La bonanza actual de los precios del cobre, y que, según juicios de expertos, podría quedarse por dos o tres años más, sigue tensando a nuestra economía. Ayer la discusión giraba en torno a los denominados «excedentes del cobre», es decir, los superávit efectivos del fisco habida cuenta de la regla fiscal del balance estructural y que por ser ingresos transitorios solo se pueden ahorrar. Estos excedentes podrían acumular a fines del 2006 cerca de 13.000 millones de dólares y se estima que a fines del próximo año alcanzaría una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares. Naturalmente, la economía chilena no tiene la capacidad de absorción interna de este volumen de recursos en el corto plazo sin que se deprima el precio del dólar. Para dar más tranquilidad al mundo de los negocios, el Ejecutivo envió un proyecto de ley, llamado de responsabilidad fiscal, donde se establece que los excedentes tendrán tres destinos: Fondo de reserva de Pensiones para ser gastado en la próxima década, Fondo para la capitalización del Banco Central por cinco años y un Fondo de Estabilización Económica y Social. En el primer y tercer destino los recursos se podrán invertir en su totalidad en el extranjero.
Sin embargo, esta solución que aparece tan coherente siempre dejará abierta una gran interrogante a saber, que la compra de deuda de terceros o activos en el exterior con los fondos indicados rinden menos que potenciales inversiones bien evaluadas que el propio gobierno hace en Chile. Los papeles de Tesorería de EEUU, rinden en torno al 5% nominal anual. Invertir en Codelco o Enap tiene rentabilidades superiores al 20% anual; invertir en puertos, carreteras, transporte, educación, salud rinde más del 12% anual según las evaluaciones de Mideplan en los proyectos actualmente en ejecución. Además, son todas inversiones con espacio para el sector privado innovador que tienden a acrecentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que se pueden ir realizando gradualmente a fin de dar cuenta del problema cambiario, lo cual naturalmente exige un Banco Central más comprometido con el desarrollo económico del país.
Hoy en día la discusión gira en torno a los ingresos permanentes o estructurales para el año 2007 que sí se pueden gastar. Estos ingresos están compuesto por: los ingresos provenientes del cobre pero a un precio de largo plazo (proyección de tendencia a 10 años, hecha por un conjunto de expertos, y que para el 2006 fue de 0,99 ctv y presumiblemente para el 2007 sería en torno a 1,20) y los ingresos tributarios sobre la base de una estimación del crecimiento potencial futuro de la economía, también estimado por un conjunto de expertos, y que podría ser poco mas del 5%. Además, ahora habría que agregar los intereses que reportan los fondos anteriormente aludidos que también son ingresos permanentes y que se pueden gastar. En síntesis, se estima que para el 2007 podría registrarse un aumento de ingresos permanentes, según estimaciones privadas, entre 1.600 y 2000 millones de dólares adicionales, y con un aumento del gasto fiscal que podría ubicarse entre 8 % y 11%. Es decir, estamos en presencia de una política fiscal expansiva, respetando la regla fiscal y dentro de un ciclo de elevados precios del cobre.
Frente a esta situación ya han surgido las opiniones más conservadoras que argumentan que no es posible que el gasto fiscal crezca tan rápido. Algunos lo hacen sobre la base de razones estrictamente ideológicas, es decir, si el gasto fiscal crece mucho más fuerte que el producto significa que el Estado se está agrandando y ello es una perversidad o un elemento contra natura para quienes confunden sociedad y mercado. Otros argumentan sobre las consecuencias que podría acarrear un aumento del gasto fiscal del orden de los 2000 millones de dólares (1,5% del PIB del 2006) sobre el tipo de cambio y la inflación futura. Este es un argumento que merece atención.
Desde ya han surgido iniciativas para aliviar los efectos indicados. Una, quemar dólares afuera, por ejemplo, comprando los equipos médicos que dramáticamente hacen falta en los hospitales públicos o aumentando la ridícula cifra de 210 becados chilenos para hacer un postgrado en el extranjero con mil dólares mensuales a cargo del fisco. Naturalmente el conjunto de estas iniciativas está lejos de agotar los recursos implicados. La segunda es programar este gasto para dos o tres años, lo cual le permitiría al Estado constituir una cartera de proyectos estratégicos que hoy no dispone en la cuantía necesaria.
Sin embargo, a pesar de los criterios indicados sobre las modalidades del gasto fiscal, siempre está latente el tema de la absorción, es decir las consecuencias cambiarias e inflacionarias del mayor gasto pues hay una parte de éste que se dirige a los servicios (los no transables) que no se pueden importar y a través del cual un mayor gasto crea presiones inflacionarias y reevaluación del tipo de cambio real.
Al gastar el fisco cambia sus dólares por pesos e inyecta liquidez a la economía pero no hay que olvidar que el Banco Central puede recoger parte de esa liquidez emitiendo títulos financieros (bonos) con lo cual aumenta sus pasivos o deuda. No será la primera vez y la deuda que tiene actualmente es pequeña (4,7% del PIB). Existen muchas otras modalidades técnicas de intervención del Banco Central para acomodar un mayor gasto fiscal que minimicen sus efectos cambiarios e inflacionarios y que en las actuales circunstancias habría que explorar y no negarse a hacerlo por razones ideológicas.
Pero los vientos son otros hoy predomina una visión conservadora. Las autoridades de Hacienda recientemente anunciaron (incluso antes de que los expertos entregaran sus proyecciones sobre el precio del cobre a largo plazo y el crecimiento potencial del producto futuro) que habría un techo para el gasto fiscal y que éste no sería de dos dígitos. La Cámara de Comercio de Santiago, ya había planteado en mayo que era «conveniente anclar la regla fiscal limitando el crecimiento del gasto a una brecha máxima respecto del PIB». Pareciera que en época de bonanza del precio del cobre la regla fiscal es insuficiente o poco eficaz a menos que se agreguen otras reglas subsidiarias como las indicadas. En este ambiente, es muy posible que más tarde pudiera surgir la iniciativa que tampoco se pueden gastar los intereses que reportan los fondos del ahorro fiscal y que hay que recapitalizarlos.
Podríamos concluir con lo siguiente. En los 16 años de gobiernos de la Concertación ha primado la prudencia y responsabilidad fiscal. En sus inicios partió con una reforma tributaria que permitió dar cuenta de la deuda social del régimen militar y mantuvo permanentemente un ahorro fiscal antes que se estableciera la regla del balance estructural. Esta última aparece no para eliminar una tentación populista inexistente sino para embarcar a la economía en un proceso de globalización financiera profunda. Al hacerlo se perdió el norte de una concepción del desarrollo, habida cuenta de la globalización, abriendo con ello las puertas a las ideas conservadoras en la gestión macroeconómica.
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Alexis Guardia B. Economista.
