional.
Sociedad anónima abierta
Otra de las falacias que se han esgrimido en el caso de las asesorías de Codelco es afirmar que si el directorio funcionara como el de una sociedad anónima abierta, sometido al respectivo control de la Superintendencia de Valores y Seguros, no se producirían estas pérdidas anormales o fuera de los rangos de una gestión normal de Codelco.
Esto no corresponde para nada a la verdad, por las siguientes razones: A fines de 1993, Juan Pablo Dávila perdió cerca de 170 millones de dólares en los mercados de futuro del cobre, lo que representaba alrededor del 7% de las ventas de Codelco. A raíz de esta colosal pérdida, El Mercurio, La Tercera, otros medios de comunicación y los partidos de derecha, iniciaron una gran campaña publicitaria para privatizar Codelco.
La base de la argumentación para la privatización consistía en, que si Codelco hubiera sido una sociedad anónima privada, las pérdidas en los mercados de futuro no se habrían producido; en primer lugar, porque los accionistas y sobre todo el directorio de esta S.A. hubieran tenido los medios de control para impedir estas pérdidas; y en segundo lugar, porque la Superintendencia de Valores y Seguros fiscaliza eficazmente a este tipo de sociedades.
Sin embargo, estos mismos políticos y la misma prensa no dijeron una sola palabra, cuando un año después, en 1994, la Empresa Minera Mantos Blancos S.A. también perdió el 7% de sus ventas (14 millones de dólares) en los mercados de futuro del cobre. Tampoco se dijo nada cuando, en 1995, esta misma sociedad anónima minera volvió a perder 49 millones de dólares, equivalente al 25% de sus ventas en los mercados de futuro del cobre lo que, en comparación, es como si en Codelco J.P. Dávila hubiera perdido alrededor de 600 millones de dólares, en vez de 170.
Las pérdidas de esta empresa en los mercados de futuro del cobre, las pudimos comprobar porque los balances de Minera Mantos Blancos S.A. son públicos, ya que esta empresa es la única sociedad anónima abierta de la gran minería y, por lo tanto, debe obligatoriamente enviar sus balances y estar sometida al control de la Superintendencia de Valores y Seguros. Sin embargo, ni esta Superintendencia, ni el Directorio de la empresa se pronunciaron acerca de estas pérdidas.
El año 1995, el precio del cobre había alcanzado el máximo de la década de los noventa con 1,5 dólares la libra, en dólares actuales. Gracias a este precio, Minera Mantos Blancos pudo obtener ese año utilidades antes de impuestos de 48 millones de dólares, pero gracias a los 49 millones de dólares de pérdidas en los mercados de futuro, esta empresa terminó ese año con pérdidas, y, en consecuencia, el Fisco perdió 16,8 millones de dólares por el 35% de impuesto adicional a la renta que ya no pudo percibir. Esto comprueba el argumento anterior: las pérdidas privadas son también pérdidas del Estado y de todos los chilenos.
Cuando J.P. Dávila perdió los 170 millones de dólares en los mercados de futuro, el presidente ejecutivo de Codelco, y varios vicepresidentes y gerentes fueron despedidos, e incluso fueron procesados. Estos despidos se produjeron precisamente porque Codelco es una empresa del Estado. Si hubiera sido privada ningún despido se habría producido y nunca nadie hubiera hablado de esas pérdidas, como ocurrió con la privada empresa Minera Mantos Blancos S.A., que nunca informó que en los mismos mercados de futuro perdieron comparativamente 4 veces más dinero que la estatal Codelco, y no despidieron a ningún alto ejecutivo.
Por el contrario, el señor Diego Hernández, presidente de Mantos Blancos de la época, fue ascendido a presidente de Minera Collahuasi, una empresa de mayor envergadura. Posteriormente, por su destacada labor en la pérdida de 63 millones de dólares en los mercados de futuro del cobre entre 1994 y 1995, fue elegido Presidente del Consejo Minero. Actualmente, el Sr. Diego Hernández es Presidente de BHP Metales Básicos, es decir, dirige todas las mineras de BHP en América del Sur.
¿Por qué el directorio y los accionistas de Minera Mantos Blancos no despidieron a los ejecutivos que perdieron tanto dinero en los mercados de futuro? ¿Acaso no funciona el control accionario y la famosa Superintendencia? ¿Y qué hacía el S.I.I. que vio perder 22 millones de dólares de impuestos entre 1994 y 1995? Ningún organismo de control de la actividad privada funcionó, porque Angloamerican -el grupo controlador de Mantos Blancos- ganó en los mercados de futuro de Londres lo que perdió su filial chilena Mantos Blancos S.A.. Aquí, los únicos que perdieron fuimos los chilenos, porque no se pagaron los impuestos que se debían pagar. Por esta razón la empresa Mantos Blancos no despidió al Sr. Diego Hernández, ya que gracias a esta evasión tributaria, transformó sus pérdidas en los mercados de futuro, en utilidades para empresas relacionadas.
Respecto al caso particular de las pérdidas en los mercados de futuro de commodities, es muy fácil de impedirlas si en el artículo 31 inciso primero de la Ley de la Renta, a partir del párrafo: «No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa»; agregamos la siguiente frase: «incluidas las pérdidas en los mercados de futuro de metales, o del mercado de futuro de cualquier otro producto, o mercados similares que determine el Servicio».
Introducir esta legislación es urgente, porque con el precio del cobre de este año y en principio del próximo, todas las empresas mineras tendrán cuantiosas utilidades operacionales. Para evitar el pago del impuesto a la renta, ellas pueden recurrir masivamente a la evasión mediante pérdidas en los mercados de futuro en favor de empresas relacionadas en el extranjero. La opinión pública no conocerá de estas pérdidas, porque con la excepción de Mantos Blancos, las mineras privadas no son sociedades anónimas, y no tienen ninguna obligación de presentar balances. Es precisamente por ser privadas, que estas empresas mineras pueden evadir sus utilidades e impuestos en Chile, lo que no ocurriría si pertenecieran al Estado.
Estos hechos nos dejan ante las siguientes evidencias:
1) Por toda asesoría de complacencia que paga una empresa privada, sobre todo las empresas extranjeras, a lo menos un tercio de ellas son pérdidas para el Fisco, por ende para todos los chilenos.
2) No es ninguna garantía para el Estado que una empresa funcione como una sociedad anónima abierta, porque las pérdidas extraordinarias de estas sociedades tampoco son controladas por el directorio de estas empresas.
3) Presentar balances, fecus y otra información a la Superintendencia de Valores y Seguros, no impide que estas sociedades anónimas abiertas puedan tener graves «errores» de gestión o administración, porque en Chile tanto a esta Superintendencia como a Cochilco, al S.I.I., al Servicio de Aduanas, etc., no se les han entregado herramientas legales eficaces para fiscalizar la actividad privada.
La falta de una legislación de fiscalización adecuada no puede deberse a un simple olvido o falta de atención de nuestros gobernantes.
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Julián Alcayaga O. Economista. Comité de Defensa y Recuperación del Cobre.
