Al interior de la Concertación ha comenzado a reactivarse la idea de materializar una reforma tributaria que dote de mayores recursos al Fisco para atender las necesidades de una población que se aproxima al umbral del desarrollo. La idea -desechada por las administraciones de los Presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos- fue lanzada por el ex Presidente Patricio Aylwin (quien al inicio de su mandato también logró concretar una iniciativa similar) y casi de inmediato minimizada por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
La respuesta de éste (‘los planes del Gobierno están financiados con los recursos del cobre y del mayor crecimiento económico del país’) ha dejado entrever dos hechos no menores. Uno, que la administración Bachelet se da por satisfecha si lograr materializar su proyecto de reforma provisional, cuyo alcance, de por sí ya limitado, será sometido a fuertes tensiones al momento de evaluar su financiamiento. Dos, que el Gobierno y su jefatura económica caen en el más exquisito argumento neoliberal al condicionar cualquier espacio redistributivo a los ‘excedentes’ del puro crecimiento económico.
Este segundo razonamiento permite la persistencia de unos niveles de desigualdad cuyo incremento es sólo comparable a los niveles extremos de concentración de la propiedad (lo admitía hace pocos días José Yuraszeck, cabeza de uno de los más conspicuos grupos económicos, al reconocer lo bien tratado que se ha sentido el gran empresariado bajo los gobiernos concertacionistas). Y al hacerlo, no sólo ignora el profundo escepticismo ciudadano develado por las encuestas. También omite las advertencias de estudios internacionales (de las Naciones Unidas, pero también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD) de que prolongar tal estado de cosas representa una seria amenaza futura a la democracia y un serio impedimento para ingresar al ‘club del desarrollo’.
Por lo pronto, dejar al ‘chorreo’ la tarea de financiar toda acción redistributiva constituye no sólo una ingenuidad, sino que además implica negar los propios informes de Hacienda o del Banco Central. Cuando el país ha crecido en 2006 dos puntos menos que las proyecciones iniciales y cuando ya nadie cuestiona que el país difícilmente podrá expandirse a un rimo mucho mayor (¿por qué debería hacerlo si no fue posible con un precio del cobre que no volveremos a ver en muchas décadas?), cuesta creer que el Gobierno confíe en que unos ingresos decrecientes financiarán unos gastos crecientes.
El reporte de enero pasado entregado por el Banco Central (BC) al Senado contiene otro dato relevante: el consumo de bienes nacionales cedió en 2006 un fuerte terreno frente a sus similares importados y descendió una vez más la productividad total del país. Esta pérdida de competitividad, dice el BC, ‘no responde a factores puramente cíclicos, sino que incluya elementos más persistentes. Ello podría llevar a revisar a la baja el crecimiento del PIB tendencial actual’.
Así las cosas, no hay mucho espacio para la imaginación: o el proyecto de reforma previsional es apenas un ‘techo’ de coberturas posibles aunque no necesariamente probables, o su difícil financiamiento quedará entregado a un incierto juego de negociaciones en el Congreso -en donde el cabildeo de las AFPs. será un factor no despreciable. Un ejemplo de ello: aunque desviar los dineros previsionales al extranjero y no financiar el desarrollo nacional parece un grave error estratégico, la presión de aquéllas da por seguro que se les autorizará ampliar al 80% la cartera que pueden invertir en terceros países.
Pero la reforma previsional es sólo una de un abanico de nuevas demandas en una población que camina indefectiblemente hacia el envejecimiento y crecientes presiones de gasto asociadas, que demanda empleos de mejor calidad, cuya juventud (equivocadamente o no) considera un derecho irrenunciable el acceso amplio a la educación superior -y donde, además, una gran mayoría sigue constatando con desaliento cómo las brechas de ingreso continúan ensanchándose.
Pensando en ello, un informe de la Comisión Económica y Social (CES) de la Democracia Cristiana ha replanteado la necesidad de revisar la relación entre el sistema tributario chileno y de potenciar el crecimiento con equidad. De anular las franquicias, subsidios y otros beneficios otorgado a ciertos grupos de poder, así como la evasión tributaria. Recuerda que unas y otra han sido estimadas en un cuatro por ciento del PIB (unos US$ 5.500 millones anuales) por el propio Ministerio de Hacienda. Asimismo, el uso abusivo o inescrupuloso de mecanismos existentes en la legislación para pagar menos impuestos representa otros US$ 3.000 millones.
El informe admite que el tema genera anticuerpos en el gobierno de Bachelet. Pero solicita al menos no vetar el debate tributario atendiendo a ‘una resistencia inicial, conservadora por definición’, y evaluar la conveniencia de ‘más políticas sociales activas para combatir la pobreza’, e impulsar una estrategia que ‘nos aleja tanto del recetario neoliberal como de la fórmula populista’.
Claro: entre los detractores de este informe no pasará por alto el hecho de que entre quienes critican ‘una decisión política hasta ahora no vista en los gobiernos de la Concertación’ figuran -excepción hecha del prestigioso economista Ricardo Ffrench-Davis- dos ex superintendentes de Bancos, un ex ministro de Defensa, un ex ministro de Educación, dos ex presidentes ejecutivos de Codelco y un ex subsecretario del Trabajo de las pasadas administraciones concertacionistas.
Uno de los tabúes de la Concertación ha sido la necesidad de propender a un régimen tributario más progresivo, de allegar mayores recursos a financiar unas demandas sociales crecientes y de acercarse -también por está vía- a los niveles de equidad social de los países desarrollados. Es difícil seguir ocultando la evidencia de que el 70% de nuestros ingresos tributarios descansa en impuestos indirectos (fuertemente regresivos), mientras que entre los países de la OECD ocurre exactamente a la inversa.
De vez en cuando -como ahora-, esta suerte de ‘urticaria progresista’ aflora en uno u otro político, en uno u otro partido. Así, lo sintomático no es que la DC asuma hoy unas posiciones más agresivas en términos del gasto social y critique los sesgos de elevada inequidad subsistentes. Lo realmente paradojal es que sus autores endosen a una Presidenta socialista el mote de ‘conservadora’ y a su política económica, el apelativo de ‘neoliberal’.
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Nelson Soza Montiel. Periodista.
