Escribo estas líneas por la obligación que emana de una representación popular y partidaria que me exige referirme también a los rumbos equivocados, y no sólo a las muchas y grandes cosas buenas que han hecho nuestros gobiernos democráticos en estos años.
Cuando se planteó la idea de instalar un megaproyecto que modernizara el transporte público de pasajeros en Santiago, no se podía dejar de apoyar la idea, toda vez que la necesidad de aquello se nos aparecía como una nítida exigencia de la realidad. Las cosas no podían seguir como estaban.
Lamentablemente, en la construcción e implementación del proyecto se ha formado un cóctel peligroso: debilidades técnicas, demasiados intereses privados por sobre los públicos, graves improvisaciones, concentración del rubro en manos extranjeras y una relación incestuosa entre lo público y lo privado, ausencia de los usuarios en todos los niveles de decisión, desprecio absoluto por el pequeño empresario chileno. Tengo el fundado temor de que las cosas empeoren de un modo desastroso.
Una modernización implica hacer mejor las cosas, de tal manera que se eleve la calidad del servicio. Una auténtica modernización debía conseguir entonces tres objetivos: abaratar los costos, disminuir los tiempos de recorrido y mejorar la calidad de las micros. Nada de esto se observa en el horizonte, antes lo contrario.
Creo que en Chile es posible y necesario abaratar los costos del transporte público, medidas racionalizadotas perfectamente lo podrían conseguir. Señalemos como ejemplo que en el Metro de Buenos Aires, que tiene tecnología mucho más atrasada que el nuestro, un pasaje vale aproximadamente un tercio que el de este lado de al cordillera. Nuestro Metro es más caro que el de París y debemos considerar comparativamente a estos efectos el sueldo mínimo chileno y el francés.
Con el actual sistema de Transantiago el pasaje aumentará sustantivamente. Esto es una crueldad inmisericorde con los bolsillos de una clase trabajadora en que el 80% gana menos de 300 mil pesos mensuales, y muchos el sueldo mínimo. Es lamentable que la CUT nada diga, por lo menos hasta ahora.
Respecto de los tiempos de recorrido y dada la estructura de clases de nuestra sociedad en que una clase social sirve literalmente a otra -lo cual se expresa nítidamente en su recorrido rumbo al trabajo-, todo indica que los trabajadores santiaguinos deberán tomar tres transportes para llegar diariamente a vender su fuerza de trabajo. Múltiples estudios señalan las jornadas laborales chilenas como largas y fatigosas, el Transantiago aumentará el problema.
Respecto de la calidad del servicio las cosas no son mejores; una gran cantidad de micros simplemente se han mal pintado de otro color y la tendencia del Metro es a retirar paulatinamente los asientos de los carros, con lo cual lo más nítido en el horizonte es el vagón de carga. Se actúa con tanta o más voracidad que una empresa privada… me recuerda el Banco del Estado.
Se nos está imponiendo un servicio monopólico, cargado de abusos en perjuicio de nosotros, los usuarios, pero que cuenta con el gigantesco y poderoso respaldo del Estado. Cuesta encontrar oro rubro de la economía en que empresas privadas cuenten con un pivote tan grande en lo económico y político para que puedan ganar dinero, quizás sólo en el ámbito de las concesionarias de carreteras.
Lasa empresas privadas que administrarán el Transantiago, muchas de ellas de capitales extranjeros y que cuentan con los servicios de connotados dirigentes políticos en sus estratos directivos, tienen el derecho único, y a mi juicio abusivo, de contar con una rentabilidad mínima asegurada. ¿El capitalismo no era un sistema en que el empresario arriesgaba su capital y de allí la justificación ética de sus ganancias?
Si hay gente que pudiera burlar el pago del pasaje -elusión se le llama- el pasaje aumentará. Esto es tan irracional y abusivo como si alguien comete un perromuerto en un restorán y este prorratea la pérdida entre los comensales que si pagaron.
El Estado chileno garantiza por mandato y deber legal el curso forzoso de la moneda que él mismo emite. Sin embargo, aquí promueve un modo de pago privado, castiga el uso de la moneda nacional con un servicio más caro y permite la reglamentación de esta en términos abusivos. Se deposita una cantidad de dinero anticipadamente, no es que se estén comprando boletos, pues si el valor de éstos sube se cobra al valor de utilizar el servicio. El Estado, en definitiva, acepta que se rechace su propia moneda. Creo que las cosas han llegado a una situación de legalidad dudosa.
Nuestro Estado nos obliga a pagar por anticipado el servicio de transporte público. Esto significará un ahorro forzoso de millones de usuarios, esa enorme masa de dinero es una fuente de intereses gigantescos en el mundo financiero.
Los conductores de micros se han negado, en número significativo, a trabajar en el primer día de Transantiago ante los sueldos miserables que se les han ofrecido, con toda dignidad han preferido la cesantía.
Miles de pequeños empresarios han ido a la ruina. Su lugar lo ocupan empresas extranjeras y ejecutivos lucrativamente reciclados desde el mundo político.
Creo que el plan Transantiago representa, de manera central y concentrada, la imposición en nuestra sociedad del modelo neoliberal, estructura social excluyente y abusiva que desde muchos y crecientes sectores viene siendo rechazada.
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Roberto Ávila Toledo, miembro del Comité Central del Partido Socialista. Concejal de Cerro Navia
