Somos protagonistas de una revolución en la administración del Estado: la Revolución de la Transparencia, pues asistimos a la puesta en marcha de la medida más contundente de la historia en pro de la modernización del aparato estatal chileno, la probidad y el fortalecimiento de los derechos de…
Por Neftalí Carabantes*
La implementación de la Ley de Transparencia representa un paso fundamental en la modernización del Estado. Chile asume uno de los cambios más relevantes en la historia de la gestión pública y junto con ello, alcanza un sitial de privilegio en el contexto mundial, pues se instala a la altura de los países cuyas administraciones públicas son capaces de transparentar y dar cuenta en detalle de su accionar.
El Gobierno fue riguroso y autoexigente en la puesta en marcha de esta ley, pues lo que otros países realizaron en tres o cinco años, Chile lo hizo en sólo ocho meses.
En términos simples, la Ley 20.285 obliga a los órganos públicos a responder, dentro del plazo de 20 días, las solicitudes de información que se formulen por cualquier persona, natural o jurídica. Asimismo obliga a mantener determinada información a disposición permanente de la ciudadanía en sus sitios web.
A objeto de que se pueda fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley precitada, se crea el Consejo para la Transparencia, órgano que podrá imponer duras sanciones a los servicios públicos si se interpone un reclamo por denegar información injustificadamente.
Así, todos los servicios públicos -que quede claro- «todos», debieron implementar un conjunto de acciones para asegurar la correspondiente respuesta a las solicitudes de información que cualquier persona o entidad realice, así como la publicación de información en sus sitios web.
La implementación de esta Ley viene a centrar el foco en la persona, presentándose no sólo como un «Poder Ciudadano», sino también como una herramienta integradora y orientada al desarrollo, mediante la cual todos puedan consultar, utilizar y compartir la información pública. En buenas cuentas, se han optimizado los procesos de gestión y fortalecido la utilización de tecnologías de la información, en pos de alcanzar una administración pública de calidad y al servicio de los 16 millones de chilenos y chilenas. De este modo, al contar con esta nueva ley avanzamos hacia la recuperación y robustecimiento de la confianza en la política, porque el ciudadano será el auditor social.
Una vez más, la Presidenta Bachelet ha hecho predominar el interés superior de Chile, pensando en la próxima generación y no en la próxima elección. De ahí el llamado a utilizar esta ley con responsabilidad y sentido cívico.
Somos protagonistas de una revolución en la administración del Estado: la Revolución de la Transparencia, pues asistimos a la puesta en marcha de la medida más contundente de la historia en pro de la modernización del aparato estatal chileno, la probidad y el fortalecimiento de los derechos de las personas.
Chile a partir de hoy, tiene un Estado más moderno y eficiente, y una administración pública más transparente y accesible.
*Neftalí Carabantes es subsecretario general de Gobierno.
