Acortamiento de carreras, algo más que un tema presupuestario

En medio de las transformaciones del mundo del trabajo —marcadas por la automatización, la IA y la redefinición de trayectorias laborales—nos enfrentamos a revisar la arquitectura de títulos y grados de su sistema universitario. Sin embargo, el debate parece concentrarse en el lugar equivocado.

Reducir esta conversación al pregrado es no comprender el desafío. La formación exige una mirada que articule títulos profesionales, licenciaturas, magísteres y doctorados, permitiendo trayectorias diversas. La orientación de los doctorados debe convivir con rutas hacia la empresa, el sector público y los espacios productivos.

Hace más de una década se intentó avanzar en esta dirección con el Marco de Cualificación Nacional. Fue una oportunidad que no prosperó por una falta de visión sobre el desarrollo del país y la ausencia de una discusión respecto del financiamiento. Mientras la duración de las carreras siga operando como una variable presupuestaria antes que una decisión fundada en criterios formativos, cualquier reforma estará expuesta a fracasos.

Si no se aborda con decisión el financiamiento estructural de las universidades —especialmente de aquellas que cumplen con estándares de excelencia— volveremos a tropezar con la misma piedra. No es posible exigir calidad, investigación avanzada, vinculación con el medio y formación integral sin un compromiso financiero acorde. La discusión sobre títulos y grados no puede separarse de esta.

Se suma una dimensión que se ha tendido a invisibilizar: la realidad de los estudiantes. Una proporción de quienes ingresan al pregrado estudian y trabajan; muchos, además, son madres o padres. La política pública ha evitado reconocer esta condición. No son pocos los estudiantes que, para no perder el beneficio, se ven obligados a ocultar su situación o renunciar a empleos.

Por otra parte, Chile arrastra debilidades en los aprendizajes. La falta de orientaciones, el debilitamiento de los equipos directivos y los problemas de convivencia han generado un escenario complejo. Las universidades han debido asumir responsabilidades—muchas veces sin financiamiento— incorporando programas de nivelación y desarrollo de habilidades.

Los estudios comparados que suelen invocarse para justificar la reducción de la duración de las carreras omiten un dato: en los países donde los programas son más breves, los estudiantes llegan a la educación superior con niveles de aprendizaje más altos. Trasladar ese modelo sin corregir brechas no solo es técnicamente incorrecto, sino irresponsable.

Si, en nombre de la austeridad fiscal —legítima en un contexto de restricciones—, se opta por acortar las carreras sin garantizar una formación sólida, se terminará debilitando uno de los activos del país: su sistema universitario que, con imperfecciones, ha sido reconocido por su calidad y movilidad social.

Son los jóvenes talentosos, provenientes de sectores vulnerables, quienes encuentran en las universidades de excelencia un espacio de nivelación, desarrollo y proyección. Allí se corrigen desigualdades y se abren oportunidades de transformación.

La discusión sobre la arquitectura de títulos y grados no puede seguir postergándose ni simplificándose. Requiere una mirada de Estado, una articulación entre niveles educativos, financiamiento y una comprensión del país que tenemos y que queremos construir.

Chile se juega algo más que la duración de sus carreras. Se juega crecer, innovar, competir; y ofrecer a las generaciones un futuro a la altura de su talento y de sus esfuerzos.