En nuestra infancia, los niños que fuimos entonces jugábamos al «paco y ladrón». Cuando no habían reglas claras, consensuadas, o más número de interesados en hacer de policía, casi nadie de ladrón, o al revés, era de preocuparse: el juego no funcionaba y arriesgábamos pasar una tediosa tarde.
Pocas veces el concepto de «seguridad ciudadana» se asocia a una visión integral. Normalmente se acentúa el rol de la víctima en el delito, prescindiendo de incluir a los otros partícipes de este proceso o estado de obtención de normalidad pública, que es condición necesaria para el ejercicio de las libertades y derechos del individuo en la sociedad.
Un autor, Esteban Ibarra señala que es «un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades, interactiva con valores democráticos como la solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica, de servicio público para el conjunto de la ciudadanía y al servicio del bien común».
Esto es, en el juego de contrapesos entre la víctima real o potencial del delito y el eventual imputado o incluso del ciudadano neutro, es también «inseguridad ciudadana» el que no se respeten los derechos y libertades del individuo en la persecución penal del Estado. Es sabido que el Estado policía o represor produce tanta inseguridad o temor como aquellos Estados permisivos o excesivamente tolerantes con la delincuencia.
Por lo mismo, el tema de la «seguridad ciudadana» -o el juego del paco y el ladrón de los niños pretéritos- es uno que compromete a todos los integrantes de la sociedad, sin exclusiones. Estigmatizar, a culpar a unos para salvarnos o salvar a otros, significa que restamos o excluimos a quienes podrían complementar los esfuerzos necesarios para lograr esa tan anhelada seguridad.
El rol del Juez en la sociedad actual, democrática y moderna, es ciertamente, en un aspecto, el de garante de los derechos y libertades ciudadanas que la Constitución Política de la República reconoce y garantiza y, a la vez, los magistrados representan al Estado o a la sociedad organizada cuando deciden hacer efectiva la sanción correspondiente por la violación -por medio del delito- del orden aceptado y cautelado en esa misma Carta Fundamental y en las leyes que de ella derivan. Así pues, los jueces estamos profundamente comprometidos en la obtención de la ecuación perfecta que posibilite alcanzar la tranquilidad social.
Consecuencialmente, los jueces estamos dispuestos y nos sumamos en la búsqueda nacional del exacto equilibrio entre la persecución penal o policial y los derechos y libertades de los ciudadanos.
Aceptamos entonces toda invitación que se nos extienda en esa perspectiva, sincera y francamente, para debatir, explicar, enseñar, difundir y compartir el tránsito que es menester realizar en las sociedades maduras que asumen sus precariedades, resaltan sus logros y sobre bases sólidas -al margen de oportunismos y contingencias temporales o mediáticas- cimentan un prospero futuro. No sea que alguien quede fuera, o no sume, y perdamos la posibilidad real y saludable de jugar al policía y al ladrón sin sobresaltos, en normalidad, con reglas consensuadas y claras.
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Roberto Contreras Olivares. Director Asociación Nacional de Magistrados de Chile
