El clima político nacional se ha polarizado de manera imprevista en torno a la posibilidad de cambio, o al menos flexibilización, del sistema electoral binominal, para permitir el ingreso del PC y otras fuerzas extraparlamentarias al Congreso Nacional.
El tema, tan antiguo como la recuperación democrática de 1990, ha adquirido inusitada importancia frente a las próximas elecciones municipales por dos razones obvias. Ellas son una especie de barómetro inicial de las presidenciales y parlamentarias del 2009, las que demandan hoy más que nunca una ingeniería electoral fina, y por el marcado desorden político generado por el desprendimiento de adherentes en el centro del espectro, especialmente de la Democracia Cristiana.
El tema ha adquirido un carácter odioso para la democracia, y es un elemento que resta legitimidad al sistema político. Esto debido a que empuja a sectores importantes de la población hacia afuera de las reglas del juego democrático, a una acción de agitación social en las calles, como única manera de participar políticamente.
Por otra parte, las matemáticas simples del binominalismo han generado un casi inexpugnable poder burocrático de los partidos políticos, sobre todo en la designación de los candidatos a parlamentarios, lo que prácticamente le ha restado toda competitividad a las elecciones.
Todo esto conlleva una lesión enorme para la representación política ciudadana, por una doble vía. Primera, haciendo inviable el voto de las minorías para elegir representantes. Segunda, generando una interfase burocrática ilegítima entre el candidato y el voto ciudadano.
El sistema ha funcionado de manera continua con un porcentaje de entre el 8 y el 12% del electorado inscrito fuera de toda opción de representación; y con un elenco de parlamentarios mayoritariamente cooptados o resueltos en las secretarías políticas de oposición y gobierno.
Tal situación, que obviamente favorece a los que están en el parlamento, hace pensar que la lentitud en resolver el problema no es enteramente imputable a la actitud de la oposición política, sino también a las reticencias de muchos parlamentarios de la propia Concertación, lo que ha inhibido una acción más decidida en la materia, como ahora se pretende.
El aumento del número de parlamentarios propuesto por el Gobierno debiera haberse resuelto favorablemente sin muchos problemas, a condición de garantizar, más o menos, la actual ingeniería electoral del parlamento. El problema es que llegó en un momento de desorden político mayor, de amplias perspectivas electorales para la oposición y muy conflictivo para la Democracia Cristiana.
Las cuentas de la oposición, que se quedó sin estrategia clara luego de la destitución de Yasna Provoste, es que la descomposición de la DC es terminal. Y que solo es cuestión de tiempo para que la mayoría de sus militantes – y especialmente de sus votantes- se desplace hacia la centro derecha. La alianza electoral municipal Concertación -PC podría ser el elemento que empuje a parte importante de sus adherentes a dar este paso.
Por lo mismo, y en un escenario donde priman las consideraciones puramente instrumentales, no queda claro cuál sería el beneficio de la derecha si viabiliza la reforma. En cambio, y tal parece ser la reflexión de los presidentes de los partidos UDI y RN, una oposición al proyecto crea las condiciones para que la Concertación gane las municipales en su pacto de omisiones con el PC, pero pierda las presidenciales por la desafección de parte del electorado DC.
El control de la actual directiva DC es puramente burocrático, y el proceso erosivo iniciado con la salida de Adolfo Zaldívar ya tiene a la candidatura de Soledad Alvear en el suelo, dicen en la derecha. Ahora solo es cuestión de tiempo y finura política para componer la mayoría electoral que les de el triunfo y permita el desalojo de la Concertación.
El problema, señalan los detractores de esta estrategia en la derecha, entre los que se encuentra Joaquín Lavín, es que la forma como se mueve el actual escenario parlamentario lesiona el principio de las grandes mayorías y el consociativismo que hacía funcionar todo el sistema político. Ello hace que se pierda la noción política de responsabilidad y vayamos derecho a una política de polarización y fragmentación social que dificultaría enormemente un gobierno de la Alianza. No está lejos la frase de Ricardo Lagos en su último Mensaje Presidencial, de que el sistema binominal terminaría matando el actual sistema político chileno.
