Una vez más los porfiados hechos vinculados a las violaciones de los derechos humanos cometidos por militares durante el golpe militar y el posterior gobierno dictatorial, asoman en nuestra convivencia poniendo en el centro del debate a las Fuerzas Armadas y los hombres que ejercen el Alto Mando, así como el carácter de nuestra democracia y el papel que juega la conducción política del gobierno.
Los nombres de los generales Santelices, Le Dantec, Castro, Aldunate y otros ocupan la preocupación gubernamental y ciudadana, por ser actualmente miembros del Alto Mando Institucional, por lo tanto, los que elaboran y resuelven las líneas directrices de la política del Ejército, y dentro de los cuales saldrá el futuro Comandante en Jefe de esta rama castrense.
Lo sucedido en estas últimas semanas, y particularmente con la renuncia del general Santelices debiera dejarnos algunas lecciones, para que definitivamente, se pueda asentar un criterio ordenador frente a estas realidades. Desde mi punto de vista, por lo menos las siguientes:
1.- Que el principio jurídico de que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad sigue siendo un imperativo intachable, no inhabilita, particularmente por el mérito de las personas y las funciones públicas que ostentan los militares, la máxima precaución e incluso hasta la prevención en la toma de decisiones que tengan que ver con sus ascensos y ejercicios de mando institucional. La enorme responsabilidad de administrar el recurso armado que les otorga la Constitución Política a los militares, y con la base de la experiencia histórica, obliga a la intachabilidad política, ética y moral de los cuadros de mando.
2.- Que la responsabilidad individual, única punible legalmente, no exime de culpabilidad a la institución, más todavía que es en este contexto en que se desenvuelve una violencia represiva ideológicamente justificada. Existe una institución militar que codificó una doctrina de enemigo interno, que aplicó un trato inhumano, que argumentó la obediencia irracional de sus subordinados, que sistematizó aparatos especializados en la represión interna, y que instaló un discurso público de una guerra permanente contra un sector de la vida nacional. Mientras la institución militar como tal, a través de su Alto Mando, no reconozca en toda su forma esta realidad, no logrará superarse la constante emergencia de casos de violaciones a los derechos humanos que tensionan al Ejército y al país. A su vez debiera reflejarse en un conjunto de instrumentos propios, como son los reglamentos, las cátedras de historia y derechos humanos en la formación de los oficiales, en el ámbito simbólico e iconográfico de la institución, etc.
3.- De una vez por todas debe asumirse esta responsabilidad institucional a cabalidad, no es posible el relativismo moral que descansa en una argumentación burocrática, que permite por una parte condenar los excesos, instalar cátedras de derechos humanos, reconocimientos parciales de las violaciones, insistir en un Ejército de todos los chilenos; y por otra, seguir manteniendo privilegios para condenados por delitos humanitarios, y particularmente sostener la imagen de Augusto Pinochet y buena parte de los generales de entonces como un ícono de la institución militar. Esto solo da pie para la confusión de los actuales y futuros jóvenes que opten por una formación profesional militar.
4.- Que en las culpabilidades por violaciones de los derechos humanos no cabe la doctrina de la obediencia debida. Es comprensible el hecho de que un joven subteniente no haya tenido oportunidad de desobedecer una orden directa de un superior, en un contexto de una autoproclamada guerra interna. Pero eso no lo exime de responsabilidad por lo ocurrido, desde el punto de vista legal y más aún desde el ético, como de hecho lo hicieron muchos uniformados a los que les costó su exoneración, o en el peor de los casos su propia muerte. Allí justamente hubo convicción jurídica y ética para no asumir una orden indebida. Citando propias palabras del general Santelices «Â…bajo un régimen de disciplina no educar hombres colectivizados. Es cuando la conciencia de libertad debe operar, en un sentido de libertad, de autodisciplina o disciplina consciente. Enseñar al soldado a utilizar su libertad para decidirse por el bien».
5.- Que la renovación de los mandos de las Fuerzas Armadas para la administración de una nueva fuerza militar en un Estado de Derecho y Democrático sigue siendo una tarea pendiente. Requerimos de cuadros que tengan una convicción en el ser y el hacer respecto al apego democrático y los valores universales de los derechos de las personas, así como la responsabilidad en la obediencia y uso del mando. Debemos tener en cuenta que no sólo los subtenientes del ’73 son los generales de hoy, sino que los subtenientes de 1986 y de 1988 serán los generales de la próxima década. Esos subtenientes que se formaron en una institución que idolatró al dictador, que continuaron desapareciendo y asesinando personas hasta 1988, que estuvieron a punto de desconocer el resultado del plebiscito de 1988, en alguna forma moldeó a estos jóvenes. Es entonces legítimo preguntarse por el impacto que ello tendrá en ese futuro Alto Mando.
6.- Que el ejercicio del gobierno no pasa sólo por administrar los consensos al interior de la nación, sino que también abordar estratégicamente los puntos críticos que tensionan la democracia. Es una convicción mayoritaria de los actores políticos chilenos la existencia de fuerzas armadas, pero no de aquellas que se sientan tributarias del golpe militar ni de sus simbólicos comandantes en Jefe que se instalaron en la Junta Militar. Por lo tanto, abordar estas instituciones castrenses hoy día no sólo pasa por elementos profesionales y materiales sintetizados en la modernización, sino que principalmente por una reposición legítima de sus funciones en un marco de paz, apego a la democracia, plena integración con la sociedad. En este sentido es que apelamos al rol del gobierno en la selección de los cuadros y la dirección sobre la institución, incluso con un celo y transparencia por sobre lo habitual. Aquí no caben aspectos de negociación con un órgano dependiente del Estado, sino la más absoluta subordinación al poder político civil, así como la responsabilidad del gobierno en estos casos. Es impresentable el equívoco de información (según algunos se sabía, según el actual ministro no) para aquellos que tienen la misión y, supuestamente, la capacidad en la toma de decisiones tan trascendentales.
Estamos frente a una nueva oportunidad de aprender de nuestras experiencias, incluso el propio General Santelices. Termino con otra frase suya: «El nunca más -que se refiere a las violaciones de los derechos humanos durante la historia de Chile- debe ser internalizado en el estudio y la preparación ética del quehacer militar, de tal forma que todos cuenten con una formación integral que los lleve al respeto de las personas, no solo de acuerdo al cumplimiento de la ley, sino que por convicción personal, el «deber ser» de la profesión militar».
*Las citas corresponden a la obra del General Santelices titulada «La profesión militar; algo más prepararse para la Guerra», Biblioteca del Oficial.
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Carlos Gutiérrez P. Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile)
